La Corte puso a disposición del MPA y la Defensa Pública dos sedes judiciales de Santa Fe
Una es el sexto piso del edificio en construcción de Avenida General López al 2761 y la otra es la sede actual de los tribunales y juzgados laborales en la Peatonal San Martín.
El futuro anexo del Poder Judicial está ubicado sobre 9 de Julio, entre General López y 3 de Febrero.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe puso a disposición del Ministerio Público de la Acusación y Defensa Pública dos sedes judiciales de la capital provincial. Una de ellas es el sexto piso del Edificio “Anexo Palacio de Justicia”, situado en avenida General López al 2761 del barrio Sur, el cual está pronto a ser inaugurado; y la otra es la que se encuentra en la Peatonal San Martín 2651, en donde actualmente funciona el Juzgado Laboral.
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El ofrecimiento se dio a partir de un Acuerdo Ordinario, firmado el martes y el cual, según indican, tendría una superficie aproximadamente de 4000 metros cuadrados. “Esta decisión se fundamenta en los estudios arquitectónicos de rigor, que el Alto Cuerpo consideró”, indicaron desde la Corte, a través de un comunicado.
“La Corte Suprema invita a los representantes del Ministerio Público a una instancia de diálogo con miras a materializar lo aquí citado”, concluyeron desde el máximo tribunal.
Un conflicto por el espacio
La reciente puesta a disposición se da luego de un conflicto institucional originado a raíz de una acordada firmada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la cual determinó que el nuevo edificio anexo a los Tribunales de Santa Fe iban a ser destinados con prioridad exclusiva al funcionamiento de sus propias dependencias jurisdiccionales.
Ante esta medida, las titulares del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, y del Ministerio Público de la Defensa (MPD), Estrella Moreno Robinson, presentaron recursos de revocatoria impugnando la decisión. Ambas funcionarias argumentaron que la resolución de la Corte violaba la Disposición Transitoria Décimo Sexta de la reformada Constitución Provincial —la cual prohíbe modificar el destino de inmuebles ya previstos para los Ministerios Públicos sin su expresa conformidad— y vulnera las garantías de autonomía funcional y financiera de sus organismos.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, ratificó firmemente la postura del máximo tribunal sosteniendo que "el edificio es del Poder Judicial" y argumentando que, tras la última reforma constitucional, los Ministerios Públicos ya no integran dicho poder del Estado.
Asimismo, el tribunal aclaró que la posibilidad de darles sedes a los ministerios será únicamente si quedan lugares sobrantes una vez finalizadas sus propias readecuaciones operativas. A pesar de los recurrentes reclamos edilicios planteados por el MPA —organismo que advierte sobre las precarias condiciones de sus actuales dependencias alquiladas— y de un proyecto aprobado por el Senado provincial exigiendo abrir una mesa de diálogo, la falta de respuestas formales ha profundizado la disputa, proyectando el conflicto hacia una inminente escalada judicial ante la Corte Suprema de la Nación.