El Gobierno provincial elabora un paquete de reformas en seguridad que incluye juicio en rebeldía, ciberpatrullajes y mayores facultades policiales.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe avanza en la elaboración de un paquete de leyes vinculadas a seguridad pública que será enviado próximamente a la Legislatura.
El Gobierno de la provincia de Santa Fe avanza en la elaboración de un paquete de leyes vinculadas a seguridad pública que será enviado próximamente a la Legislatura y que incluye modificaciones procesales, ampliación de facultades policiales y nuevas herramientas para combatir los delitos complejos y el narcotráfico.
La iniciativa se encuentra actualmente en una etapa de diálogo entre funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y legisladores del oficialismo, con el objetivo de consensuar el alcance de una serie de reformas que apuntan a endurecer el abordaje penal y reforzar las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad.
Entre los puntos más relevantes del paquete aparece la posibilidad de que la autoridad policial pueda interrogar al imputado sin la presencia del abogado defensor en situaciones excepcionales.
Según el borrador en análisis, esto podría ocurrir cuando exista “peligro cierto para la integridad física de terceros o para la seguridad colectiva” y el objetivo sería orientar de manera inmediata la investigación.
Otro de los ejes centrales es la habilitación del juicio en rebeldía, mecanismo que permitiría avanzar en procesos judiciales aun cuando el acusado no se presente ante la Justicia. Además, la propuesta contempla que el imputado rebelde deba afrontar el pago de las costas judiciales.
El paquete también incorpora la posibilidad de admitir pruebas que actualmente suelen ser declaradas nulas por la forma en que fueron obtenidas, un punto que genera debate dentro del ámbito jurídico por el eventual impacto sobre las garantías procesales.
LEER MÁS ► Incineraron más de 550 kilos de cocaína en Rafaela valuados en casi 14 millones de dólares
En materia de narcotráfico, una de las iniciativas prevé agilizar el proceso previo al derribo de búnkeres utilizados para la venta de drogas. La propuesta habilita que estos procedimientos puedan concretarse con autorización del fiscal y sin necesidad de una audiencia judicial previa.
A su vez, el Gobierno provincial impulsa un régimen agravado para detenidos considerados de “alto perfil”. En esos casos, se podría prohibir de manera total el régimen de visitas y autorizar únicamente el contacto epistolar.
Otro capítulo del paquete contempla la creación de zonas de intervención policial especial. La medida podría aplicarse cuando en un área geográfica determinada existan altos índices sostenidos de criminalidad, violencia o conflictividad que afecten gravemente la seguridad pública.
En esas zonas, el Ministerio de Justicia y Seguridad tendría facultades para establecer controles de acceso, identificar personas, requisar vehículos y limitar la circulación peatonal y vehicular. También se habilitaría la posibilidad de demorar personas hasta por 24 horas para constatar identidad, domicilio o motivos de circulación en el área intervenida.
LEER MÁS ► La Legislatura dio media sanción a un cambio integral en la justicia contencioso administrativa
El esquema además prevé la realización de allanamientos en los casos legalmente autorizados y la posibilidad de solicitar a la Fiscalía allanamientos generales sobre sectores determinados por razones de seguridad pública o sospecha de delito.
Finalmente, el paquete incorpora herramientas de ciberpatrullaje orientadas a detectar posibles actos delictivos mediante el monitoreo de entornos digitales y redes sociales.
Las iniciativas aún se encuentran en etapa de discusión política y técnica, aunque en el oficialismo aseguran que el objetivo es remitir los proyectos a la Legislatura en las próximas semanas para abrir el debate parlamentario sobre uno de los temas prioritarios de la agenda provincial: la seguridad.
Te puede interesar
Dejá tu comentario