Nuevo edificio de Tribunales en Santa Fe: el paso a paso de la disputa que puede definirse en Buenos Aires
El nuevo edificio de Tribunales en Santa Fe es escenario de una disputa entre la Corte Suprema, el MPA y el MPD que podría resolverse en Buenos Aires.
Las titulares del Ministerio Público (Estrella Moreno Robinson, Defensora General, y María Cecilia Vranicich, Fiscal General) y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez.
La disputa por la distribución de espacios en el nuevo edificio anexo de Tribunales de Santa Fe dejó de ser una diferencia administrativa para convertirse en uno de los conflictos institucionales más importantes que atraviesa hoy el Poder Judicial provincial. A pocos días de la inauguración del inmueble, prevista para el 30 de junio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD) sostienen un fuerte enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia provincial por el destino de las oficinas que ocuparán ambos organismos.
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Sin embargo, el conflicto no comenzó ahora. Se originó en febrero de este año y fue escalando a partir de una serie de decisiones de la Corte y de los sucesivos planteos formulados por las titulares de ambos ministerios públicos, la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora provincial Estrella Moreno Robinson.
El origen de la disputa entre la Corte Suprema, el MPA y el MPD
La primera decisión que desencadenó el conflicto fue una acordada dictada por la Corte Suprema en febrero de 2026.
En esa resolución, el máximo tribunal provincial estableció que el Poder Judicial tendría prioridad para ocupar el nuevo edificio anexo y que el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa recibirían espacios únicamente en la medida en que existiera disponibilidad una vez concluida la mudanza de las dependencias judiciales.
Para el MPA y el MPD, esa decisión modificaba el esquema de ocupación previsto hasta ese momento y desconocía el destino institucional que ya había sido asignado años antes a ambos organismos.
Según sostienen, en 2021 la Secretaría de Gobierno de la Corte había afectado formalmente espacios específicos dentro del edificio: el primer piso para el Ministerio Público de la Defensa, con una superficie de 1.030 metros cuadrados, y el cuarto y quinto piso, además de parte del subsuelo, para el Ministerio Público de la Acusación, con 2.582 metros cuadrados. Esa asignación es uno de los principales fundamentos del reclamo actual.
Como respuesta a la acordada de febrero, ambos organismos presentaron un recurso de revocatoria solicitando que la propia Corte dejara sin efecto aquella decisión y mantuviera la distribución originalmente prevista.
Un reclamo que nunca fue respondido
El primer recurso administrativo nunca obtuvo respuesta. Ante el silencio de la Corte Suprema, tanto el Ministerio Público de la Acusación como el Ministerio Público de la Defensa promovieron un pronto despacho, mecanismo mediante el cual solicitaron que el máximo tribunal resolviera el recurso pendiente. Sin embargo, tampoco ese planteo recibió contestación.
Mientras ese expediente continuaba sin resolución, la Corte avanzó con una nueva definición sobre la ocupación del edificio. En junio, el máximo tribunal dictó una nueva acordada que volvió a modificar el esquema de distribución.
En esta oportunidad dispuso asignar al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa una parte del edificio anexo, pero complementando esa solución con la utilización del inmueble donde actualmente funciona el Fuero Laboral, ubicado en la zona de San Martín y Eva Perón.
La propuesta fue rechazada por ambos organismos, que consideran que esa distribución altera el proyecto original del Centro de Justicia Penal, fragmenta físicamente el funcionamiento del sistema acusatorio y desconoce la autonomía institucional que la reforma constitucional de 2025 otorgó a ambos ministerios públicos.
Frente a esa nueva decisión, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson presentaron un segundo recurso de revocatoria, que hoy constituye el eje central del conflicto.
Además solicitaron una medida de no innovar para impedir que la redistribución de oficinas se concrete antes de que exista una resolución definitiva sobre el reclamo administrativo.
Los argumentos de los ministerios públicos
En el nuevo recurso y en un comunicado conjunto difundido esta semana, ambas titulares sostienen que la decisión de la Corte vulnera la Cláusula Transitoria Décimo Sexta de la Constitución reformada en 2025, que establece que el uso y destino de los inmuebles afectados al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal no pueden ser modificados sin la conformidad de esos organismos.
Afirman que esa conformidad nunca fue solicitada y, por lo tanto, la reasignación de espacios resulta contraria al nuevo texto constitucional.
Otro de los ejes del planteo apunta al origen de los recursos con los que fue financiada la obra. Recuerdan que el edificio fue construido mediante un crédito internacional autorizado por la Ley Provincial Nº 13.543, cuyo objeto específico era la construcción del Centro de Justicia Penal de Santa Fe. Por ese motivo, entienden que destinar parte del inmueble a otras dependencias judiciales implica apartarse del destino para el cual fueron aprobados esos fondos públicos.
En el comunicado también remarcan que la Constitución debe ser respetada "especialmente por quienes nos desempeñamos como funcionarias y funcionarios públicos del Servicio de Justicia", ratifican su decisión de continuar con todas las acciones legales disponibles y reiteran que mantienen su disposición al diálogo. Incluso recuerdan que el 1º de abril presentaron una nota conjunta ante la Corte Suprema proponiendo una instancia de diálogo institucional, la cual —afirman— nunca obtuvo respuesta.
Los argumentos de la Corte Suprema de Justicia
Desde la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sostienen que la prioridad en la ocupación del nuevo edificio corresponde al Poder Judicial. Así lo ratificó el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, quien recordó que esa posición ya había sido fijada. "La Corte Suprema ya se expidió sobre eso y dijo que sobre ese espacio tiene prioridad el Poder Judicial", afirmó durante la inauguración de las XII Jornadas Institucionales de la Junta Federal de Cortes.
El magistrado explicó que esa decisión se apoya en la reforma constitucional de 2025. “Hay que tener en cuenta que el Ministerio Público ya no integra más el Poder Judicial. La Convención Reformadora decidió que tanto el Ministerio Público de la Defensa como el Ministerio Público de la Acusación sean órganos extrapoder”, esgrimió.
En ese marco, señaló que la Corte definió una planificación institucional para concentrar las dependencias judiciales en el nuevo edificio anexo y en el inmueble ubicado en Tucumán y Urquiza. "Nosotros dijimos que vamos a dar prioridad al Poder Judicial para centralizar todas las dependencias en el nuevo edificio y en el edificio de Tucumán y Urquiza", sostuvo.
Qué puede pasar ahora
El conflicto todavía permanece en una instancia administrativa. La Corte Suprema deberá resolver el segundo recurso de revocatoria presentado contra la acordada de junio. Si mantiene su decisión o continúa sin pronunciarse, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa sostienen que agotarán todas las vías disponibles dentro de la provincia.
Recién entonces el conflicto ingresará en la etapa judicial. Si eso sucediera, el reclamo será judicializado en Santa Fe y deberá recorrer las instancias previstas por la legislación provincial hasta obtener una sentencia definitiva.
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Si ese fallo plantea cuestiones de naturaleza federal —como la autonomía constitucional de los ministerios públicos, la división de poderes o el alcance de la reforma constitucional santafesina— ambos organismos podrán interponer un recurso extraordinario federal.
En caso de que ese recurso sea rechazado, todavía quedará la posibilidad de presentar una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tanto el recurso administrativo como el comunicado conjunto anticipan esa estrategia al dejar formulada una reserva de caso federal y advertir que, de persistir la situación, evaluarán acudir no solo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sino también, eventualmente, a tribunales internacionales.