“Es un manual de lavado de dinero”. Con esa frase el fiscal Matías Edery buscó describir la estructura de blanqueo de plata que funcionaba en torno a Leonardo Peiti, el empresario que manejaba el juego clandestino en la provincia de Santa Fe.
Leonardo Peiti, el “zar” juego clandestino en la provincia de Santa Fe, ahora quedó imputado en una causa por lavado de activos y estafa procesal.
En esa trama aparecen dos personas claves, según el fiscal: José Fernández Chemez y Oscar “Popi” Larrauri, que serán imputados luego de que se terminen de analizar tres cajas con documentación relevante que se secuestraron durante los allanamientos que se produjeron entre fines de diciembre y el 11 de febrero pasado.
La clave para entender las maniobras de supuesto lavado de dinero es el negocio de juego legal que maneja Peiti. Posee la concesión de un casino en Formosa, maneja el negocio de las máquinas tragamonedas en Misiones –que funcionan en las salas de la lotería- y el juego online en Paraguay.
Según apuntaron fuentes judiciales a Aire de Santa Fe, cada vez que Peiti necesitaba liquidez en sus empresas legales movía el engranaje de lavado de dinero. Hacía acuerdos mutuos en dólares, con personas que no tenían capacidad económica para contar con divisas y estaban inscriptos en la AFIP como monotributistas. Realizaba a través de terceros la compra y venta de inmuebles y vehículos de alta gama. En parte de esos movimientos participaban el ex secretario legal y técnico de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y el expiloto de Fórmula Uno.
“Lo que surge del análisis de la información es que Peiti llevaba adelante operaciones de lavado de dinero, con fondos que provendrían del juego clandestino, cuando necesitaba plata blanca para sus negocios legales, en los casinos que manejaba en diferentes provincias”, afirmó uno de los investigadores judiciales.
Este nuevo capítulo de la causa de juego clandestino aún está en periodo de análisis hasta que se produzca la audiencia imputativa contra Fernández Chémez y Larrauri. Peiti sumará otra imputación sobre sus espaldas, en momentos en que otra causa preocupa al empresario.
El próximo 17 de marzo se llevará adelante en Melincué la audiencia preliminar de juicio contra Peiti, que está acusado de organizador de una asociación ilícita que manejaba el juego clandestino. La defensa de Peiti, en manos del abogado Angelo Rossini, va a plantear en esa audiencia que es incompatible la imputación por asociación ilícita y por juego clandestino. Rossini explicó a Aire de Santa Fe que la figura de asociación ilícita es para fines indefinidos. “Siempre son más de un delito”, apuntó. Y en este caso lo único que se adjudica a Peiti es organizar el juego clandestino.
Peiti podría ir preso si es condenado en esta causa, porque la figura que se imputa tiene una pena que va de cinco a un máximo de diez años. En esa causa hay cuatro personas que aceptaron las acusaciones por juego clandestino y acordaron sendos juicios abreviados.
En diciembre pasado, el fiscal Matías Merlo elevó a la Oficina de Gestión Judicial de Melincué la investigación contra Peiti, que ahora enfrentará la audiencia preliminar antes de que se fije fecha de juicio.
El empresario está en libertad porque en la causa que enfrenta en Rosario se presentó como arrepentido, cuando el año pasado declaró ante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra que pagaba sobornos a los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal, quienes fueron detenidos en agosto pasado. A partir de la declaración que prestó Ponce Asahad la causa tuvo fuertes repercusiones políticas luego de que señalara al senador Armando Traferri como el nexo entre Peiti y los fiscales.
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Luego se originó una extensa trama oscura a partir de que los fiscales Edery y Schiappa Pietra enfrentaran un revés en el Senado santafesino, cuando a mediados de diciembre los legisladores rechazaron el pedido para retirar los fueros que protegían a Traferri.
