Seguridad en Santa Fe: cuáles son los puntos centrales del paquete de leyes que Pullaro envió a la Legislatura
El gobierno de Santa Fe formalizó el pasado jueves el ingreso a la Legislatura del paquete de leyes de seguridad que había sido adelantado por AIRE.
El gobierno de la provincia de Santa Fe formalizó el pasado jueves el ingreso a la Legislatura del paquete de leyes de seguridad que había sido adelantado por AIRE.
El gobierno de la provincia de Santa Fe formalizó el pasado jueves el ingreso a la Legislatura del paquete de leyes de seguridad que había sido adelantado por AIRE y que propone una profunda reforma en materia procesal penal, facultades policiales, inteligencia criminal y régimen penitenciario.
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La iniciativa, firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, fue remitida a la Cámara de Diputados bajo el título “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”.
Seguridad en Santa Fe: ingresó a la Legislatura el paquete de leyes de Maximiliano Pullaro
Entre los principales cambios, el proyecto habilita interrogatorios policiales a imputados en situaciones excepcionales sin que la presencia del defensor sea una condición obligatoria. Además, reincorpora la figura de la “declaración informativa” para personas vinculadas a una investigación penal en las primeras etapas del proceso.
La reforma también amplía la posibilidad de avanzar con juicios penales en rebeldía, permitiendo continuar el proceso y dictar sentencia aun cuando el imputado no comparezca, siempre que haya sido debidamente notificado.
Otro de los puntos centrales es la ampliación de facultades para allanamientos sin orden judicial previa. El texto incorpora supuestos vinculados a criminalidad organizada, extorsiones, homicidios y detección de armas de fuego en la vía pública, habilitando procedimientos urgentes por decisión fiscal.
Zonas de intervención policial especial
Además, el proyecto crea las denominadas “zonas de intervención policial especial”, que podrán ser declaradas por el Ministerio de Justicia y Seguridad en áreas con altos índices de violencia o conflictividad. Allí, la Policía podrá establecer controles de acceso, limitar la circulación y demorar personas hasta por 48 horas para verificar identidad, domicilio y motivos de permanencia en la zona.
La iniciativa también incorpora herramientas de inteligencia digital y espionaje electrónico sujetas a autorización judicial. Entre ellas se incluyen intervenciones sobre comunicaciones, extracción de datos de dispositivos, acceso a cuentas de mensajería y monitoreo de redes sociales.
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En paralelo, el Ejecutivo propone un régimen penitenciario agravado para internos sospechados de ordenar delitos desde la cárcel. Las medidas contemplan aislamiento individual extremo, restricción total de visitas físicas y control de correspondencia.
Otro de los capítulos incorpora el “procedimiento por decreto penal”, inspirado en el modelo alemán, para delitos de menor gravedad o contravenciones. El mecanismo permitiría imponer condenas sin juicio oral tradicional, salvo que el acusado solicite revisión posterior.
El paquete también endurece criterios sobre validez probatoria, incorporando excepciones para admitir evidencia obtenida en procedimientos cuestionados cuando existan situaciones de urgencia, buena fe policial o gravedad del delito investigado.
Tal como adelantó AIRE días atrás, el proyecto constituye una de las apuestas centrales del gobierno provincial en materia de seguridad y abre un debate político y jurídico sobre los alcances de las nuevas facultades estatales frente al delito organizado.