El laberinto de la Justicia de Santa Fe y sus influencias que pone a los fiscales en el foco
Exfiscales detenidos y otros sancionados dejan al descubierto los problemas para la selección de los funcionarios.
Patricio Serjal, Cristina Ferraro, Mariano Ríos Artacho y Diego Gustavo Rodríguez y Barros, cuatro de los fiscales y exfiscales que quedaron bajo la lupa por distintas causas en Santa Fe.
Hay una escena que resume el estado de la Justicia en Santa Fe, y no ocurre en un tribunal sino en la Legislatura. Este jueves, diputados y senadores sesionaron en conjunto para destituir a un fiscal de San Jorge acusado de una maniobra menor pero reveladora: simular el robo de dos neumáticos de su propio auto para que el seguro se los repusiera. La escena se completa con lo que había pasado apenas 24 horas antes: la detención del exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho, de 42 años, en un operativo de la Policía Federal con quince allanamientos en Rosario y Córdoba y nueve arrestos, por presuntas maniobras con fondos de cuentas judiciales de causas tramitadas entre 2017 y 2024.
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Ríos Artacho ya venía marcado: había renunciado al MPA en junio de 2024, tras una sanción legislativa por entregar de manera irregular un Mercedes-Benz secuestrado a un comisario que después terminó detenido por abuso sexual. Con la remoción del fiscal de San Jorge, ya son diez los fiscales o exfiscales del Ministerio Público de la Acusación denunciados, imputados o condenados desde que el organismo se puso en marcha, hace nueve años. Cuatro estuvieron presos. La propia Fiscalía General lo admitió en su Informe de Gestión 2025: investigaciones penales contra fiscales, dos renuncias en medio de causas, tres remociones de funcionarios luego condenados, cuatro suspensiones legislativas.
Diez fiscales cuestionados en menos de una década no es un accidente estadístico: es la consecuencia lógica de un sistema de selección que, demasiadas veces, premió la lealtad política por encima de la idoneidad. El MPA nació con la promesa de profesionalizar la persecución penal y terminó reproduciendo la vieja lógica del acomodo. Cuando el criterio para designar a quien debe investigar el delito es la pertenencia a un espacio de poder, el resultado no puede sorprender: se investiga a quien conviene y se protege a quien corresponde. Un resultado obvio es que no hay causas de peso sobre tramas de corrupción, excepto la de juego clandestino, que generó tensiones internas que convirtieron al Ministerio Público en una hoguera de vanidades.
Patricio Serjal, exfiscal regional de Rosario, fue sentenciado a nueve años de prisión por integrar el esquema de protección al empresario del juego clandestino, Leonardo Peiti. Serjal fue designado durante la gestión de Miguel Lifschitz para aportar soluciones a causas que podrían complicar a imputados que salían del molde, como empresarios y profesionales que en la terraza de la torre Aqualina empezaron la aventura de lo que se llamó la megaestafa inmobiliaria. Uno de los pocos que cayó en desgracia fue alguien que no pertenecía a ese círculo, como Leandro Pérez, quien esta semana fue procesado por lavado de dinero en el fuero federal.
La Cámara de Apelación en lo Penal ratificó en julio la condena contra Serjal. En la misma trama cayó Gustavo Ponce Asahad, el fiscal adjunto que colaboró con la Justicia. Fiscales que, en lugar de perseguir el negocio ilegal, cobraron para garantizar que ese negocio siguiera funcionando. Otros nombres de la lista de diez llegaron por causas distintas —narcotráfico, irregularidades patrimoniales, encubrimiento, escuchas ilegales—, pero todos comparten el mismo origen: un sistema que eligió mal a quienes debían investigar el delito.
El problema no es una anomalía rosarina: recorre toda la provincia. En la propia ciudad de Santa Fe, el caso Oldani dejó otra fiscal en el banquillo. Cristina Ferraro, que intervino en la investigación por el asesinato del financista Hugo Oldani en 2020, fue suspendida y llevada a juicio acusada de encubrimiento agravado y abuso de autoridad: según la acusación, permitió que personas allegadas a la víctima retiraran dinero y documentación de la escena del crimen horas después del homicidio, en una causa que en la capital provincial terminó bautizada como "la mafia de los fiscales".
Más acá en el tiempo, el geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte —que salió a la luz recién con un incendio, en julio de este año— puso bajo la lupa de la Auditoría del MPA a los fiscales Roberto Olcese y Manuel Cecchini, sospechados de haber archivado sin trámite las denuncias que familiares de los internos habían presentado meses antes por hacinamiento, maltrato y retención de documentos y haberes jubilatorios de adultos mayores. En un caso, el favor fue dejar salir el dinero; en el otro, dejar dormir la denuncia. La misma economía de siempre: lo que se administra no es justicia, es conveniencia.
