El ministro de Economía, Martín Guzmán, envió el presupuesto 2022 al Congreso Nacional.
El proyecto de presupuesto nacional 2022 llegó precedido de cuestionamientos y un debate que incluso se trasladó al interior del oficialismo. Como todo presupuesto, su elaboración es el primer paso de un largo camino de negociaciones que podría decirse que termina cuando el Congreso lo aprueba, pero que en la práctica luego depende de herramientas como reasignación de partidas, evolución de los recursos y de la marcha de la economía.
El proyecto 2022 que envía el ministro Martín Guzmán no escapa a las generales de los presupuestos de varios años hacia atrás y se construye sobre parámetros que difícilmente puedan cumplirse, empezando por las vedettes de la economía argentina: crecimiento, tipo de cambio e inflación.
Y en ese sentido, el gobierno prevé que 2021 cerrará con un crecimiento del PBI del 8% y 2022 4%; un Índice de Precios al Consumidor de 45,1% este año y 33% el próximo; y un precio del dólar de 102 pesos al 31 de diciembre próximo y 131 un año después. Creer o reventar. El presupuesto ingresó al Congreso el 16 de septiembre pasado. El informe de la consultora P&G, que coordinan el exministro de Economía de Santa Fe Gonzalo Saglione y el exsecretario de Finanzas Pablo Olivares -durante la gestión de Miguel Lifschitz-, aporta al debate en particular desde la perspectiva santafesina.
Un aspecto en el que el informe -que elaboró Olivares- hace eje, es en la necesidad de financiamiento que el gobierno cree que necesitará. “De cada 100 pesos, menos de 80 los podrá cubrir con recursos propios y el resto deberá financiarlo con deuda o emitiendo”. El déficit será del 30,7% de los ingresos anuales y el 23% de los gastos totales.
Ese esquema permitirá financiar un gasto que el 90% es corriente y sólo 10% es de capital. Igual, ésta última es una previsión algo mayor a este año de acuerdo a la proyección de lo ya ejecutado: si continúa a este ritmo terminará en el 7,5%. Y es año electoral. Para P&G no es eso lo más crítico, sino que los ingresos no logran siquiera cubrir el gasto corriente del presupuesto. De hecho, más de 15% del gasto corriente deberá ser financiado por fuera de los recursos propios.
El presupuesto 2022 no contempla pagos al FMI. Significa que da por hecho una reestructuración de la deuda o directamente dejar de pagar si no se diera. Es un dato importante, porque el financiamiento que se requeriría sería mucho mayor si además hay que pagarle al FMI.
En términos nominales, el déficit presupuestado alcanza los 3.135.856 millones (3,1 millones de millones o 3,1 billones). ¿Cómo financiar esa cifra?
El proyecto prevé: 1,4 millones de millones de organismos internacionales de crédito; 1,1 millones de millones en títulos públicos (el neto entre lo que se emite y amortiza); 190.264 millones de adelantos del Banco Central; -48.637 millones de financiamiento a provincias con deudas de Nación; 370.000 millones de otras fuentes.
En definitiva, este plan de financiamiento contempla 1,4 billones de organismos internacionales, pero debe tenerse en cuenta que esos fondos ingresan en la medida que avancen los proyectos; apuesta a un acuerdo con el FMI que posponga el ciento por ciento de los pagos: y plantea la expectativa de renovar todos los títulos públicos emitidos y tomar un adicional de 1,1 billón de pesos.
“Los supuestos de financiamiento que no se cubran obligarán al gobierno a tomar mayores adelantos del BCRA o recortar gastos”, resume el informe.
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Hay dos aspectos del informe que merecen destacarse desde la perspectiva santafesina. Uno de ellos, el presupuesto para las universidades, asunto que ya despertó alguna crítica porque implica una partida que es 11,1% menor a la solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional. En dinero, son $ 2.200 millones menos para las tres universidades nacionales de la provincia (Rosario, UNL en Santa Fe, Rafaela) en relación con las necesidades establecidas por el órgano que integran todos los rectores del país. A eso debe sumárseles las delegaciones de la Universidad Tecnológica Nacional.
Comparado con este año (no con el presupuesto 2021 sino con el crédito vigente en ejecución tras ampliaciones presupuestarias), la UNL crecerá 46,8%; la UNR 48,7% y UNRafaela 47,4%. Es decir, si se aprobase así el presupuesto 2022, las partidas estarán algo por debajo de la inflación proyectada.
“La Administración Nacional tiene previsto asignar un gasto al territorio santafesino de 548.215 millones, significando un 5,4% de lo que ejecutará en las 24 jurisdicciones provinciales y CABA”, determina el informe.
Desagregada por áreas, Santa Fe representa el 2% del gasto del Ministerio de Seguridad (las proyecciones fueron elaboradas antes del anuncio nacional del envío de gendarmes y la creación de una unidad móvil de Gendarmería). En Transporte es 4%; en Desarrollo Social es 4,6%; Educación 5,2%; Obras Públicas 4,4%; Ciencia y Tecnología 0,1% y Salud 0,6%.
Otro dato relevante. Santa Fe participa en el 5,7% de los proyectos de inversión de capital que serán contratados en 2022 pero que exceden a ese ejercicio (plurianual).
Al ampliar la mirada sobre la totalidad de los proyectos de inversión real directa (los que se van a contratar y los que ya están en ejecución) el porcentaje es del 4,7%. Entre las obras destacadas previstas en el presupuesto hay una operación de crédito público de 920 millones de dólares para la nueva conexión Santa Fe-Paraná.
¿Cuál es la vara para medir la relevancia de ese 4,7% del total? Hay varias posibles. En términos comparativos la tendencia es la misma que en ejercicios anteriores, más allá de alguna variación no significativa hacia arriba o hacia abajo.
P&G pone en debate un eje posible, que es tener en cuenta que Santa Fe aporta a la economía argentina un valor bruto del 10%. Si bien el concepto de gobierno federal implica que redistribuye la riqueza en busca de un equilibrio territorial, una mirada que ponga en perspectiva lo que se aporta y lo que vuelve en materia de inversión muestra una notable desventaja para una provincia como Santa Fe.
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