El debate no es nuevo. Incluso, podría decirse que se trata de una discusión que lleva más de 40 años, los mismos de la democracia en Argentina: cómo se encuadra lo ocurrido durante la dictadura cívico militar. La mayoría del arco político nacional, la justicia, las organizaciones y organismos sociales y de derechos humanos argentinos e internacionales interpretan que los hechos son actos de genocidio y delitos de lesa humanidad. Sin embargo, los militares, otro sector de la justicia y espacios de derecha y extrema derecha sostienen que se trató de una guerra entre el Estado nacional y los grupos subversivos, es decir, reivindican la dictadura y avalan la teoría de los dos demonios.
Sectores de derecha y extrema derecha vuelven a plantear la teoría de los dos demonios y reivindican el accionar de la dictadura.
Una actividad convocada para el lunes en la Legislatura porteña como un "homenaje a las víctimas del terrorismo" e impulsada por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA) Victoria Villaruel -que esta semana fue vinculada a genocidas como Jorge Videla o Miguel Etchecolatz- recibió este sábado el rechazo de diferentes sectores.
Se trata de una reivindicación de la represión estatal contra la llamada "subversión". La CTA y sectores de la izquierda solicitaron la suspensión del encuentro por considerarlo "provocador", en el marco de los 40 años de democracia, y convocaron a una manifestación en repudio. El acto está previsto para el lunes a las 17 en el Salón Dorado de Legislatura porteña, organizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), del que Villarruel es presidenta honoraria; y también por la legisladora Lucía Montenegro (LLA), en el que está previsto que diserten Lorenza Ferrari. Graciela Saraspe y Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974.
En tal sentido, legisladores, actores de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y sindicales repudiaron este domingo el acto negacionista y solicitaron a la Legislatura su inmediata suspensión. Enterada de esta actividad, la CTA de los Trabajadores que lidera el diputado nacional kirchnerista Hugo Yasky difundió un comunicado de "repudio enérgico" al "acto negacionista" que convoca Villarruel.
"A 40 años de la vuelta de la democracia, es alarmante que haya diputados y diputadas negando la historia, la tortura y el asesinato de 30.000 compañeros y avalando la última dictadura cívico-militar, algo que constituye una violación a la legislación vigente. Reivindicar el terrorismo de estado no solo va contra las leyes de nuestro país, sino del más elemental sentido común y la convivencia democrática", sostienen. "Asimismo, nos preocupa que la fuerza principal de la Legislatura porteña, un ámbito que también fue víctima de la dictadura, brinde y garantice un espacio para estos discursos que van en contra del fortalecimiento de los valores democráticos fundamentales", agregan en el escrito.
Por último, señalaron "la necesidad de que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires cancele este acto y cualquier tipo de eventos de las mismas características".
Tres proyectos que proponen sancionar el negacionismo
Los tres proyectos que tienen estado parlamentario fueron presentados por los diputados de la alianza oficialista Eduardo Fernández, Estela Fernández y Carolina Moisés, que propusieron diferentes modalidades sancionatorias contra expresiones negacionistas divulgadas en medios de comunicación, con agravantes en caso de que sean realizadas por funcionarios públicos. Todas las propuestas -que en su paradigma se complementan- deben ser tratadas en la comisión de Legislación Penal, en manos de la oposición.
El primer proyecto fue ingresado en marzo del 2022 por la diputada nacional chubutense Estela Hernández, que propone condenar con prisión de dos meses a dos años a quienes incurran en el negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, que sería incorporado como delito en el Código Penal.
En septiembre del 2022 el diputado cordobés Eduardo Fernández presentó una propuesta que tiene como objeto sancionar toda conducta pública de negación, apología o reivindicación respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. En este caso, la pena mínima sería de tres meses de prisión y la "destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años" en caso de funcionarios públicos.
El último proyecto fue realizado por la diputada nacional jujeña Carolina Moisés, que planteó sanciones contra "el negacionismo y la apología respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad". Además, prevé "inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de la condena" y la obligatoriedad de una formación en derechos humanos para habilitar a que un funcionario sancionado ocupe nuevamente un puesto.
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