El giro de la reforma de seguridad: la Policía de Santa Fe no tendrá facultades extraordinarias de actuación
El texto aprobado tomó distancia de algunos de los planteos más cuestionados que incluía inicialmente el paquete de reformas en seguridad pública.
La iniciativa conserva buena parte de las herramientas procesales y penitenciarias impulsadas por el Gobierno, pero deja afuera las atribuciones policiales más cuestionadas.
El proyecto de reformas de seguridad que impulsa el gobierno de Maximiliano Pullaro llegó a la Cámara de Diputadas y Diputados con una propuesta que buscaba ampliar las facultades de actuación de la Policía de Santa Fe, entre otras cuestiones. Sin embargo, el texto que obtuvo media sanción este jueves tomó otro rumbo: dejó afuera las herramientas extraordinarias que el Ejecutivo había previsto para las fuerzas de seguridad.
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Con 37 votos afirmativos y 11 negativos, la Cámara baja eliminó los dos mecanismos que habían concentrado las principales objeciones institucionales: la posibilidad de que la Policía interrogara a personas en el marco de una investigación penal y la creación de zonas de intervención policial especial. La discusión tuvo una extensión poco habitual, con más de 15 legisladores que expusieron sus posiciones.
Ambas disposiciones habían sido cuestionadas por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el Ministerio Público de la Defensa y colegios de abogados, que advirtieron sobre posibles problemas de constitucionalidad.
Las facultades policiales que quedaron afuera
La diferencia más contundente entre las dos versiones está en las atribuciones que el Poder Ejecutivo pretendía incorporar para la Policía. El proyecto original habilitaba a los efectivos a interrogar a personas imputadas cuando existiera peligro cierto para la integridad física de terceros o la seguridad colectiva. Esa posibilidad fue eliminada por completo.
También se descartó la creación de zonas de intervención policial especial, que el Ministerio de Justicia y Seguridad podía declarar en territorios con altos indicadores de criminalidad, violencia o conflictividad. Dentro de esas áreas, la Policía habría podido establecer controles de acceso, requisar vehículos, restringir la circulación, realizar demoras de hasta 48 horas para identificar personas e interrogar sospechosos en la vía pública o en dependencias policiales. El proyecto también contemplaba arrestos de hasta 30 días para quienes incumplieran las disposiciones de esas zonas. Ninguna de esas herramientas quedó en el texto aprobado.
Las reformas que sí incluye la ley
- Allanamientos sin orden judicial: amplía de siete a nueve los supuestos habilitados. Para los últimos cinco, establece un control judicial de oficio dentro de las 24 horas posteriores al procedimiento.
- Juicios en rebeldía: mantiene la posibilidad de juzgar a imputados que no pueden ser localizados, pero exige acreditar que conocían las citaciones y que se hicieron esfuerzos razonables para encontrarlos. La defensa podrá ofrecer pruebas y solicitar la revisión del juicio si el acusado aparece.
- Régimen penitenciario: habilita restricciones especiales para detenidos que hayan realizado actos que representen una amenaza grave para la seguridad pública. Incluye aislamiento individual, dos horas de patio por día y limitaciones en visitas y comunicaciones, con control judicial.
- Medidas cautelares: incorpora herramientas alternativas a la prisión preventiva, como presentaciones periódicas, restricciones de acercamiento y controles de residencia.
- Participación de las víctimas: amplía la intervención de víctimas y querellantes en determinadas instancias del proceso penal.
- Producción de pruebas: regula la incorporación anticipada de testimonios y establece excepciones para excluir pruebas obtenidas ilegalmente.
- Procedimiento monitorio: incorpora un mecanismo para resolver determinadas contravenciones, con un plazo de 60 días para que la persona condenada pueda oponerse y solicitar un debate ante otro juez.
- Inteligencia: establece que las actividades que afecten la privacidad deberán contar con autorización judicial y tener fines estrictamente preventivos. Si aparece evidencia de un delito, deberá comunicarse al MPA.
- Recuperación de inmuebles: mantiene herramientas para recuperar e inactivar propiedades vinculadas con ocupaciones ilegales o situaciones de riesgo.
- Fondo Provincial de Recompensas: conserva este instrumento e incorpora mayores controles sobre su utilización.
Las diferentes posturas detrás de la "reforma a las reformas"
El debate expuso diferencias dentro del propio oficialismo sobre el proyecto original y el alcance de las modificaciones. La diputada socialista Lionella Cattalini cuestionó las declaraciones de funcionarios del Ejecutivo durante la discusión: “Muchos se olvidaron del ordenamiento jurídico, quisieron ponernos en la disyuntiva entre pensar igual o estar a favor del delito, y eso no lo vamos a permitir”. En ese sentido, sostuvo que “se puede perseguir el delito defendiendo la Constitución y la ley”.
Joaquín Blanco, también del socialismo, cuestionó el texto que había enviado originalmente el Ejecutivo y destacó los cambios introducidos durante el tratamiento legislativo. “El mensaje del Ejecutivo era una mala ley y lo habíamos planteado hace meses, la fundamentación incluso no era buena, hicimos un esfuerzo extraordinario para mejorar la ley”, afirmó. Y agregó: “Esta ley es mejor porque hay menos riesgo de declaración de inconstitucionalidad".
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Desde el radicalismo, Martín Rosúa, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, defendió el resultado del trabajo legislativo. Sostuvo que el proyecto aprobado busca dotar al sistema provincial de persecución penal y seguridad de instrumentos para intervenir frente a la criminalidad organizada, la violencia urbana y la continuidad de actividades delictivas desde las cárceles. Además, remarcó que se mantiene el objetivo de fortalecer la prevención, la investigación y la protección de las víctimas, con medidas sujetas a control.
Lucila De Ponti cuestionó tanto el proyecto original como el texto finalmente aprobado. La diputada peronista sostuvo que “la ley original era desastrosa, no cumplía con la Constitución e iba a ser poco eficiente para perseguir a las organizaciones delictivas” y advirtió que la nueva versión todavía presenta tensiones constitucionales.
Por su parte, Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, consideró que las leyes de seguridad votadas representan “un retroceso democrático y de control social” y justificó el voto negativo de su bloque, aunque reconoció los esfuerzos realizados para morigerar el proyecto original.
Ahora, define el Senado de Santa Fe
Con la media sanción de Diputadas y Diputados, la pelota ahora está en los pies del Senado, que deberá debatir el proyecto y definir si respalda los cambios introducidos por la Cámara baja.
El proyecto obtuvo 37 votos afirmativos y 11 negativos. Acompañaron Unidos, bloques aliados, Somos Vida, Vida y Familia, Inspirar y la diputada justicialista Alejandra Rodenas, entre otros. En contra votaron los representantes del Frente Amplio por la Soberanía y casi la totalidad del bloque Justicialista.
