La investigación judicial sobre una red de juego clandestino en la provincia de Santa Fe, y que salpica a los ámbitos políticos y judicial, pudo haber tenido este jueves un impulso importante.
Es que el exfiscal Gustavo Ponce Asahad pidió acogerse a la figura del arrepentido. Si bien el ex integrante del MPA no quedó aún formalizado bajo esa figura, declaró por dos horas ante la jueza Verón.
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En la misma audiencia, la magistrada prorrogó la prisión preventiva para Ponce Asahad por al menos 45 días.
Por otro lado, el exfiscal Serjal, que en agosto cumple un año preso y que este jueves estrenó abogados en la audiencia, seguirá en prisión domiciliaria por al menos 90 días más.
Lo resolvió la misma jueza Eleonora Verón tras el pedido de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.
En diciembre pasado, el fiscal Matías Merlo elevó a la Oficina de Gestión Judicial de Melincué la investigación contra Peiti, que ahora enfrentará la audiencia preliminar antes de que se fije fecha de juicio.
El empresario está en libertad porque en la causa que enfrenta en Rosario se presentó como arrepentido, cuando el año pasado declaró ante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra que pagaba sobornos a los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, quienes fueron detenidos en agosto pasado. A partir de la declaración que prestó Ponce Asahad la causa tuvo fuertes repercusiones políticas luego de que señalara al senador Armando Traferri como el nexo entre Peiti y los fiscales.
“Es un manual de lavado de dinero”. Con esa frase el fiscal Matías Edery buscó describir la estructura de blanqueo de plata que funcionaba en torno a Leonardo Peiti, el empresario que manejaba el juego clandestino en la provincia de Santa Fe.
En esa trama aparecen dos personas claves, según el fiscal: José Fernández Chemez y Oscar “Popi” Larrauri, que serán imputados luego de que se terminen de analizar tres cajas con documentación relevante que se secuestraron durante los allanamientos que se produjeron entre fines de diciembre y el 11 de febrero pasado.
La clave para entender las maniobras de supuesto lavado de dinero es el negocio de juego legal que maneja Peiti. Posee la concesión de un casino en Formosa, maneja el negocio de las máquinas tragamonedas en Misiones –que funcionan en las salas de la lotería- y el juego online en Paraguay.
Según apuntaron fuentes judiciales a Aire de Santa Fe, cada vez que Peiti necesitaba liquidez en sus empresas legales movía el engranaje de lavado de dinero. Hacía acuerdos mutuos en dólares, con personas que no tenían capacidad económica para contar con divisas y estaban inscriptos en la AFIP como monotributistas. Realizaba a través de terceros la compra y venta de inmuebles y vehículos de alta gama. En parte de esos movimientos participaban el ex secretario legal y técnico de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y el expiloto de Fórmula Uno.
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