El presidente Alberto Fernández junto al ministro de Economía Martín Guzmán.
Se acabaron los tirapostas con data filtrada desde el entorno presidencial sobre el estado de la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner –que además suelen ser desmentidos por la misma acción concreta del gobierno– porque las internas y debates del Frente de Todos son públicas y notorias, porque no sintetiza ideológicamente y atraviesa una crisis de representación, de fragmentación de las expectativas y del voto de su base social.
Pero antes de abordar el debate central que divide aguas (no en mitades exactas) en el seno del FDT y del equipo económico ratificado por el presidente, concluyamos algo sobre el mito del “doble comando”: nunca existió ni existe tal cosa. Cristina es la primera en entender la importancia de la unidad en la diversidad (hasta que duela tanto que motive una carta brutalmente honesta), siempre respetó la voluntad y los tiempos de Alberto y las pruebas están sobre la mesa: 24 horas después de que señalara que había funcionarios que no funcionaban, Alberto se mostró con casi todo su gabinete en Tierra del Fuego ratificándolo; poco después de las renuncias a disposición de los funcionarios que responden a la vicepresidenta y de la carta donde expone claramente que no había sido escuchada, Alberto enroca a Santiago Cafiero y “cede” a Juan Pablo Biondi y Nicolás Trotta, para mantener la columna vertebral del modelo económico, productivo y laboral que cuestionan en el Instituto Patria: Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni. Luego de la batería de anuncios para desahogar el bolsillo, el reajuste en alza de un salario mínimo, vital y móvil (SMVM) que seguirá muy por debajo de la línea de pobreza en noviembre y un presupuesto casi tan austero como el anterior, queda claro que la pulseada –como corresponde en un país presidencialista y sin importar el peso electoral o político de su vicepresidenta– la ganó Alberto, para alivio del establishment, algunos gobernadores, la CGT y el Movimiento Evita, entre otres.
El debate que aludíamos y está en el corazón de las razones por las que se perdieron las primarias es el de expandir o no el gasto social, de dónde provendrían los dólares para financiarlo si no se concreta el acuerdo con el FMI(que cuenta con ese cuello de botella para forzar un arreglo en sus términos y que buena parte de la coalición gobernante firmaría mañana mismo) y las consecuencias de esa expansión en el tipo de cambio que, estabilizado y todo, con un nivel de gasto que el mismísimo Ministerio de Economía reconoce muy por debajo del estipulado en el presupuesto 2021 (un déficit ejecutado del 2% en ocho meses con una previsión anual del 4,5%), lo que le da la razón a la carta de Cristina y desmiente al presidente y al mediático titular de la consultora PxQ, Emmanuel Álvarez Agis, convive con una inflación interanual trepó a los niveles en los que la dejó Macri –tanto que brokers de la City recomiendan plazos fijos ajustados por inflación como la mejor inversión– y uno de los salarios en dólares más bajos de América Latina.
Párrafo aparte para poner en escala real el anuncio de recomposición del SMVM, que al igual que el aguinaldo, es una institución peronista, uno de los pilares de la política de ingresos y redistribución de la riqueza, consagrado por decisión del mismísimo Juan Perón en el Decálogo de los Derechos del Trabajador de 1947, el decreto 4865 de ese mismo año, la Constitución de 1949 y finalmente el artículo 125 (actualizado como 116) de la Ley de Contrato de Trabajo de 1974. Allí se lo define como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. Aun siendo el piso salarial por debajo del cual no debería estar ningún trabajador registrado, lo más granado de la legislación laboral del peronismo considera que debe satisfacer las necesidades esenciales, vivir con dignidad y no pasar privaciones.
Establezcamos algunas comparaciones, entonces: si la canasta de bienes y servicios (cruzando varias mediciones) está actualmente en $59.968, para que el SMVM cumpla con el objetivo trazado por Perón debería duplicarse en valores netos, aumentando el 147,7%. Pero la realidad es que alcanzará los $33.000 recién en febrero del año que viene, totalizando una suba del 52,7% desde abril 2020. Hoy apenas supera la línea de indigencia y en el mes en el que habrá que dar vuelta el resultado de las primarias, estará apenas por encima de la mitad de la línea de pobreza. Esto genera que para la segunda vuelta –pese a las intenciones del gobierno– no se cumpla con ninguno de tres objetivos: que el salario mínimo satisfaga lo que el peronismo históricamente dispuso, que le gane a la inflación (para clavar el 42,4% que sueñan en Economía, debería crecer por debajo del 2,5% en los cuatro meses restantes) y que, por añadidura, impacte sensiblemente en los bolsillos de las clases más postergadas, las que más duramente castigaron al FDT en distritos claves como las provincias de Santa Fe y de Buenos Aires.
