Un expediente revela que el fiscal del MPA destituido intervino en una causa ajena para obtener dinero en beneficio propio
El expediente señala que el fiscal utilizó herramientas del MPA para intervenir en una causa que no estaba a su cargo y reclamar dinero para sí mismo.
La causa no estaba a su cargo, pero el fiscal utilizó sus accesos al MPA, impulsó una acusación y reclamó dinero como reparación por daño moral.
La Legislatura de Santa Fe destituyó al fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Jorge, Diego Rodríguez y Barros, luego de un proceso disciplinario que comenzó por la denuncia de un supuesto robo de neumáticos y terminó incorporando una serie de acusaciones por el uso irregular de herramientas institucionales, maltrato laboral y abuso de su posición dentro de la Fiscalía.
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Uno de los episodios que tomó especial relevancia en el expediente fue el uso que, según la acusación, a cargo del diputado Marcos Corach, el funcionario hizo del sistema informático del MPA para intervenir en una causa en la que él mismo figuraba como víctima.
Una causa ajena a su oficina en el MPA, pero con un beneficio económico para él
El expediente disciplinario señala que el 3 de octubre de 2025 Rodríguez y Barros ingresó con su usuario al sistema institucional Heimdall y cargó un requerimiento acusatorio y solicitó una audiencia preliminar en una causa que no estaba asignada a su fiscalía, sino al fiscal adjunto Carlos Alberto Zoppegni.
La causa correspondía a una denuncia contra un hombre por amenazas coactivas. Rodríguez y Barros, de acuerdo con la acusación, revestía allí el carácter de presunta víctima o denunciante.
Según el dictamen de la Comisión Bicameral de Acuerdos, el requerimiento incluía una pretensión concreta: una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional para el imputado y una reparación económica de $200.000 por daño moral a favor del propio fiscal.
La Comisión sostuvo que la conducta implicó una afectación del principio de objetividad que debe regir el desempeño de un fiscal y consideró que se utilizaron herramientas institucionales para intervenir en un expediente que no estaba bajo su responsabilidad.
El dato adquiere mayor relevancia porque, según el requerimiento acusatorio, el fiscal no se habría limitado a ingresar y cargar documentación en el sistema. También habría utilizado sus credenciales institucionales para realizar búsquedas sobre la persona que lo había denunciado.
El informe de auditoría informática incorporado al expediente detectó múltiples consultas desde su usuario destinadas a obtener antecedentes penales, domicilios registrados y vehículos a nombre del hombre denunciado.
La acusación sostuvo que se trataba de información sensible y reservada, consultada sin orden judicial y con una finalidad privada: obtener una ventaja en la disputa civil que mantenía con el denunciante.
El caso de las cubiertas que dio origen al expediente
El proceso disciplinario había comenzado por otro episodio. El 8 de septiembre de 2025, Rodríguez y Barros denunció a través del sistema de denuncias online del MPA que le habían sustraído las dos ruedas delanteras de su auto.
Sin embargo, la investigación interna encontró una contradicción central.
De acuerdo con las actuaciones incorporadas al dictamen, durante las horas previas de esa misma jornada el fiscal había manifestado al personal de la Fiscalía, al fiscal Carlos Zoppegni y a integrantes de la Municipalidad de San Jorge que había sufrido la rotura de una cubierta delantera como consecuencia del mal estado de la calle.
La acusación sostuvo que, pese a ello, posteriormente denunció el supuesto robo de las dos ruedas. La hipótesis que dio origen a la investigación disciplinaria fue que la maniobra podía tener como finalidad conseguir que la compañía aseguradora repusiera los neumáticos.
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Ante las sospechas, el MPA realizó una consulta de oficio a la aseguradora, que informó que el caso presentaba indicios de irregularidad. Las actuaciones quedaron en manos del auditor del MPA, Leandro Mai, y posteriormente fueron remitidas a la Legislatura por la gravedad del caso.
En otro episodio, Rodríguez y Barros también fue acusado de haber denunciado ante la aseguradora un supuesto daño en el parabrisas de su vehículo. Según el expediente, informó que el 24 de octubre de 2025, mientras circulaba por la Ruta 13, un objeto arrojado desde otro vehículo había provocado la rotura del parabrisas.
