Pese a la presión de la Iglesia y los organismos de derechos humanos, el oficialismo sancionaría con cambios la prohibición de los cuidacoches
El oficialismo intentará darle en Diputados sanción definitiva a la prohibición de los cuidacoches, para lo cual intensifica los acuerdos internos, por lo que la ley se aprobaría con cambios y volvería al Senado. Fuerte presión de la Iglesia y organismos de derechos humanos en contra de esa iniciativa.
La Cámara de Diputados de Santa Fe intentará este jueves darle sanción definitiva al proyecto de ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches en toda la provincia.
La Cámara de Diputados de Santa Fe intentará este jueves darle sanción definitiva al proyecto de ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches en toda la provincia. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y con media sanción del Senado, llega al recinto en medio de una fuerte controversia política, social e institucional.
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Este miércoles, legisladores recibieron a representantes de la Pastoral Social de la Iglesia Católica y a integrantes de organismos de derechos humanos, quienes expresaron reparos a la propuesta y reclamaron que cualquier decisión contemple la situación de vulnerabilidad de quienes dependen de esta actividad para subsistir.
Pese a la presión de la Iglesia, el oficialismo intentará prohibir a los cuidacoches
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Si bien la intención mayoritaria del interbloque oficialista de Unidos para Cambiar Santa Fe es aprobar el proyecto —que cuenta con el respaldo de municipios e intendentes que reclaman mayores herramientas para intervenir en el espacio público—, la presión ejercida por distintos sectores y la falta de consenso interno mantienen abierto el resultado de la votación.
Ante este escenario, las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y de Seguridad Púbica volverán a reunirse durante la mañana de este jueves y antes de la sesión para intentar conseguir las firmas del dictamen. En este sentido, lo que se maneja es que se aprobaría la ley, pero con cambios, como por ejemplo poner jueces de faltas para Santa Fe y Rosario. De este modo, volvería al Senado para ser nuevamente evaluada con esas modificaciones.
La iniciativa impulsada por el senador Ciro Seisas establece la prohibición de ofrecer servicios de cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de una retribución económica. Además, prevé sanciones económicas, arrestos en casos de reincidencia y agravantes para situaciones vinculadas a organizaciones o acuerdos entre varias personas.
Uno de los principales puntos de discusión gira en torno a quién será la autoridad encargada de controlar y aplicar la ley. Esa definición generó diferencias dentro del propio oficialismo y derivó en negociaciones para introducir modificaciones que permitan destrabar el tratamiento parlamentario.
La Iglesia pidió priorizar la inclusión
En la antesala del debate, la Pastoral Social de las Arquidiócesis de Santa Fe y Rosario expusieron ante diputados provinciales y cuestionó el enfoque de la iniciativa.
Bajo el título "La dignidad humana como eje de la convivencia urbana", la Iglesia sostuvo que el fenómeno de los cuidacoches está asociado principalmente a la pobreza, la informalidad laboral y la falta de oportunidades, por lo que advirtió que una prohibición generalizada podría agravar los procesos de exclusión social.
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Durante la reunión, el asesor espiritual de la Pastoral Social, Andrés Clausen, remarcó que la Iglesia no se pronuncia específicamente a favor o en contra de una prohibición, pero sí reclama que cualquier medida contemple criterios de gradualidad, inclusión y acompañamiento social.
"Tenemos que ofrecer caminos de inclusión y desarrollo para todas las personas. No puede quedar nadie afuera", sostuvo el sacerdote.
La entidad también propuso avanzar en mecanismos de regulación, registro e identificación de quienes realizan la actividad, junto con programas de capacitación e inserción laboral.
Cuestionamientos desde los derechos humanos
Las críticas no llegaron solamente desde la Iglesia. Organismos nucleados en el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe también expusieron ante los legisladores y cuestionaron con dureza el proyecto.
Guillermo Muné, integrante de la organización, calificó la propuesta como "cruenta, abusiva e inhumana" y sostuvo que criminaliza la pobreza al sancionar actividades que, en muchos casos, se desarrollan de manera voluntaria y sin generar daños a terceros.
Además, afirmó que la iniciativa presenta serios problemas de constitucionalidad al castigar conductas que forman parte de acuerdos libres entre ciudadanos y al habilitar sanciones basadas en percepciones subjetivas sobre supuestas situaciones intimidatorias.
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En un documento elaborado junto a organizaciones sociales y de derechos humanos, el Foro sostuvo que el proyecto profundiza la exclusión de personas en situación de vulnerabilidad y reclamó políticas públicas orientadas al trabajo, la inclusión y la protección de derechos fundamentales.
El respaldo de municipios e intendentes
Del otro lado del debate se ubican intendentes y gobiernos locales que respaldan la iniciativa y consideran que la ley brindará herramientas para ordenar el espacio público y enfrentar situaciones vinculadas a amenazas, extorsiones o apropiación indebida de sectores de estacionamiento.
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, expresó su apoyo al proyecto, aunque reconoció que la norma por sí sola no resolverá los problemas estructurales de pobreza y exclusión.
"Esta ley no va a solucionar la pobreza", admitió el mandatario, aunque consideró que puede contribuir a ordenar una problemática que genera reclamos recurrentes por parte de vecinos y comerciantes.
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Con posiciones encontradas, presiones de distintos sectores y diferencias aún no saldadas dentro del propio oficialismo, la Cámara de Diputados afrontará este jueves una sesión que promete ser una de las más debatidas del año. Lo que está en discusión no es solamente el futuro de los cuidacoches, sino también el modo en que el Estado debe intervenir frente a fenómenos atravesados por la inseguridad, la informalidad laboral y la exclusión social.