martes 23 de noviembre de 2021
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Juego ilegal: un dictamen de la Procuración de la Corte complica al senador Armando Traferri

El procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, declaró "admisible" el pedido de inconstitucionalidad realizado por el MPA sobre el artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia, que trata sobre los obstáculos legales para conseguir el desafuero de los legisladores.

El procurador general de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Barraguirre, dictaminó que es admisible el pedido de inconstitucionalidad realizado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) respecto del artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia, que trata sobre los obstáculos legales para conseguir el desafuero de legisladores que se encuentran en ejercicio del cargo. El dato lo adelantó Luis Mino en Aire de Santa Fe.

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La decisión favorece la investigación que llevan adelante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra sobre la protección política del juego ilegal, en la cual pretenden imputar al senador provincial del departamento San Lorenzo, Armando Traferri.

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Jorge Barraguirre, procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Jorge Barraguirre, procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

El dictamen, según interpretaron los fiscales de la causa del juego clandestino, deja en claro los alcances de la inmunidad legislativa (“fueros”), de tal forma que sus eventuales interpretaciones no afecten el deber del Estado argentino de dar cumplimento a los tratados internacionales sobre corrupción.

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Además, el dictamen de Barraguirre avanza sobre la cuestión de fondo y hace una valoración positiva de las pruebas producidas por el MPA contra Traferri. “Dice que no es un pedido caprichoso de imputativa, sino que hay muchas pruebas y mucho peso, incluso transcribe algunos audios de la investigación”, confirmó el fiscal Schiappa Pietra en declaraciones a AIRE.

En síntesis, ahora la Corte deberá resolver si el senador Armando Traferri puede ser imputado por los fiscales que investigan las redes de juego clandestino en la provincia de Santa Fe.

Los fiscales Matías Edery y Luis Schappa Pietra buscan las autorizaciones legales y jurídicas necesarias para poder citar a audiencia imputativa al legislador provincial luego de que en diciembre del 2020 la Cámara de Senadores de Santa Fe rechazara el pedido de los fiscales para quitarle la inmunidad legislativa a Traferri.

La discusión sobre si un legislador provincial puede ser imputado o no por la Justicia está centrada en las diferentes interpretaciones del artículo 27° del Código Procesal Penal (CPP) que establece que “cuando hubiera mérito para formular acusación respecto de un legislador o miembro de una convención constituyente, el Fiscal se abstendrá de hacerlo y así lo declarará por requerimiento fundado, solicitando a la Cámara o cuerpo respectivo el desafuero correspondiente”. Sobre este punto, los integrantes del MPA sostienen que no es necesario quitarle los “fueros” a un legislador para poder imputarle un delito.

Los fiscales señalan que esa norma va en contra de la Constitución Nacional que no plantea reparos a las imputaciones y procesamientos a legisladores nacionales.

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Tras el rechazo de la cámara alta al pedido de desafuero de Traferri, los fiscales Edery y Schiappa Pietra presentaron un pedido de inconstitucionalidad del artículo del CPP ante la jueza Eleonora Verón, quien finalmente, rechazó el planteo.

Ante esta situación, desde el MPA se apeló el rechazo. El juez de Apelación, José Luis Mascali admitió el recurso presentado por los fiscales y ahora será el máximo tribunal de la provincia quien deberá dirimir el conflicto.

En su dictamen, Barraguirre sostiene que la intención de los fiscales “no es arbitraria, ya que existe una convención interpretativa constitucional corriente firme en el sentido de la decisión” y resalta que existe “un conjunto de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avalan la decisión recurrida y un número de indicios que alejan, a primera vista, el carácter caprichoso de la pretensión fiscal”.