Los fiscales presentaron un pedido de inconstitucionalidad del artículo 27 del código procesal penal que regula la protección de los fueros de los legisladores santafesinos. A la par avanzaron con la causa de lavado. La causa por juego clandestino no quedó paralizada tras la imposibilidad de imputar a Traferri, sino todo lo contrario, al avanzar sobre el entramado de lavado, Popi Larrauri, quien será imputado, es un hombre muy cercano al senador.
La respuesta del Senado de Santa Fe al avance de la investigación fue crear una comisión para controlar el desempeño de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La iniciativa la presentó el propio Traferri.
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Esta maniobra generó la rebelión y el repudio de los fiscales de Santa Fe, que decidieron no girar directamente los legajos de las investigaciones a esa comisión del Senado hasta ser evaluados por la máxima jerarquía del MPA.
El fiscal general Jorge Baclini dijo el martes en una conferencia de prensa junto a los jefes del MPA en cada región que la Cámara alta de Santa Fe se puso en el rol de “ejercer la defensa de uno de sus miembros” que está siendo investigado, una postura que –según el funcionario- “significa un grave condicionamiento y presión” sobre los fiscales. Baclini consideró que con la aprobación de la comisión de seguimiento del Senado los legisladores podrían estar incurriendo “en el delito de abuso de autoridad”.
Se gestó una puja entre poderes, que –según la visión de la Asociación de Fiscales de Santa Fe- es una “intromisión lisa y llana al Poder Judicial y una violación de la Constitución nacional”. Una postura similar tomó el Colegio de Magistrados de Santa Fe que expresó su “preocupación” tras la creación de la comisión para seguir de cerca el trabajo de los investigadores. El presidente de esa institución en Rosario, Gustavo Salvador, advirtió –en diálogo con Aire de Santa Fe- que la creación de la comisión del Senado busca gestar “una auditoría” por fuera de las normas vigentes.
Después de la repercusión y el voltaje político que adquirió el tema, los senadores que aprobaron este proyecto el jueves de la semana pasada–una alianza de peronistas y radicales- decidieron cuatro días más tarde dejar en suspenso conformación de la comisión que buscaba controlar el trabajo de los fiscales. No es la primera vez que ocurre esta situación. Ya en 2017 los legisladores crearon una comisión para auditar el desempeño de los fiscales, luego de que abriera una causa contra ocho senadores, por presunto desvío de fondos para subsidios.
A esto se sumó otra polémica, el Senado le pidió al juez Carlos Leiva, que entiende en la causa del juego clandestino y los sobornos, que cierre la causa contra el jefe del bloque del PJ Armando Traferri. “Hacer saber al juez actuante que, de acuerdo al resultado de la votación en sesión de fecha 17 de diciembre, no puede avanzarse en el proceso instaurado contra el senador Armando Traferri”, señala el texto que lleva la vicegobernadora Alejandra Rodenas, quien antes de desembarcar en la política fue magistrada, quien luego salió a aclarar que ella no impulsó la resolución, sino que “se limitó a comunicar la decisión de los senadores al juez Leiva".
El senador Traferri dijo en diciembre pasado, la última vez que habló públicamente, que la investigación sobre los vínculos con el juego clandestino son parte de “un plan orquestado” por el ministro de Seguridad Marcelo Saín.
Desde el inicio de la gestión de Omar Perotti, Traferri se instaló como un opositor interno, al aprobar varias leyes claves con el socialismo, que encarna la oposición, entre ellos el presupuesto que iba a utilizar en medio de la pandemia el gobernador y dos leyes contra el ministro Saín.
El gobierno de Santa Fe mantuvo un perfil bajo frente a este conflicto. El gobernador Omar Perotti consideró que pretende una provincia con “un piso institucional alto, y ese no es un camino. Deseo que puedan funcionar las instituciones, la división de poderes”.
El primero que salió a marcar posición desde el gobierno fue el ministro de Gobierno Roberto Sukerman, que aclaró que “no estaba de acuerdo” con la resolución del Senado, porque –según remarcó- “crea un nuevo mecanismo de control a los fiscales y es ilegal e inconstitucional. Además, viola la independencia de poderes, es decir, perjudica el accionar de otro poder del Estado”.
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