Reforma de seguridad en Santa Fe: qué cambia sobre los allanamientos, los juicios y las cárceles

La norma introduce cambios en el Código Procesal Penal y establece nuevas medidas para fiscales, jueces y el sistema penitenciario de Santa Fe.

La iniciativa del gobierno de Maximiliano Pullaro obtuvo sanción definitiva e introduce modificaciones en la persecución penal y el régimen penitenciario.

La iniciativa del gobierno de Maximiliano Pullaro obtuvo sanción definitiva e introduce modificaciones en la persecución penal y el régimen penitenciario.

El Senado de Santa Fe sancionó definitivamente este jueves la ley de "Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública", una iniciativa impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro que introduce cambios en el sistema de persecución penal, la prevención del delito y el funcionamiento del sistema penitenciario.

La norma modifica el Código Procesal Penal y otras leyes provinciales. Entre sus principales incorporaciones se encuentran los juicios en ausencia, nuevos supuestos de allanamientos sin orden judicial, herramientas para intervenir inmuebles vinculados con actividades ilícitas y un régimen penitenciario agravado. Estos son los principales cambios que establece la ley:

Los principales puntos de la reforma de seguridad:

  • Juicios en ausencia: los tribunales podrán autorizar que un proceso penal avance hasta el dictado de una sentencia sin la presencia del imputado, siempre que se cumplan determinadas condiciones y se garantice su defensa técnica.
  • Declaración informativa: los fiscales podrán convocar a personas vinculadas con un hecho delictivo cuando todavía no existan elementos suficientes para formalizar una imputación. Deberán informarles sus derechos y la posibilidad de contar con un abogado.
  • Allanamientos sin orden judicial: se amplían los supuestos habilitados, entre ellos las investigaciones por homicidios, amenazas y extorsiones vinculadas con criminalidad organizada o conmoción pública, y los casos de presunta acumulación de armas en domicilios.
  • Intervención sobre inmuebles: se habilitan desalojos, restituciones, demoliciones, desmontajes y bloqueos de inmuebles utilizados para actividades ilícitas, con intervención judicial y distintas condiciones de control.
  • Medidas cautelares alternativas: se incorporan restricciones de menor intensidad, como presentaciones periódicas, prohibiciones de acercamiento, limitaciones para salir del país y obligaciones de informar cambios de domicilio.
  • Régimen penitenciario agravado: los internos que representen una amenaza grave para la seguridad pública podrán quedar sujetos a aislamiento individual, suspensión de visitas y comunicaciones y retiro de artículos de entretenimiento. Se garantizan dos horas diarias de patio individual.
  • Inteligencia preventiva: las actividades que afecten sustancialmente la privacidad o intimidad requerirán autorización judicial. Si aparecen indicios de un delito concreto, deberá intervenir el Ministerio Público de la Acusación.
  • Fondo Provincial de Recompensas: se amplían los mecanismos para ofrecer incentivos económicos por información útil para prevenir o esclarecer delitos, identificar responsables y localizar personas buscadas.
  • Procedimiento monitorio: se incorpora una vía para resolver determinados juicios contravencionales mediante una sentencia sin debate oral. El condenado tendrá 60 días para presentar una oposición y acceder a un procedimiento contradictorio.
  • Cambios en la prueba judicial: se establecen modificaciones sobre las exclusiones probatorias y el anticipo jurisdiccional de prueba, además de regular el uso de registros audiovisuales en determinadas circunstancias.
La norma modifica el Código Procesal Penal y otras leyes provinciales.

La norma modifica el Código Procesal Penal y otras leyes provinciales.

Las facultades policiales que quedaron afuera del proyecto original

La versión finalmente sancionada también dejó afuera algunas de las disposiciones más controvertidas del proyecto original que había presentado el gobierno de Maximiliano Pullaro, tras los cambios que introdujo la Cámara de Diputadas y Diputados hace dos semanas. Entre ellas, se encontraba la posibilidad de que la Policía interrogara a personas imputadas cuando existiera un peligro cierto para la integridad física de terceros o la seguridad colectiva. Esa atribución, que había generado cuestionamientos, fue eliminada del texto definitivo.

Tampoco se incorporó la creación de zonas de intervención policial especial, que el Ministerio de Justicia y Seguridad podía declarar en territorios con altos niveles de criminalidad, violencia o conflictividad. El proyecto habilitaba allí controles de acceso, requisas de vehículos, restricciones a la circulación, demoras de hasta 48 horas para identificar personas, interrogatorios y arrestos de hasta 30 días por incumplir las disposiciones. Ninguna de esas facultades quedó incluida en la ley aprobada por la Legislatura.

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