Acá aparece la primera paradoja santafesina, la que vuelve grotesco el sistema disciplinario. La Legislatura es la que destituye a los fiscales. Y en esa misma Legislatura tiene su banca Armando Traferri, senador por el departamento San Lorenzo, imputado como uno de los tres organizadores de la asociación ilícita del juego clandestino, la "pata política" de la estructura que la Justicia describió con Peiti y Serjal. Es decir: uno de los sospechados de encabezar la trama forma parte del cuerpo que juzga la conducta de los funcionarios que cayeron por esa misma trama.
En 2020, cuando los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieron su desafuero, el Senado lo blindó. Recién años después, corridos ya aquellos fiscales, el propio senador pidió su desafuero, cuando el tablero le era favorable. Hoy, lejos de estar en repliegue, anticipó que "en un 90 por ciento" competirá en 2027 por un nuevo mandato, negocia alianzas y mueve fichas para incidir en la candidatura peronista a la gobernación. La causa que lo tiene imputado avanza; su poder territorial, también.
Y el reciente fallo que confirmó la condena de Serjal le dejó, encima, una ventaja. Los camaristas Ismael Manfrín y Carolina Hernández ratificaron la asociación ilícita por mayoría, pero para hacerlo tuvieron que despojar a la sentencia original de toda la arquitectura construida alrededor de Traferri, un tercero que no fue juzgado en ese expediente y no pudo defenderse. El presidente del tribunal, Javier Beltramone, fue más lejos en disidencia: sostuvo que sin esa arquitectura el delito ni siquiera se probaba. Por unanimidad, los tres jueces resolvieron que las valoraciones sobre terceros ajenos al juicio no tienen valor de cosa juzgada. Traducido: cuando Traferri llegue a juicio, la acusación deberá construir su responsabilidad desde cero. La condena a Serjal, que debería haberlo complicado, terminó aligerándole la mochila.
La segunda pata de esta radiografía está en el fuero federal, y confirma que la corrupción judicial santafesina tiene un método antes que una anécdota. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó auditar los Juzgados Federales N° 3 y N° 4 ante la sospecha de que hay unas 8.000 causas paralizadas: expedientes anteriores a mayo de 2024, algunos iniciados en 2020, que nunca fueron comunicados a los fiscales y arrastran hasta seis años de demora. El dato más elocuente no es la cifra, sino cómo se supo: el tribunal que ejerce la superintendencia se enteró de lo que pasaba bajo su órbita porque los fiscales avisaron que recibían expedientes de otra era procesal. La vigilancia funcionó al revés. El controlado le informó al controlante.
Que uno de esos juzgados sea el N° 4 no es un detalle. Es el que ocupó Marcelo Bailaque, hoy con prisión preventiva, renuncia aceptada e imputado por tres delitos de corrupción. Bailaque es el paradigma de la mutación que conviene nombrar con precisión: no fue un juez lento, fue un juez que hizo de la lentitud un producto. Le vendía tiempo al narcotraficante Esteban Alvarado. Cada mes que una causa dormía en un cajón era un mes de libertad y de negocios para el investigado, y ese lapso tenía un precio. La demora no era un defecto del expediente: era la mercancía.
Sobre el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Carlos Vera Barros, también se detectaron expedientes sin movimiento, y el juez Gastón Salmain —con pedido de prisión preventiva y camino a la destitución— engrosa la lista de magistrados bajo sospecha. El circuito es viejo y conocido: la denuncia por evasión que llega, las primeras medidas de rigor y después el silencio, hasta que la causa prescribe. La prescripción como servicio. Un mercado donde la moneda es la demora y el bien que se comercia es la impunidad.
Ahí está la hipótesis que unifica los tres frentes —los diez fiscales, el senador imputado que sanciona, los 8.000 expedientes dormidos—. Una cosa es un sistema colapsado que no da abasto; otra, muy distinta, es un sistema que aprendió a usar su propia lentitud como herramienta de negociación. La demora, cuando se repite, se selecciona y beneficia siempre a los mismos, deja de ser un defecto para convertirse en un método.
La auditoría de los 8.000 expedientes deberá distinguir cuánto responde a errores de registro y cuánto a maniobras deliberadas. Pero la sola necesidad de auditar ya dice bastante. Como reconoció una fuente del propio fuero, la Cámara "siempre vio el desastre que eran los juzgados antes del acusatorio", pero primó el espíritu corporativo y no se hizo nada. El sistema acusatorio, con sus audiencias públicas, vino a iluminar lo que la instrucción escrita mantenía en penumbras. La invisibilidad del trámite era, precisamente, la condición de posibilidad del negocio.
Hay un hilo que atraviesa las dos justicias y que conviene no perder de vista: la selección de quienes deben perseguir el delito y la selección de qué delitos se persiguen obedecen, en el fondo, a la misma lógica de conveniencia. Un MPA que designó fiscales por afinidad política no está tan lejos de un fuero federal que decidió, expediente por expediente, cuáles causas avanzaban y cuáles dormían. En ambos casos, la decisión sobre quién queda adentro y quién queda afuera del alcance de la ley no la tomó la ley, sino el poder. Esa es la enfermedad de fondo, y ninguna auditoría ni ninguna destitución aislada la cura: la cura empieza el día en que designar y perseguir dejen de ser favores.
