Asilo clandestino: dos fiscales del MPA sabían de la situación tres meses antes, pero no investigaron
La hija de un hombre alojado en el asilo clandestino de barrio Nuevo Horizonte había denunciado la situación en el MPA. Ahora, hay investigaciones internas.
Siete personas permanecían en condiciones deplorables en un asilo clandestino que funcionaba en barrio Nuevo Horizonte, de la ciudad de Santa Fe.
22 de abril, 23 de abril y 15 de mayo de este año: en esas fechas, dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) recibieron denuncias sobre las deplorables condiciones en que personas mayores se encontraban alojadas en un asilo clandestino de barrio Nuevo Horizonte, de la ciudad de Santa Fe, pero no tomaron ninguna medida.
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Se trata de los fiscales Roberto Olcese y Manuel Cecchini. Los mismos que en estos momentos investigan —ahora sí— lo sucedido en este geriátrico, mientras ellos mismos se encuentran bajo la lupa de la Auditoría General de Gestión del MPA, por no haber actuado cuando recibieron las primeras denuncias.
Fue un pedido de ayuda desesperado: durante la mañana del 29 de julio pasado, una de las personas alojadas en un geriátrico clandestino que funcionaba en barrio Nuevo Horizonte decidió prender fuego un colchón, para llamar la atención y, de esa manera, denunciar las deplorables condiciones que sufrían en ese lugar.
Se ordenó la aprehensión de quien en ese momento estaba a cargo del lugar y se pidió la detención de la supuesta responsable, María Laura Milia, quien durante una semana se mantuvo prófuga de la Justicia.
Las siete personas alojadas en esta casa, de calle Gollán al 10.100, fueron rescatadas y trasladadas al refugio municipal Casa Beata Clara Bosatta.
¿Nadie sabía lo que pasaba en el asilo clandestino?
A tres semanas de este desenlace, surge una pregunta clave: ¿ningún organismo del Estado sabía lo que estaba ocurriendo en esta casa de barrio Nuevo Horizonte?
La respuesta a este interrogante es que sí existieron denuncias previas, pero no hubo respuestas a tiempo.
El 22 de abril de este año -tres meses antes de que la situación tomara estado público-, la hija de uno de los internos de este asilo clandestino se presentó en el Centro Territorial de Denuncias que funciona en calle Las Heras 2883 de esta ciudad, para advertir sobre todo lo que estaba sucediendo en esa casa.
La denuncia quedó registrada con el número D-0100500311-0140520-20260422-1 y, en su exposición, describió la situación en que se encontraban los adultos mayores, la retención de los documentos y tarjetas de débito por parte de la sospechosa -que hoy permanece detenida-.
Incluso, en ese momento dio el nombre de una asistente social, que opera en el Hospital Protomédico, quien derivó al padre de la denunciante a este asilo clandestino.
Los Centros Territoriales de Denuncias dependen del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Sin embargo, fuentes consultadas en dicho Ministerio, aclararon a AIRE que en el preciso momento en que una persona deja asentada su denuncia, la misma llega a manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que, en caso de ser necesario, se inicie una investigación.
Efectivamente, quien recibió la primera denuncia a través de un correo electrónico fue el fiscal Roberto Olcese. Y, al día siguiente, la misma denunciante se presentó para ampliar su exposición con más detalles.
¿Qué hizo Olcese?: archivó la ampliación de la denuncia, sin investigar la denuncia original.
Al no tener respuestas y luego de acudir a la Defensoría del Pueblo para pedir asesoramiento, el 15 de mayo la denunciante volvió al mismo Centro Territorial para insistir en su reclamo. Esta vez, con nuevos elementos de prueba, como la carta de puño y letra de otro de los internos del asilo clandestino, que clamaba por ayuda.
En esta ocasión, la denuncia impactó en la casilla de correos electrónicos del fiscal Manuel Cecchini, quien tampoco realizó ninguna investigación sobre el caso.
Tanto el 22 de abril, el 23 de abril y el 15 de mayo; la denunciante puso a disposición de la Justicia fotografías, conversaciones de Whatsapp, notas presentadas ante la Superintendencia de Salud e, incluso, la carta escrita por uno de los internos del hogar clandestino, en la que pedía ser rescatado.
Sin embargo, nadie investigó hasta que la situación del asilo se hizo pública el 29 de julio, luego de que uno de los internos decidiera prender fuego un colchón para llamar la atención y pedir ayuda.
Asilo clandestino: la primera denuncia del 22 de abril
Durante la tarde del 22 de abril de este año, Daniela R. D., hija de uno de los internos alojados en el geriátrico clandestino, se presentó en el Centro Territorial de Denuncias de calle Las Heras, en Santa Fe, para denunciar la situación del lugar.
Ese día dejó asentado que la supuesta responsable del asilo, María Laura Milia, retiraba el dinero de la pensión que su padre cobraba en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, a pesar del pedido de la familia para que dejara de hacerlo.
Según consta en la denuncia, en junio de 2025 este hombre -que padece Parkinson- fue ingresado al Hospital Iturraspe, luego de sufrir una descompostura.
Daniela R. D. aseguró que inmediatamente fueron con su madre al hospital, y acompañaron a su papá durante cuatro días.
En la denuncia afirma que, en un momento determinado, llegaron al Iturraspe y se encontraron con que este hombre ya no estaba en el hospital.
Les preguntaron a las enfermeras, buscaron en el sistema y constataron que "sin previa consulta, ni aviso", había sido trasladado al Protomédico de Recreo.
