Reforma constitucional: la incertidumbre económica frena leyes de municipios y coparticipación en la Legislatura
Tras la caída de recursos nacionales, el oficialismo analiza avanzar con los aspectos institucionales de la autonomía y postergar el debate sobre los fondos.
El proceso de implementación de la reforma constitucional sancionada en 2025 enfrenta su primer gran obstáculo en la Legislatura santafesina.
El proceso de implementación de la reforma constitucional sancionada en 2025 enfrenta su primer gran obstáculo en la Legislatura santafesina. A pesar del impulso político inicial, el tratamiento de la nueva Ley Orgánica de Municipios y la Ley de Coparticipación se encuentra actualmente en un estado de empantanamiento. Desde el seno de la Unión Cívica Radical (UCR), advierten que la fragilidad del escenario económico nacional y la falta de certezas sobre el flujo de fondos hacia la provincia tornan inviable, por el momento, una discusión profunda sobre el reparto de recursos.
La principal preocupación radica en la drástica merma de ingresos. Fuentes del radicalismo confirmaron a AIRE que los datos recientes son alarmantes: la coparticipación nacional registró una caída del 64 % respecto a los valores de diciembre. Este escenario de retaceo de recursos por parte del Gobierno nacional genera un vacío de información que impide proyectar cualquier esquema de distribución automática.
Sin claridad sobre lo que Santa Fe percibirá por Ganancias o por eventuales tributos vinculados al sector agropecuario, la dirigencia entiende que es riesgoso obligar por ley a la provincia a girar porcentajes que podrían comprometer la operatividad del Estado provincial en el futuro.
La incertidumbre económica frena leyes de municipios y coparticipación en la Legislatura
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A pesar del impulso político inicial, el tratamiento de la nueva Ley Orgánica de Municipios y la Ley de Coparticipación se encuentra actualmente en un estado de empantanamiento.
Ante este panorama, la estrategia legislativa que comienza a ganar consenso busca separar la discusión política de la económica. La "salida elegante" que propone el sector mayoritario de la UCR consiste en avanzar con los aspectos formales e institucionales de la autonomía municipal, postergando las definiciones tributarias de fondo para un contexto de mayor estabilidad. El objetivo es cumplir con el mandato constitucional sin poner en riesgo las arcas provinciales, priorizando una reforma administrativa que no dependa exclusivamente de los envíos de Nación.
Entre las prioridades para destrabar el debate se encuentran la creación de la figura del viceintendente en determinadas ciudades y la regulación de los Concejos Deliberantes. En este último punto, existe una postura firme dentro del radicalismo para evitar que la autonomía signifique un aumento del gasto político. La propuesta apunta a que la composición de los cuerpos legislativos locales se mantenga en números impares pero con una tendencia a la reducción de bancas, aprovechando los turnos electorales para ajustar la cantidad de representantes hacia abajo.
Asimismo, la agenda legislativa inmediata se enfocará en cuestiones que la fuente califica como "propias", tales como el régimen de dietas, las facultades de los concejales para regular sueldos municipales y la administración de tasas locales como la de hectárea. La creación de comisiones específicas para analizar estas variables impositivas territoriales permitiría dotar de herramientas de gestión a los municipios sin necesidad de aguardar una resolución definitiva sobre la coparticipación nacional. De esta manera, el oficialismo busca que la reforma de 2025 no quede estancada por la crisis económica, apostando a una autonomía institucional posible mientras se despeja la incógnita financiera.
Qué dice el proyecto de ley orgánica de municipios
Según se desprende del mensaje que acompaña la iniciativa, el proyecto propone una reorganización integral del sistema de gobiernos locales, con el objetivo de consolidar la autonomía municipal plena y dotar a los municipios de herramientas institucionales, económicas y administrativas acordes a las realidades actuales de la provincia.
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Desde el seno de la Unión Cívica Radical (UCR), advierten que la fragilidad del escenario económico nacional y la falta de certezas sobre el flujo de fondos hacia la provincia tornan inviable.
La propuesta reemplaza a la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 2756 y se concibe como un régimen general y supletorio: será de aplicación para todos los municipios, aunque aquellos con más de 10.000 habitantes podrán dictar sus propias Cartas Orgánicas y establecer su propio diseño institucional, siempre dentro de los principios fijados por la Constitución.
Autonomía municipal como eje central
Uno de los pilares del proyecto es el reconocimiento expreso del municipio como una entidad política autónoma, con autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera. En ese marco, se redefine el concepto de municipio como todo núcleo de población con vida propia que se gobierna bajo un sistema democrático, representativo y republicano. Los municipios que superen los 10.000 habitantes quedan habilitados a convocar a una Convención Municipal para sancionar su Carta Orgánica, lo que les permitirá definir su estructura de gobierno, sus órganos de control y sus mecanismos de participación ciudadana. Aquellos que no lo hagan continuarán rigiéndose por la nueva ley.
Clasificación por cantidad de habitantes
El proyecto introduce una clasificación de los municipios según su población, lo que impacta directamente en su organización institucional. Esta segmentación determina el número de concejales, los topes salariales de las autoridades, los requisitos para activar mecanismos de democracia directa y los límites al endeudamiento.
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La estrategia legislativa que comienza a ganar consenso busca separar la discusión política de la económica. La "salida elegante" que propone el sector mayoritario de la UCR consiste en avanzar con los aspectos formales e institucionales de la autonomía municipal.
