La Iglesia advierte que prohibir a los cuidacoches agravará la exclusión social en Santa Fe
La Pastoral Social de la Iglesia cuestionó el proyecto con media sanción del Senado y pidió priorizar inclusión, gradualidad y empleo antes que sanciones.
La Pastoral Social de la Iglesia volvió a expresar su rechazo al proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en la provincia y pidió a los diputados que prioricen la inclusión social, la dignidad humana y políticas de acompañamiento.
En una reunión de la comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de Santa Fe, la Pastoral Social de la Iglesia volvió a expresar su rechazo al proyecto que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en la provincia y pidió a los diputados que prioricen la inclusión social, la dignidad humana y políticas de acompañamiento para los sectores más vulnerables antes de avanzar con medidas punitivas.
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La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado santafesino, tiene preferencia para ser tratada este jueves en la Cámara de Diputados. En ese marco, representantes de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santa Fe y de Rosario expusieron ante legisladores y plantearon reparos al enfoque del proyecto.
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Bajo el título "La dignidad humana como eje de la convivencia urbana", el documento difundido por la Iglesia sostiene que el debate excede la discusión sobre los llamados "trapitos" y remite a problemáticas más profundas vinculadas con la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades laborales.
"Lo que vemos en la calle no es un problema de orden público, sino una manifestación de necesidades más profundas. Este no es tanto un debate sobre 'trapitos sí o no'. Es un debate sobre cómo el Estado distingue, cómo regula y cómo responde frente a la vulnerabilidad", señalaron desde la Pastoral.
En el texto, la Iglesia distingue entre quienes realizan tareas de cuidado o limpieza de vehículos de manera voluntaria y pacífica para obtener un ingreso, y aquellos casos en los que existen amenazas, extorsiones o estructuras delictivas organizadas.
Según la postura expresada ante los legisladores, las conductas vinculadas a la violencia o la coacción deben ser sancionadas con firmeza, pero advierten que una prohibición generalizada podría terminar criminalizando a personas que encuentran en esta actividad una forma de subsistencia.
"La intervención del Estado debe priorizar la persecución de las estructuras coordinadas y mafiosas por sobre la sanción del eslabón más débil, que es el trabajador informal aislado", afirmaron.
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La Pastoral también puso el foco en el contexto económico y social. Consideró que el fenómeno de los cuidacoches está estrechamente relacionado con la informalidad laboral y sostuvo que la prohibición, por sí sola, no resolverá el problema.
"Querer erradicar la actividad mediante una prohibición general abstracta, sin transformar las causas subyacentes, es una ilusión ineficaz", remarcaron. Además, alertaron que la medida podría simplemente desplazar la actividad hacia zonas con menor control estatal.
Como alternativa, la Iglesia propuso avanzar en mecanismos de regulación que incluyan un registro oficial de cuidacoches, zonas de trabajo delimitadas, identificación de los trabajadores y políticas públicas que permitan diferenciar a quienes desarrollan la actividad de manera pacífica de quienes participan en prácticas extorsivas.
Asimismo, reclamó que cualquier modificación normativa esté acompañada por programas de inclusión social, capacitación laboral, asistencia alimentaria y acceso a la salud para las personas afectadas.
"No puede quedar nadie afuera"
Tras la reunión con los legisladores, el asesor espiritual de la Pastoral Social, Andrés Clausen, valoró la posibilidad de exponer la posición de la Iglesia y destacó la necesidad de que el debate contemple todas las dimensiones del problema.
"Abogamos para que se pueda resolver teniendo en cuenta todas las aristas, que no se deje nadie afuera. Nadie va a estar en contra de que se respete la dignidad de todas las personas", expresó.
Clausen remarcó además la importancia del principio de solidaridad y consideró que debe formar parte de cualquier solución legislativa.
"Es un principio que como argentinos nos ha distinguido en las crisis más difíciles. A la hora de establecer una norma se tiene que atender absolutamente a todo. No puede quedar nadie afuera", sostuvo.
Consultado sobre la posibilidad de que la Legislatura apruebe la prohibición, aclaró que la Iglesia no se pronuncia específicamente a favor o en contra de una herramienta legislativa determinada, aunque insistió en que deben contemplarse mecanismos de transición e inclusión.