La aseguradora emitió luego una orden para su reemplazo y desembolsó $438.980, aunque la investigación posterior determinó que el daño era anterior a la fecha denunciada. El dictamen consideró que la maniobra habría tenido como finalidad obtener indebidamente la cobertura del seguro, según afirma el dictamen de la Comisión Bicameral de Acuerdos.
Maltrato, hostigamiento y acusaciones de violencia
El expediente no quedó limitado a los dos episodios vinculados con las causas judiciales. Durante el procedimiento también se incorporaron denuncias de trabajadores de la Fiscalía de San Jorge que atribuyeron a Rodríguez y Barros conductas de maltrato laboral, hostigamiento, expresiones de connotación sexual, manifestaciones discriminatorias y actos intimidatorios.
La acusación describió un clima laboral que habría estado marcado por expresiones humillantes, destrato y gestos intimidatorios hacia integrantes de la unidad fiscal.
También se le atribuyeron episodios de violencia física intimidatoria, como golpes contra mobiliario, lanzamiento de expedientes al suelo y portazos deliberados.
El expediente señala además que esas conductas se habrían producido especialmente cuando el fiscal se encontraba a solas con personal femenino.
Entre las situaciones denunciadas aparece también una amenaza vinculada con la continuidad laboral de personal contratado. Según la acusación, Rodríguez y Barros habría advertido: “Si no hacés lo que te digo, te mando el legajo y no trabajás más en ningún lado”.
Un episodio durante una Cámara Gesell
Uno de los hechos incorporados al requerimiento acusatorio ocurrió durante una Cámara Gesell, un procedimiento destinado a proteger a víctimas vulnerables. Según la acusación, mientras se encontraba en la sala de observación junto al juez penal, el defensor público y el equipo técnico, Rodríguez y Barros habría realizado en voz alta un comentario de contenido sexual sobre el cuerpo de una agente que se encontraba trabajando en el procedimiento.
El episodio, siempre según lo consignado en la acusación, habría provocado una situación de angustia para la trabajadora y motivado la intervención del Sindicato de Trabajadores Judiciales.
La Comisión también consideró que los comportamientos atribuidos al funcionario se habrían intensificado luego de que la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Primera Circunscripción comenzara a intervenir en una investigación en la que Rodríguez y Barros aparecía sindicado como presunto responsable.
La acusación sostuvo que, en ese contexto, habría utilizado su posición institucional para condicionar a personas que habían prestado testimonio en investigaciones penales y administrativas.
Luego de la suspensión preventiva
El cuarto bloque de hechos incorporado al expediente refiere a episodios ocurridos después de que el fiscal fuera suspendido preventivamente. Según la acusación, pese a encontrarse formalmente de licencia médica y conocer la decisión de suspenderlo de sus funciones como órgano fiscal, Rodríguez y Barros se presentó en la Fiscalía los días 27 y 28 de noviembre.
La acusación sostiene que durante esas jornadas cambió las cerraduras de la oficina en la que desarrollaba sus funciones. Para la parte acusadora, la maniobra buscaba dificultar el acceso de las autoridades del MPA y conservar el control físico del espacio institucional. También se le atribuyeron conductas indebidas hacia personal policial que cumplía funciones judiciales en San Jorge.
De una denuncia por un supuesto falso robo a la destitución
El expediente terminó reuniendo así cuatro grandes grupos de hechos: la presunta simulación del robo de las cubiertas, el uso del sistema Heimdall para intervenir en una causa en la que el fiscal era víctima y obtener una reparación económica, las denuncias por maltrato y hostigamiento laboral y los episodios vinculados con su conducta después de la suspensión preventiva.
Durante el proceso, Rodríguez y Barros cuestionó además el mecanismo utilizado por la Legislatura y planteó judicialmente que el caso debía tramitar bajo el nuevo sistema de enjuiciamiento previsto por la Constitución provincial.
La Comisión Bicameral de Acuerdos sostuvo, en cambio, que mientras no se sancione la legislación necesaria para implementar ese nuevo esquema continúa vigente el procedimiento disciplinario utilizado.
Con las instancias de acusación y defensa cumplidas, el expediente llegó a la sesión conjunta de ambas cámaras. Los legisladores resolvieron finalmente la destitución de Diego Rodríguez y Barros, quien había sido suspendido preventivamente durante el trámite.