Desde el Ejecutivo se argumenta que esta diferenciación busca evitar esquemas uniformes que no contemplan las profundas desigualdades territoriales, demográficas y económicas existentes entre las distintas localidades de la provincia.
Régimen político e institucional
La iniciativa establece que intendentes y concejales tendrán mandatos de cuatro años, con posibilidad de una sola reelección consecutiva. Además, dispone que las elecciones municipales se realicen en forma conjunta con las provinciales. En cuanto al funcionamiento institucional, se fortalecen las atribuciones de los Concejos Municipales, que amplían su rol de control sobre el Departamento Ejecutivo. Entre otras facultades, se les asigna la aprobación del presupuesto y de la cuenta de inversión, la autorización de endeudamiento, el control de concesiones y contratos, y la convocatoria a audiencias públicas.
Administración pública y transparencia
El proyecto incorpora principios de gestión moderna en la administración municipal. Establece el ingreso por concurso a la planta permanente, la estabilidad sujeta a evaluaciones de desempeño, la capacitación continua y un régimen claro de incompatibilidades. También se fijan obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y publicidad de los actos de gobierno, junto con la creación de sistemas de control interno y normas de ética pública.
Régimen económico y financiero
Otro de los capítulos centrales del proyecto es el régimen económico y financiero municipal. Allí se define la composición del tesoro municipal, integrado por recursos propios, coparticipación, transferencias, créditos y otros ingresos.
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La agenda legislativa inmediata se enfocará en cuestiones que la fuente califica como "propias", tales como el régimen de dietas, las facultades de los concejales para regular sueldos municipales y la administración de tasas locales como la de hectárea.
En materia de endeudamiento, se fija un límite máximo: los servicios de la deuda no podrán comprometer más del 25% de los recursos anuales del municipio. Además, se establecen distintos niveles de autorización según el monto y el tipo de crédito, reforzando los mecanismos de control legislativo. El texto también consagra principios tributarios como la legalidad, la equidad y la capacidad contributiva, y prohíbe expresamente la creación de tributos confiscatorios.
Ordenamiento territorial y ambiente
En línea con la reforma constitucional, la iniciativa incorpora un capítulo específico sobre ordenamiento territorial y ambiente. Establece la obligación de planificar el desarrollo urbano, regular el uso del suelo, incorporar la perspectiva climática y gestionar los riesgos ambientales. El Ejecutivo subraya que este enfoque busca articular crecimiento urbano, sostenibilidad ambiental y calidad de vida, atendiendo tanto a áreas urbanas como rurales y metropolitanas.
Participación ciudadana y democracia directa
El proyecto reglamenta los mecanismos de democracia directa previstos en la Constitución provincial, como la iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular, las audiencias públicas y la revocatoria de mandato. Los requisitos para su activación varían según la población del municipio, con el objetivo de garantizar su aplicabilidad real y evitar que se conviertan en herramientas de difícil acceso para la ciudadanía.
Asociaciones y regionalización
Finalmente, la propuesta habilita de manera expresa la asociación intermunicipal, la conformación de regiones y áreas metropolitanas, y la celebración de convenios con la Provincia, la Nación y otras jurisdicciones para la prestación de servicios, la ejecución de obras y la planificación de políticas públicas.
Desde el Ejecutivo sostienen que la nueva Ley Orgánica de Municipios busca consolidar un modelo de gobierno local más autónomo, previsible y eficiente, adaptado al nuevo marco constitucional y a los desafíos políticos, sociales y económicos de la Santa Fe actual.
Qué dice la nueva Constitución de Santa Fe sobre la coparticipación
El artículo 8° de la nueva Constitución de Santa Fe establece que la Provincia sostiene el gasto público mediante los recursos provenientes de la coparticipación federal, la recaudación de los tributos creados por ley, las rentas producidas por sus bienes y servicios, la enajenación de sus activos o bienes de su pertenencia, la propia actividad económica que desarrolle y las operaciones de crédito que concierte que no pueden destinarse a financiar gastos corrientes, salvo en caso de urgencia. Además, determina que toda persona que habita la Provincia o que en ella desarrolla actividad económica está obligada a concurrir a los gastos públicos.
El sistema tributario, según la Carta Magna, se organiza considerando la función económica y social de los tributos y se inspira en los principios de legalidad, generalidad, no confiscatoriedad, irretroactividad, igualdad, equidad, razonabilidad, capacidad contributiva, simplicidad y certeza.
Puede establecer estructuras progresivas de alícuotas, exenciones y otras disposiciones tendientes a graduar la carga fiscal para lograr el desarrollo económico, territorial y social de la comunidad. Puede contemplar un tratamiento fiscal diferenciado para las cooperativas y mutuales que, en cumplimiento de las formalidades y exigencias legales, acrediten su naturaleza de entidades sin fines de lucro y su función social dentro de la economía solidaria.
Los tributos deben ser creados por ley. Es nula toda delegación expresa o tácita.
La administración financiera y presupuestaria se rige por los principios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad, eficiencia, eficacia, publicidad y transparencia. Garantiza mecanismos de control y rendición de cuentas.
La ley establece reglas, estándares, procedimientos y dispositivos institucionales vinculados con el gasto, la deuda pública y la transparencia, que tiendan al equilibrio fiscal.