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"La Iglesia no determina una prohibición o una no prohibición. Nosotros establecimos principios que, aun en el caso de que se llegue a una prohibición, deberían ser tenidos en cuenta. Especialmente hay una gradualidad que tenemos que atender en la resolución de este tipo de conflictos", explicó.
En esa línea, señaló que es necesario ofrecer "caminos de inclusión" para quienes hoy encuentran en esta actividad una respuesta inmediata frente a la falta de empleo formal.
Finalmente, advirtió que una prohibición por sí sola difícilmente resuelva el problema de fondo. "Nos parece que la prohibición simplemente va a ser un desplazamiento de la problemática y llegar a un excesivo control de cada una de las situaciones no nos parece la solución más adecuada", afirmó.
Mientras el proyecto se encamina a una definición en la Cámara de Diputados, la postura de la Iglesia suma una nueva voz a un debate que ya generó fuertes discusiones políticas y sociales en torno al rol del Estado, la seguridad urbana y las consecuencias que una eventual prohibición podría tener sobre cientos de personas que dependen de esta actividad para subsistir.
"Criminaliza la pobreza": fuerte rechazo de Derechos Humanos al proyecto para prohibir cuidacoches en Santa Fe
También expuso su postura el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, que calificó al proyecto con media sanción del Senado como una iniciativa "cruenta, abusiva, cobarde e inhumana" y advirtió que criminaliza la pobreza y vulnera derechos constitucionales.
Guillermo Munné, integrante de la organización, sostuvo que la propuesta legislativa "en vez de proteger a las personas en mayor situación de vulnerabilidad social, las ataca" y aseguró que el texto contiene "un conglomerado de transgresiones a la Constitución Nacional y al bloque constitucional de protección de derechos humanos".
Según explicó, uno de los aspectos más cuestionados es que el proyecto sanciona conductas que pueden ser acordadas voluntariamente entre ciudadanos y que no generan daños concretos. "Se le da cuerpo penal al prejuicio y al estereotipo antidemocrático, clasista o racista que pueda tener una persona", afirmó.
Munné argumentó además que la iniciativa vulnera el principio de lesividad contemplado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, ya que busca castigar acciones privadas que no producen perjuicios a terceros. "No puede ejercerse el poder punitivo del Estado contra un acto libre entre ciudadanos adultos que no cause daño", remarcó.
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El referente también cuestionó el agravamiento de las sanciones previsto para quienes desarrollen la actividad en zonas de estacionamiento medido. "La misma conducta tiene una sanción en un lugar y, diez cuadras más allá, el doble. Se quiere reservar determinados espacios urbanos para los sectores privilegiados y excluir de ellos a las personas pobres", sostuvo.
En ese sentido, vinculó la propuesta con prácticas de discriminación por condición socioeconómica y habló de "aporofobia", término utilizado para describir el rechazo o la hostilidad hacia las personas en situación de pobreza.
Las objeciones del Foro quedaron plasmadas en un documento elaborado junto a la Asociación Civil Tramas y otras organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. Allí se sostiene que el proyecto promueve una "criminalización de la pobreza" y resulta inconstitucional porque sanciona a personas que realizan tareas informales de cuidado o limpieza de vehículos aun cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad social y reciban retribuciones voluntarias por esos servicios.
El texto también cuestiona que la iniciativa habilite sanciones basadas en percepciones subjetivas de terceros sobre supuestas situaciones intimidatorias, aun cuando no exista un daño objetivo comprobable. Los autores consideran que ello contradice el principio de lesividad y fomenta prácticas discriminatorias hacia los sectores más empobrecidos.
Asimismo, el documento cita recomendaciones de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos, que insta a los Estados a garantizar el acceso de los trabajadores informales al espacio público mediante marcos regulatorios adecuados, en lugar de adoptar respuestas punitivas.
En sus conclusiones, las organizaciones sostienen que la propuesta "criminaliza una actividad de subsistencia", impone sanciones que consideran desproporcionadas y profundiza procesos de exclusión social sobre personas que ya se encuentran fuertemente vulnerabilizadas. Además, reclaman que el Estado priorice políticas públicas orientadas al trabajo, la inclusión social y la garantía de derechos fundamentales.