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Polémica por una explosiva carta del jefe de las cárceles de la provincia

El director general del Régimen Correccional de la provincia de Santa Fe, Darío Rossini, advirtió que la situación es "extremadamente crítica" debido a la sobrepoblación en las cárceles santafesinas.

En una mesa de amigos a cualquiera se le escaparía el chiste fácil: “Es una carta bomba”. Pero, más allá de la humorada, el contenido de la nota que el responsable de las cárceles santafesinas les mandó a las autoridades judicial es realmente explosivo. Fechada el 31 de marzo, dice que es “extremadamente critica” la situación de “sobrepoblación penal en los establecimientos dependientes de este Servicio Penitenciario de Santa Fe” al punto que “no permite contar con espacios para seguir alojando detenidos provenientes tanto de la órbita policial como para las reubicaciones dentro de las instalaciones dependientes del SP”. También hace notar la encerrona en la que quedó el Servicio Penitenciario, entre fallos que le ordenan garantizar derechos y ordenan bajar el número de detenidos en Piñero, y por el otro lado envían cada vez más presos porque se prohíbe el alojamiento en instalaciones policiales.

La nota lleva la firma del alcaide mayor Darío Rossini, director general del Régimen Correccional de la provincia de Santa Fe, y está dirigida a la Corte Suprema de Justicia, a los colegios de jueces, al Servicio Público Provincial de Defensas Penal y al Ministerio Público de la Acusación. Es decir a las autoridades judiciales y a las partes que intervienen en todo el proceso penal.

Los establecimientos se encuentran colmados y seriamente comprometidos respecto a la situación de sobrepoblación que presentan, esta situación conlleva una vulneración de derechos, al producir hacinamiento, obstaculizar el acceso a derechos básicos y profundizar las condiciones materiales en las que se desarrolla la perdida de la libertad y fundamentalmente poniendo en serio riesgo la seguridad de los establecimientos penales”, dice Rossini.

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Lo curioso del asunto es que nada de lo que describe Rossini resulta novedoso en los despacho de jueces y fiscales. De hecho, las fuentes consultadas por que AIRE en el Poder Judicial se preguntaban el motivo por el cuál un funcionario de menor rango mandaba una nota de esas características a la Corte Suprema. Una de ellas defendió el accionar de la Justicia con los siguientes argumentos: “¿Qué se busca con esta carta? ¿Que los jueces fallen a favor de lo que a él le parece? Si hay penas demasiados largas, eso es responsabilidad del Congreso Nacional, que retocó el Código Penal, al igual que la neutralización del régimen de beneficios transitorios cuando se está terminando de cumplir la condena. Si el problema es que hay mucha gente en prisión preventiva, eso lo definen los legisladores provinciales que modificaron el Código Procesal Penal y restringieron la posibilidad de usar medidas alternativas. Y si el problema es que no hay espacio de alojamiento, es responsabilidad del Ejecutivo”, contó un funcionario judicial.

“Llama la atención que un alcaide firme esa nota cuando los responsables del áreas y sus jefes son funcionarios políticos. Las órdenes judiciales van dirigidas al Ejecutivo, que debe resolverlas”, explicó otra fuente.

Un tercer consultado recordó el antiguo asunto de los presos federales alojados en instalaciones provinciales que hoy son alrededor de 500. “La Corte les impuso un plazo para resolver y que Nación los lleve a cárceles federales, pero nada se hizo”.

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Más allá de las responsabilidades y de quién tiene que solucionarlo –el sistema penitenciario es responsabilidad del Poder Ejecutivo, concretamente del Ministerio de Seguridad–, el problema existe y es serio.

Los números de sobrepoblación

La nota de Rossini explica que no es sólo la falta de espacio, sino que la situación repercute en la nutrición de los internos, la limpieza, los cupos disponibles para actividades, la atención de equipos criminológicos y el abordaje de los traslados.

Al 31 de marzo informa que en todo el Servicio Penitenciario había 7573 internos “siendo la capacidad máxima de alojamiento 5894. Esto demuestra que actualmente la sobrepoblación penal existente en el Servicio Penitenciario es de 1561”. Para hacer una proyección redonda, a la provincia le falta una cárcel de Piñero entera.