"Esto nos preocupó y enojó, ya que nos parecía demasiado extraño que fuera trasladado sin al menos avisarnos a nosotras, ya que ellos estaban al tanto de que éramos familiares", dijo Daniela en su denuncia.
Fueron a visitarlo durante una semana al Protomédico, hasta que Daniela mantuvo una reunión con la asistente social Noel G.
Según la denuncia, Daniela le explicó que no estaba en condiciones de cuidar a su padre, por ser estudiante sin ingresos propios, aunque se ofreció a ayudarlo con la medicación, el tratamiento, contención, alimentos y vestimenta, con la ayuda de su madre.
Daniela afirmó que esta asistente social le indicó que su padre debía ser trasladado a un "centro/vivienda", bajo el cuidado de otras personas, y le recomendó a una "referente" llamada María Laura.
Primero, este hombre fue alojado en una casa en Salvador del Carril 2037, a metros de la Comisaría 5. Luego, lo trasladaron al hogar de barrio Nuevo Horizonte, ubicado en calle C. José Gollán 10151.
La denunciante dejó asentado que la misma asistente social, por Whatsapp, le dijo que, para que este hombre pudiera ser trasladado al hogar, antes debían otorgarle a María Laura Milia el DNI, la tarjeta de cobro de la pensión de Anses y el PIN de la tarjeta de débito, "lo cual me pareció extraño e irregular".
En la denuncia, Daniela dijo que terminó accediendo a estas condiciones, por temor a que su padre permaneciera "demasiado tiempo en el Protomédico".
Entonces, se le informó que "la denunciada cobraría la pensión" de su padre todos los meses, "para cubrir los gastos por tenerlo bajo su cuidado".
Uno de los párrafos de la denuncia del 22 de abril, describe la situación que atravesaban los internos de este asilo clandestino: "En ese lugar tienen en pésimas condiciones a los adultos mayores y personas que cuidan, los hacen pasar hambre, no los atienden médicamente, los tienen abandonados, sucios... Mi papá perdió muchísimo peso desde que está allí... Él mismo nos ha contado que no les dan de comer, que no le dan su medicación, lloraba al contarnos eso, a pesar de que la denunciada se encargaba de cobrar mes a mes la pensión de mi papá para cubrir estos gastos".
"En una ocasión -dijo Daniela- mi mamá fue y vio que había un señor acostado en el piso del patio, en un rincón, que pedía ayuda para que lo viera un médico, porque no lo atendían".
Daniela afirmó en el Centro de Denuncias que María Laura Milia alegaba tener un documento que la facultaba para encargarse del cuidado de este hombre: "Un certificado de la Anses, supuestamente con la firma de mi padre, la cual dudo que haya sido hecha por él mismo, porque toda la situación me pareció siempre irregular".
"No sé qué hacen con el dinero que cobran por la pensión de mi padre... En ese hogar no se garantizan las mínimas condiciones de higiene, alimentación y movilidad, ni apoyo emocional. No cuenta con recursos humanos, como enfermero o médico", denunció.
Daniela aseguró que intentaba, infructuosamente, rescatar a su padre de este asilo clandestino: "Yo estoy a la espera de que mi papá pueda ser retirado de ahí, pero la denunciada no nos deja", y explicó que estaban en tratativas con Pami para alojarlo en otro sitio, aunque existían demoras de entre seis meses y un año.
"Cada vez que le pedimos que nos devuelva la tarjeta de cobro de mi papá, la denunciada nos ignora y se niega", dijo Daniela en el Centro de Denuncias.
Al día siguiente, Daniela se presentó para ampliar su denuncia, con más detalles; pero el fiscal Olcese decidió archivar el caso.
Segunda denuncia: 45 días antes del incendio en el asilo
Sin ningún tipo de respuestas desde el MPA luego de la primera denuncia, el 15 de mayo Daniela R. D. volvió al mismo Centro Territorial para dejar asentado que se mantenían las mismas condiciones de alojamiento para los internos de este asilo clandestino.
En esta segunda denuncia explicó que, una semana antes -7 de mayo-, visitó a su padre, junto a su madre, porque era su cumpleaños.
Se reunieron en una estación de servicio, y él les contó que seguían las "pésimas condiciones", que había 11 personas alojadas, "ninguna de ellas recibe atenciones médicas ni alimentación...".
Y además, dejó asentado que en esa ocasión su padre les entregó una carta de otro de los internos, y que esa carta decía lo siguiente: "La situación es cada vez más insostenible, la falta de asistencia médica y medicamentos es total. Hacé lo posible para sacarme. La ceguera me está avanzando en cuestión de semanas o días. Tengo que hacer un testamento para evitar que esta lacra criminal herede todos mis bienes aquí".
"La hambruna avanza, la incautación es total. El ensañamiento y abuso también. A los ancianos se los agrede física y mentalmente... Tenés que denunciar en la Policía o al MPA, comunicate con la abogada Paula N.", agregaba esa nota.
En la ampliación de su primera denuncias, Daniela mencionó a Paola M., "asistente social de Adultos Mayores de la Municipalidad", quien la llamó telefónicamente para decirle que dejara de reclamar el DNI y la tarjeta de su padre porque, de no hacerlo, ella la denunciaría "por abandono de persona".
En estos momentos, los mismos fiscales bajo la lupa interna desde el MPA por no haber actuado cuando recibieron las primeras denuncias, están a cargo del caso.
El asilo clandestino, finalmente, fue clausurado; y María Laura Milia, sigue en prisión.