Alguna vez el ministro de Trabajo que objetó Máximo Kichner en el Congreso, por homologar un inédito acuerdo salarial a la baja nominal en Mondelez, dijo que “sueldo digno es aquél que estemos en condiciones de pagar y sostener”. Pese a la derrota, esa parece seguir siendo la lógica de razonamiento.
Destacado: Según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (fechado el 14 de setiembre), desde el mes de mayo ingresaron $179.285 millones de los $234.000 millones que se recaudaron por el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas. Y se gastaron solamente $65.938 millones, es decir, menos del 35%. El urnazo de las Paso ameritaría reforzar el ritmo de ejecución de los fondos.
Se hizo público que la vicepresidenta se comunicó telefónicamente a Martín Guzmán para transmitirle que no había reclamado su reemplazo y que quería reunirse con él para revisar la marcha de la economía y las proyecciones para 2022. Lo hicieron y de resultas, la vicepresidenta objetó algunas estimaciones del proyecto de presupuesto que ingresó al Congreso el mismo día que sus ministros y secretarios afines se ponían a disposición del presidente. Sobre el hecho de que el presupuesto fuese diseñado antes de la derrota y se mantuviese incólume en sus proyecciones y estructura de gastos, fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a AIRE que “las elecciones de medio término son una coyuntura, un momento, pero la marcha de la economía es un proceso y no vemos alteraciones significativas más allá del impacto político”.
En el Instituto Patria comparten la visión que expresó Máximo Kirchner reporteado por Horacio Verbitsky: tal como se vio con el anterior, el presupuesto no es la ley de leyes sino una hoja de ruta para entrever cuál será el signo del proyecto político del gobierno; hay margen para discutirlo en el Congreso y retocar algunas cifras críticas porque “no se puede actuar en base simplemente de cuentas matemáticas, sino ver cómo impacta en la realidad cotidiana”. Las cifras que ameritarán cruces y objeciones serán centralmente las del déficit primario y financieros previstos (un 3,3% y un 4,9% del PBI, respectivamente) y la reducción de los subsidios a tarifas energéticas y de transporte (del 2,2% al 1,8% del PBI, respectivamente).
De no mediar un esquema de segmentación por nivel socioeconómico, esto implicaría un aumento generalizado de tarifas del 33% en el AMBA, en línea con la inflación presupuestada. El ministro de Economía declaró: “A mí me gustaría hacer más, pero hay que contar con instrumentos y en la Argentina no hay crédito y la moneda está muy debilitada”. Crédito que podría volver a fluir si hay acuerdo con el FMI, al cual se le siguen dando todas las señales por anticipado, como por ejemplo pagar intereses de la deuda por un monto equivalente a 3,7 millones de IFE de $50.000.
En una lectura más fina por ítems ajustados, los recursos asignados para atender asignaciones familiares y políticas alimentarias, que representaban el 3,2% del PBI en 2020, caen al 3% y los destinados a jubilaciones y pensiones se reducen del 9,3% al 8,8%. Y en lo que hace al precio interno de los alimentos –una de las claves del castigo recibido por el gobierno en las urnas–, el presupuesto 2022 prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 el tope establecido en la Ley 27.541, para los derechos de exportación (retenciones) a la soja, el maíz, la carne y los productos agroindustriales; justo cuando consultoras internacionales prevén una demanda creciente de esos productos por parte de Estados Unidos y China, las dos principales economías mundiales.
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Finalmente se estipula un dólar oficial de $135 (acompaña la inflación estimada considerando la cotización actual) y salarios que superen a la inflación en 5 puntos, estableciendo una pauta para paritarias del 38%. Nada será dicho acerca de los yerros o los defectos de cálculo, pues el presupuesto es también una referencia de anclaje y una desiderata con base técnica, perfectible, falible. Pero sería deseable que las pifias no excedan los 10 puntos esta vez.
En síntesis, el presupuesto 2022 sigue la línea del presupuesto anterior, dando por hecho que la pandemia ya pasó (¿esta vez sí?) y confiando en la recuperación paulatina de la actividad económica. Es probable que el FMI observe lo mismo que el ala kirchnerista de la coalición gobernante, pero por razones opuestas: el sendero hacia el déficit cero (que en el primer semestre del año llegó al 1,1%), previsto en el borrador del acuerdo para 2025, requiere de cifras contundentes a la baja.
Ni gasto expansivo ni ajuste, parece ser la valoración final del equipo económico, que intentó explicárselo a las principales consultoras en un reunión donde Guzmán estuvo representado por secretarios y subsecretarios del Ministerio. “Tienen un problema de base superior a las inconsistencias técnicas, el Ministerio no está empoderado y pueden explicar el proyecto a medias”, fue la frase más desafiante que escucharon los funcionarios. Lo cierto es que los lineamientos generales, que cuentan con el respaldo del presidente, no modifican sustancialmente el rumbo y está claro que la suerte que corra el proyecto político que expresa, dependerá de las condiciones finales del arreglo con el FMI.
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