Rossini cita el ejemplo de Piñero. Explica que “tiene 960 celdas, de las cuales 640 son dobles y 320 individuales. Si se mantuviera el alojamiento de dos presos por celda, la capacidad sería de 1920, pero en la actualidad la U11 tiene 2113. El pabellón F por completo aloja tres internos por celda”.

En la cárcel de Coronda, la más grande de la provincia, informa que todas las celdas tienen dos internos y que ya no admite nuevos ingresos. La población alojada de 1956 detenidos “es un pico histórico”.

Evangelicos en la carcel Fotos de Rodrigo Abd Agencia AP (2).jpg

El director hace notar que en el caso de Rosario, “la sobrepoblación también resulta de que toda persona detenida por orden fiscal debe ingresar a la órbita del SP sin permanecer alojado en establecimientos policiales”.

Para Rossini esa es la principal causa, y por eso “evoca” en un extenso párrafo de la nota distintos fallos que obligaron al Servicio Penitenciario a absorber detenidos de distintas dependencias policiales de Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, San Jorge, entre otros, a partir de recursos de habeas corpus interpuestos por Servicio Público de la Defensa Penal a causa de las condiciones en las que estaban los internos. Pero Rossini recuerda que mientras se hacía lugar a esos recursos y se ordenaban los traslados a la órbita del SP, por el otro se encuentra el fallo de la Corte Suprema que impuso un plazo de 120 días para adecuar a la población penal de Piñero a su capacidad máxima fijada en 1448.

“Claramente, la situación del SP lejos está de poder cumplimentar esta orden judicial (de la Corte), y más aún cuando surgen nuevas disposiciones que intiman a esta repartición a ingresar más detenidos”, insiste Rossini.

“Nos preocupa seriamente cómo este tipo de resoluciones se contraponen con órdenes judiciales que pesan sobre el Servicio Penitenciario y que han devenido en presentaciones de recursos de habeas corpus, también interpuestos por el Servicio Penitenciario Provincial”, indica la nota.

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En este contexto, es entendible que el Servicio Penitenciario lleve dos años en máxima tensión. En ese lapso se incrementó el número de muertos dentro de las cárceles; hubo fugas en Coronda y en Piñero; agentes penitenciarios realizaron protestas y reclamos por condiciones laborales; y las investigaciones penales muestran repetidamente el descontrol en el manejo de teléfonos celulares que se utilizan intramuros para organizar extorsiones, comercio de droga y asesinatos.

A eso se agrega el derrotero incierto y confuso que viene teniendo el SP con la actual administración: en diciembre de 2019 pasó de Seguridad a la órbita del Ministerio de Justicia, y en 2021 volvió todo para atrás, y ahora está de nuevo en la cartera que tiene a Jorge Lagna de ministro.

Entran más de lo que salen

El alerta máxima que lanza la autoridad penitenciaria de la provincia tiene repercusión más allá del objetivo que busca la nota dirigida a las autoridades judiciales. Ayuda también a poner en perspectiva la dimensión del problema de la privación de libertad de personas en conflicto con la ley penal y revisar la ligereza con la que se menciona el ejemplo de “la puerta giratoria” o que “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”.

En un párrafo de su extensa carta, Rossini detalla que la población carcelaria santafesina en 2014 era de 3.435 internos y evolucionó de la siguiente manera: 2015 pasó a 3.788; en 2016 a 4.465; en 2017 llegó a 5.082; en 2018 a 5.949; en 2019 a 6.453; en 2020 a 6.654; en 2021 a 7.199, y en 2022 hay 7.523. Rossini entiende que el aumento de esos números se debe “a que el promedio de ingresos mensuales por detenciones duplicó al de los egresos que se producen mensualmente, producto de libertades u otro tipo de egresos”.

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Cabe destacar que toma referencia 2014, año en el que entró en vigencia el nuevo sistema procesal penal.

Si bien en el incremento puede incidir el cambio que implicó el nuevo sistema procesal, los recurrentes fallos que obligan a absorber detenidos que antes quedaban en dependencias policiales y los retoques a las leyes que acrecientan los tiempos de detención, la cantidad de personas con prisión preventiva se incrementó muy por encima del crecimiento vegetativo de la población.

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