Carbón Blanco: la ruta del dinero de un grupo narco que con Patricio Gorosito jugó en las grandes ligas
En un nuevo juicio buscarán establecer cómo se movió el dinero de una banda que operaba en Santa Fe y otras provincias.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia comenzará el 4 de septiembre un nuevo juicio derivado de la causa Carbón Blanco, la mayor investigación por contrabando de cocaína y lavado de activos que tuvo la Argentina en la última década.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia comenzará el 4 de septiembre un nuevo juicio derivado de la causa Carbón Blanco, la mayor investigación por contrabando de cocaína y lavado de activos que tuvo la Argentina en la última década. En el banquillo estarán tres personas señaladas como gente de confianza del abogado y empresario Carlos Salvatore —el organizador de la estructura, muerto en 2018—: Sergio Daniel Salomone, Viviana Tejero y Leopoldo Daniel Carrena. Los tres llegan en libertad. Es el capítulo que se abre cuando ya no queda ninguno de los dos jefes con vida para sentarse a responder.
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Porque esa es la marca de fondo de Carbón Blanco: una organización que traficó más de una tonelada de cocaína a Portugal y España escondida en cargamentos de carbón vegetal, y que hoy se juzga por tramos, con sus dos cabezas en el cementerio. Salvatore murió de un paro cardiorrespiratorio en mayo de 2018, mientras se desarrollaba el juicio por el lavado del dinero de la banda.
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Su socio, Patricio Gorosito —el empresario de Arroyo Seco que construyó de cero el Real Arroyo Seco, se codeó con Joan Laporta y llegó a decirle "pibe" a Messi—, falleció cuatro meses después en la casa donde cumplía prisión domiciliaria. El fútbol había sido, según la investigación, uno de los canales por donde circuló y se "limpió" la plata de la droga. Dos jefes muertos, una causa que sobrevive a ambos.
El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Federico Carniel —que investiga Carbón Blanco desde el origen— junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco. El tribunal lo integran los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mariela Emilce Rojas y Eduardo Rodrígues Da Costa. La fecha inicial estaba prevista para el 7 de agosto, pero se reprogramó a pedido de una de las defensas.
Salomone y Tejero están acusados de integrar una asociación destinada a poner en circulación en el mercado bienes de origen ilícito mediante negocios jurídicos simulados, para darles apariencia de origen lícito. En el requerimiento de elevación, el fiscal Carlos Amad sostuvo que los fondos que invirtieron provenían de operaciones internacionales de narcotráfico. Les atribuyó la compra de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y en Villa Gesell y —tras la muerte de Salvatore— el cobro de una póliza radicada en la Isla de Man, ese pequeño enclave del mar de Irlanda que es sinónimo de opacidad financiera.
Ingeniería del lavado
El caso de Carrena es más específico y, quizás, el más revelador de la ingeniería del lavado. Llega a juicio como coautor de lavado de activos de origen delictivo, agravado por habitualidad, por haberse cometido en banda y con intervención de personas jurídicas. Según Amad, su función dentro de la organización fue el armado de sociedades en Estados Unidos y el diseño financiero de esas estructuras, por donde la banda canalizaba sus ganancias mediante compraventa de activos. La cifra es elocuente: constituyó 42 empresas. Una vez creadas, las usaba para blanquear los bienes obtenidos del delito precedente y simular operaciones inmobiliarias que legitimaran el dinero. El fiscal habló de "multiplicidad de maniobras de lavado durante un lapso relativamente extenso", contemporáneas a la generación de rédito del contrabando de cocaína.
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Salomone y Tejero fueron elevados a juicio en abril de 2023; Carrena, en mayo de 2024. El tribunal unificó las causas en noviembre de ese año.
Conviene ordenar las capas de Carbón Blanco, porque la que empieza en septiembre es apenas la última. La primera etapa fue penal-narco: en 2015, Salvatore fue condenado a 21 años de prisión como organizador de la asociación ilícita que en 2012 mandó más de una tonelada de cocaína a Europa. Gorosito recibió 19 años. Ambos murieron antes de agotar sus penas.
La segunda etapa fue la del lavado. El 8 de marzo de 2019, el mismo tribunal de Resistencia condenó a penas de hasta nueve años a los integrantes de la estructura financiera. La esposa de Salvatore, Silvana Susana Vallés, y su suegro, Santiago Vallés Ferrer, recibieron siete años. Ricardo Gassan Saba, socio del abogado, nueve. En ese debate, la hija de Salvatore, Carla Yanina Salvatore D'Ursi, fue absuelta.
Sobreseimiento por déficit de motivación
Esa absolución no quedó firme, y ahí conecta con lo que conté en junio. Casación anuló el sobreseimiento por déficit de motivación y ordenó un reenvío. En abril de 2025, en un segundo juicio, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a Carla a cinco años de prisión efectiva por lavar dinero del narcotráfico a través de Salcroi SRL —la inmobiliaria "CEC Brokers" que había constituido con su marido en 2007, cuyo nombre combinaba los apellidos Salvatore y Croitoru—. En mayo de 2026, la Sala IV de Casación confirmó la condena pero redujo la pena a tres años en suspenso, en un fallo dividido donde pesó, entre otras cosas, un decreto de Javier Milei que le quitó a la Unidad de Información Financiera la facultad de querellar en causas de lavado. La discusión sobre esa legitimación —con implicancias en decenas de expedientes en trámite— seguirá abierta hasta que la Corte se pronuncie con efecto general.
Lo que se ve al mirar el conjunto es un método. Salvatore no acumulaba plata en cajas: construía edificios en Mar del Plata, vendía departamentos, creaba y adquiría sociedades. La jueza Zunilda Niremperger, que llevó la investigación original y llegó a ser amenazada de muerte por Salvatore, calculó en su momento que la organización armó unas 60 empresas en el país y en el exterior para licuar el dinero narco. Los 42 sellos societarios que ahora se le atribuyen a Carrena, las inversiones en Estados Unidos, la póliza en la Isla de Man, la inmobiliaria de Carla: son piezas de la misma máquina, distribuida entre familiares, socios y personas de confianza.
Esa dispersión es la que explica por qué Carbón Blanco sigue vivo en los tribunales trece años después del primer contenedor requisado. Los organizadores murieron, pero la estructura financiera que montaron obliga a la Justicia a seguir procesando a quienes hicieron funcionar los engranajes. El 4 de septiembre, en Resistencia, se juzga otra vez esa maquinaria: no ya a los que idearon el negocio, sino a los que lo hicieron rendir.
