Ordenan una auditoría en dos juzgados federales de Rosario ante la sospecha de que hay unas 8.000 causas paralizadas

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario firmó el 1 de septiembre un oficio que, bajo el lenguaje administrativo de las acordadas y las estadísticas, deja al descubierto una fractura profunda en el corazón de la Justicia Federal de la ciudad.

Intimación judicial y la sospecha de 8.000 causas paralizadas

El presidente del tribunal, Aníbal Pineda, intimó a los secretarios de los Juzgados Federales N° 3 y N° 4 a explicar en 48 horas los criterios con que elaboraron sus estadísticas y a revisarlas conforme a las pautas de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura. El detonante es una disparidad —así la nombra el documento— entre lo que informaron los juzgados el 31 de agosto y lo que comunicó el Ministerio Público Fiscal. La sospecha es que hay unas 8.000 causas paralizadas.

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Detrás de esa "disparidad advertida" late la revelación de que en los dos juzgados federales de primera instancia de Rosario se acumulan miles de causas penales que nunca fueron comunicadas a los fiscales y que, por lo tanto, permanecieron paralizadas. Son expedientes anteriores a mayo de 2024, cuando entró en vigencia el sistema acusatorio con audiencias orales y públicas. Recién ahora las fiscalías fueron notificadas de su existencia, algunas iniciadas en 2020, con hechos que arrastran hasta seis años de demora. En términos penales, ese tiempo transcurrido es una condena anticipada a la impunidad: investigar delitos con esa antigüedad es, muchas veces, escribir sobre agua.

Pullaro habló de responsabilidad funcional y advirtió que lo ocurrido en la Justicia Federal santafesina durante años fue grave.

Maiquel Torcatt / Aire Digital

El propio oficio ilustra la magnitud del desconcierto institucional. La Cámara pide al MPF que remita un listado de las 1180 causas informadas, con identificación de carátula y número de FRO, para cotejarlas "individualmente" con los registros de los juzgados 3 y 4. La cifra convive, en tensión, con las más de ocho mil causas que la Procuración General de la Nación instaló en la agenda pública.

Esa distancia entre lo que se admite en el papel y lo que se sospecha en los pasillos es, en sí misma, un síntoma. El tribunal que ejerce la superintendencia sobre los juzgados de primera instancia se enteró de lo que ocurría bajo su órbita porque los fiscales avisaron que estaban recibiendo expedientes de otra era procesal. La vigilancia funcionó al revés: el controlado le informó al controlante.

La advertencia de Pullaro y el tiempo como mercancía

El gobernador Maximiliano Pullaro habló de responsabilidad funcional y advirtió que lo ocurrido en la Justicia Federal santafesina durante años fue grave. Fue más allá cuando recordó que él mismo denunció al entonces juez Marcelo Bailaque en 2012 y sostuvo que el castigo a Rosario "no fue gratis" ni casual, sino intencional. El núcleo de esta historia no es la ineficiencia de una burocracia desbordada, sino la sospecha fundada de que la parálisis fue, en muchos casos, una decisión.

Ahí es donde la estadística se vuelve política criminal. La lentitud de un juzgado puede ser producto de la falta de recursos, del volumen de trabajo o de la desidia. Pero cuando la demora se repite, se selecciona y beneficia a los mismos, deja de ser un defecto del sistema para convertirse en un método.

Bailaque vendía tiempo al narcotraficante Esteban Alvarado: la demora no era un accidente del expediente, era el producto que se ofrecía.

El caso Bailaque es el paradigma de esa mutación. El ex juez del Juzgado Federal N° 4 —hoy con prisión preventiva e imputado por tres delitos vinculados a hechos de corrupción, con su renuncia ya aceptada— encarnó como nadie la idea de que el tiempo judicial puede transformarse en una mercancía. En una investigación publicada sobre su desempeño, expuse el paradigma de que Bailaque vendía tiempo al narcotraficante Esteban Alvarado: la demora no era un accidente del expediente, era el producto que se ofrecía. Cada mes que una causa dormía en un cajón era un mes de libertad y de negocios para el investigado, y ese lapso tenía un precio.

Ese esquema no fue una anomalía aislada. Los trámites contra Bailaque, de hecho, se activaron cuando dos fiscales provinciales denunciaron que los detalles de los hechos de narcotráfico de Alvarado estaban en un expediente estancado en su juzgado federal. La causa existía; lo que faltaba era voluntad de moverla. La quietud, entonces, no era ausencia de acción sino una acción deliberada: la de no hacer.

La prescripción como negocio y el entramado en los juzgados

El fenómeno excede a un solo magistrado y roza también al Juzgado Federal N° 3, a cargo de Carlos Vera Barros, donde igualmente se detectaron expedientes sin movimiento. Fuentes de la propia Justicia Federal describieron a la prensa un circuito clásico con las causas tributarias que ayuda a entender la mecánica del cajoneo. Cuando la AFIP —hoy ARCA— enviaba una denuncia por evasión, se practicaban las primeras medidas y luego el expediente quedaba a la deriva.

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El evasor, alarmado por la apertura de un caso penal, corría a "arreglar". Como en Argentina la evasión rara vez termina en prisión y el delito no deja víctimas visibles, dejar morir esas causas tenía un sentido nítido: el paso del tiempo las hacía prescribir, y con frecuencia los abogados les hacían creer a sus clientes que el cierre había sido fruto de su gestión profesional. La prescripción como servicio.

Esa lógica —la de convertir la inacción judicial en un valor transable— es la que conecta el frío oficio de la Cámara con las causas penales que hoy investigan a jueces federales de Rosario. El expediente contra el ex juez Fabián Bailaque y las sospechas que rodean a otros magistrados, como las que involucran al juez Salmain, no describen fallas técnicas: describen un mercado. Un mercado donde la moneda es la demora y el bien que se comercia es la impunidad. Por eso la distinción que plantea este caso resulta tan sensible. Una cosa es un sistema colapsado que no da abasto; otra, muy distinta, es un sistema que aprendió a usar su propia lentitud como herramienta de negociación.

La auditoría clave frente a la complicidad corporativa

La auditoría que ordenará la Cámara Federal deberá determinar cuánto de esas miles de causas responde a duplicaciones, errores de registro o expedientes mal inscriptos, y cuánto a maniobras deliberadas. Pero la sola necesidad de esa auditoría ya dice algo. Como reconoció una fuente interna del propio fuero, la Cámara "siempre vio el desastre que eran los juzgados antes del acusatorio", pero primó el espíritu corporativo y no se hizo nada. El empoderamiento de los escalones inferiores fue, en buena medida, consecuencia de esa tolerancia de los superiores.

El sistema acusatorio, con sus audiencias públicas y su exigencia de oralidad, vino a iluminar lo que la instrucción escrita mantenía en penumbras. La invisibilidad del trámite era, precisamente, la condición de posibilidad del negocio. Ahora, con la luz encendida, aparecen las cifras que nadie quería contar. Queda por ver si la revisión ordenada en 48 horas alcanzará para desentrañar cuáles de esos expedientes murieron por negligencia y cuáles fueron ejecutados con intención.