Este jueves se llevó a cabo en la Casa de Gobierno de Santa Fe la primera reunión de la Junta provincial de Seguridad bajo la gestión del gobernador Omar Perotti, en medio de un contexto de recrudecimiento de los hechos de violencia e inseguridad en todo el territorio santafesino. Sin embargo, más allá del contenido del encuentro, uno de los datos más llamativos fue la elección del representante de la Cámara de Senadores en la Junta. Según se informó tras el encuentro, el Senado designó a Armando Traferri como representante de la Cámara ante el organismo.
Designación polémica. El Senado de Santa Fe nombró como representante de la Cámara ante la Junta provincial de Seguridad al senador Armando Traferri.
Dicha designación generó polémica en el ámbito político de Santa Fe, ya que Traferri se encuentra en la mira de la justicia por sus presuntos vínculos con el delito organizado. Según aseguran los fiscales de Delitos Especiales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, el senador por del departamento San Lorenzo tiene estrechos vínculos con organizaciones delictivas dedicadas al juego clandestino.
Al menos desde el 2017, los fiscales aseguran tener pruebas contundentes contra el legislador por lo que, en 2020, pidieron al Senado el desafuero de Traferri para poder citarlo a declaración indagatoria. El pedido no contó con el acompañamiento del cuerpo legislativo. Desde entonces, la pelea se da en el ámbito judicial mientras se espera que la Corte provincial determine si un legislador puede ser investigado penalmente pese a los fueros parlamentarios.
El nombre de Armando Traferri fue mencionado en reiteradas oportunidades por uno de los empresarios relacionados con el juego ilegal en Santa Fe: Leonardo Peiti. En una audiencia de anticipo de prueba concretada en diciembre 2021, el abogado de Peiti, Luis Rossini confirmó la línea de investigación que siguen los fiscales (Schiappa Pietra y Martín Edery) y contó que Peiti le encomendó que le solicitara a Traferri una morigeración en las medidas judiciales que lo afectaban por una causa en Rafaela y que el senador hizo la gestiones.
"La relación de Traferri con Peiti y su responsabilidad penal en esta causa nos parece probada. En el expediente están los mensajes que intercambiaron Rossini y Traferri por esta causa en Rafaela", precisó Schiappa Pietra. Los fiscales esperan en este 2022 poder sentar al senador Traferri en el banquillo de los acusados en el marco del juicio oral por la causa del juego clandestino. "La decisión está en manos de la Corte de Justicia de la provincia y seguramente va a terminar en la Corte Suprema de la Nación", adelantó Schiappa Pietra.
En octubre del año pasado, Jorge Barraguirre, procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, dictaminó que es admisible el pedido de inconstitucionalidad realizado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) respecto del artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia, que trata sobre los obstáculos legales para conseguir el desafuero de legisladores que se encuentran en ejercicio del cargo. Una decisión que favorece el planteo de los fiscales.
La presión política sobre los fiscales de Santa Fe llega a la CIDH
Luego de que la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe y la Asociación Argentina de Fiscales enviaran una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para plantear la injerencia de la política provincial sobre los integrantes del MPA, el organismo internacional resolvió aceptar el planteo y fijó una audiencia para el próximo 18 de marzo.
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“Tengo el agrado de referirme a su solicitud, en la cual manifiesta su interés de asistir a una audiencia durante el próximo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para tratar cuestiones referentes al asunto arriba mencionado. Al respecto, me complace informarle que la CIDH ha decidido convocar a una audiencia el día 18 de marzo de 2022, a las 11:00 horas (horario de Washington D.C.)”, dice el comunicado enviado desde los Estados Unidos.
Desde Santa Fe, los fiscales elevaron un informe en el que se plantean situaciones que atentan contra la independencia de poderes. Entre ellas, la denuncia que presentó el senador del PJ, Armando Traferri, contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra por el hecho de que intentan investigarlo como posible cabeza de una organización dedicada al juego clandestino en Santa Fe. La Comisión también escuchará en la audiencia del 18 de marzo lo sucedido con los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack, denunciados cuando investigaban el manejo de los subsidios de los senadores, en 2017.
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