Pelea por los recursos y gastos. Si bien la espuma de la crisis interna en el Frente de Todos bajó y hay acuerdo en disimular las diferencias lo más posible de cara a las elecciones del 14 de noviembre, el fondo del conflicto sigue latente y tiene que ver con el rumbo económico del proyecto gubernamental, el cual se ve expresado en la discusión del proyecto de Presupuesto 2022.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, deberá exponer en el Congreso el Presupuesto 2022.
En este marco, el kirchnerismo de la Cámara de Diputados, comandado por el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, busca imprimir modificaciones que den cuenta de un cambio en la orientación de las prioridades del Gobierno.
Por ejemplo, el proyecto enviado por el Palacio de Hacienda prevé un recorte en la masa de subsidios del 2% al 1,5%, lo cual derivará en un incremento de los cuadros tarifarios de energía, gas y transporte.
Esta situación ya había llevado la tensión al límite en abril pasado después del intento de Guzmán de echar al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, por no alinearse con su objetivo de aumentar las tarifas a niveles cercanos al 30%.
El kirchnerismo jugó muy fuerte para retener al camporista en su cargo y lograr que el aumento no superara un dígito.
Finalmente, el presidente Alberto Fernández, para evitar una escalada mayor de la crisis con sus principales socios en el Gobierno, terminó zanjando la discusión a favor del kirchnerismo y el ministro Martín Guzmán quedó desautorizado.
El otro capítulo de la tensión entre el kirchnerismo y Guzmán tiene que ver con el uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI envió al país, y que el ministro quería utilizar para pagar vencimientos de deuda.
En cambio, en un principio el sector referenciado en Cristina Fernández se amotinó frente a esa intención e intentó influir para que esos recursos se volcaran al gasto público frente al aumento de la pobreza, en medio de la emergencia sanitaria.
Después de un tiempo, la propia vicepresidenta Cristina Fernández terminó cediendo, pero el conflicto quedó en el aire, y ahora parece repetirse en el debate del Presupuesto, ya que el texto de la "ley de leyes" incluye un acuerdo con el FMI.
La semana pasada, se cancelaron vencimientos de deuda con US$ 1.885 millones provenientes de los DEG.
El kirchnerismo busca condicionar a Guzmán para que logre un programa de facilidades de pago a 10 años con el FMI.
El Presupuesto también prevé una disminución del déficit fiscal al 3,3%, cuando en su explosiva carta Cristina Kirchner había cuestionado la política de cuasi “déficit cero” en medio de una pandemia y urgencias sociales apremiantes.
En el audio que se filtró de la diputada Fernanda Vallejos quedó al desnudo la lógica de la argumentación del kirchnerismo:
"La política económica se debió subordinar a la política sanitaria, no a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el mandato del FMI", había cuestionado en una charla privada la economista en un momento de calentura poco después de la derrota del Frente de Todos en las Paso.
Esta semana Guzmán se reunirá con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con Máximo Kirchner, y con autoridades y referentes económicos del bloque oficialista para intentar acercar posiciones y lograr un proyecto lo más consensuado posible.
Luego el funcionario mantendrá reuniones con los distintos bloques de la oposición, que cuestiona el proyecto y sostiene que no tiene metas realistas, como por ejemplo la inflación del 33% para 2022.
El ministro de Economía lidia en estas horas con fuertes presiones no sólo del kirchnerismo sino también del massismo y del propio jefe de Gabinete, Juan Manzur, para que se liberen fondos para acelerar el gasto social.
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Por ahora, el Gobierno solamente anunció un incremento del piso de Ganancias a $ 175.000, el aumento del salario mínimo a $ 32.000 pesos en octubre y la posibilidad de retornar a una suerte de IFE aunque no tan extendido como el que se repartió el año pasado.
La llamada “Ley de Leyes” prevé para el próximo año un crecimiento del PBI de 4%, una inflación de 33%, un rojo fiscal primario menor al de 2021, de 3,3% del producto bruto interno (el financiero llega a 4,9%).
Al mismo tiempo proyecta un aumento del 4,6% del consumo privado y del 3,1% para el consumo público. Por el lado de la inversión, se presupone una suba del 6,6%.
Por otro lado, el tipo de cambio se estima en $ 131,10 por dólar, mientras que el saldo de la balanza comercial se prevé en US$ 9.000 millones.
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