En la sala de audiencias del primero piso del Centro de Justicia Penal de Rosario quedó una silla vacía. Estaban todos. La jueza, los fiscales, los abogados defensores, salvo el senador provincial del PJ Armando Traferri, que decidió de manera premeditada faltar a la audiencia en la que se lo iba a imputar como “organizador” de una asociación ilícita que movía sus engranajes con el juego clandestino.
El senador Armando Traferri iba a ser imputado como organizador de una banda que operaba en el juego clandestino.
El fiscal Luis Schiappa Pietra fue claro con el mensaje que dejó al final: "Éste será un día que quedará en la historia judicial, como el día en que un senador decidió no venir a una obligación impuesta por un juez y le pidió a sus amigos en el Senado que lo banquen. Si seis firmas están por encima, cerremos todo ahora mismo", aseguró.
Schiappa Pietra junto a su colega Matías Edery llevaron adelante la investigación sobre juego clandestino en la que están detenidos el empresario que manejaba el negocio de las apuestas, Leonardo Peiti y los fiscales Patricio Serjal, preso en su casa, y Gustavo Ponce Asahad –detenido en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)-, sospechados de cobrar sobornos. El hombre que está acusado de triangular esas relaciones ni siquiera se presentó y por lo tanto no pudo ser imputado.
El abogado Oscar Romera explicó que Traferri no fue a la audiencia por su recomendación. Dijo que su asistencia significaba renunciar al recurso de apelación que presentó ante la Cámara que preside el juez José Luis Mascali, que aún no decidió si avala esa presentación. Más allá de los tecnicismos y los artilugios legales, Traferri no se presentó porque los fiscales estaban imposibilitados de ordenar su detención porque el senador está protegido por sus fueros. E incluso, en su fallo, Mascali dejó en claro que podrían imputarlo pero nunca detenerlo. Si Traferri fuera una persona sin fueros legislativos estaría preso.
Con esta jugada, el senador de San Lorenzo gana tiempo y espera a que el juez Mascali resuelva su pedido. Si avala el recurso, hasta 2023 no podrá ser imputado en una audiencia o hasta que la Corte Suprema de Santa Fe defina la cuestión, algo que no será pronto, según especulan en el MPA.
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La jueza Eleonora Verón explicó en la audiencia que la declaración de rebeldía sería una acción contraria a la idea de que el senador se presente. Por eso, dispuso reprogramar una nueva audiencia. El tiempo juega a favor del senador porque aún no hay una fecha para convocarlo.
La imagen que subsiste a este trámite es brutal, y tan violenta como los disparos que perforaron los vidrios del Centro Penal de Justicia el jueves, un día antes de que Ariel Máximo Cantero, el líder de Los Monos, empiece a ser juzgado por los 14 atentados contra magistrados. Traferri hizo todo lo posible para evitar que se lo impute y sólo una vez pisó los tribunales en compañía de su ex abogado José Luis Vázquez, quien siempre le recomendó que no se presentara.
Pero esa postura no sólo la tomó Traferri, sino también el resto de los senadores radicales y peronistas que, como señaló el fiscal Schiappa Pietra, lo “bancaron” el jueves pasado, cuando votaron un respaldo explícito al legislador acusado, un documento que llevaba la firma del propio hombre que este lunes debía ser imputado.
Esa oscuridad institucional no tiene vuelta atrás. No es algo que genere la atracción de multitudes ni esté al tope de la agenda de los medios, pero marca un retroceso en Santa Fe que va a repercutir en un futuro cercano, y marca que nadie se puede meter, ni siquiera la Justicia, con un núcleo de poder calcificado como el Senado, que sólo mueve su maquinaría política con fondos públicos.
El miércoles 4 de agosto a las 15.40, Traferri presentó una nota a la presidenta de la Cámara alta Alejandra Rodenas para informar que el 21 de julio pasado recibió “una notificación para asistir a una audiencia oral este lunes en carácter de imputado dentro de un sumario judicial”.
El legislador explicó en el documento que “como es lógico y tratándose de la misma causa, el Senado ha rechazado la solicitud de desafuero en diciembre de 2020 por los fiscales actuantes, de modo que a pesar de la decisión del cuerpo se insiste en convocarme”.
Traferri le pidió a Rodenas que ante la citación “se me indique el temperamento a seguir, ya que corresponde a ese cuerpo (el Senado) que se expida antes de la fecha de la audiencia”.
El 24 de julio, la fiscal Regional María Laura Irribarren ordenó la reapertura de una causa en la que se investigaba el supuesto manejo oscuro de fondos públicos por parte de cinco senadores peronistas. Por ahora la orden sólo fue para que se profundizara la pesquisa sobre Traferri, pero probablemente el resto de los legisladores también vuelvan a ser investigados, como había pedido el exconcejal Jorge Boasso, que entre los apuntados puso la lupa en Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio), Hugo Rasetto (UCR-Iriondo), José Baucero (PJ-San Javier) y Traferri. La defensa de Traferri sobrepasa la figura del senador de San Lorenzo.
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