Mientras fiscales del MPA intentan invetigar a un miembro del Senado por posibles delitos, la Cámara alta aprobó la creación de una comisión para investigar a los fiscales.
Prensa Felipe Michlig.
Paso en falso, daño autoinflingido, error de cálculo. Luego del verdadero escándalo institucional generado por la decisión de la Cámara de Senadores de Santa Fe de crear una comisión para evaluar a los fiscales de la provincia y acceder a las investigaciones en curso, referentes de los distintos partidos involucrados tomaron la decisión de no conformar dicha comisión, dejarla en suspenso y convocar al jefe de los fiscales provinciales, Jorge Baclini, para dialogar sobre este tema.
Así lo confirmó a Aire Digital el senador radical por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig: "La comisión no se va a constituir. Nunca pensamos que se generaría este revuelo y jamás tuvimos la intención de interferir en la labor del MPA".
Durante las últimas horas, senadores del peronismo y del Frente Progresista, que aprobaron la creación de esta comisión, mantuvieron contactos telefónicos y tomaron esta decisión, dejando en suspenso el funcionamiento de un esquema que despertó críticas y rechazos desde sectores políticos y también jurídicos.
En la mañana de este lunes, el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, dijo en el programa Creo, que se emite por Aire de Santa Fe, que esta comisión representa una medida "inconstitucional, ilegal y que no debe llevarse adelante" y adelantó una disputa judicial porque los fiscales ya anunciaron que no responderán a las requisitorias de esta comisión. Sukerman advirtió claramente que, con esta decisión, el Senado "avasalla el principio de división de poderes".
Desde la Cámara de Diputados, el socialista Pablo Farías sostuvo a Aire Digital que lo sucedido "no resiste el menor análisis de legalidad y de constitucionalidad. Rechazamos absolutamente esta medida. Una Cámara no puede arrogarse estas facultades. Este tema jamás se discutió dentro del Frente Progresista y en Diputados no tuvimos ningún anticipo de que algo así podría suceder".
Los fiscales del Ministerio Público de la Acusación emitieron un comunicado durísimo. Hablan de una "clara intromisión en el MPA y en las investigaciones penales en curso; de un avasallamiento no sólo al MPA, sino al Poder Judicial en su conjunto". Advierten que viola la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Y que se contrapone a la ley -también controvertida- que ya existe y establece cuáles son los sistemas de control sobre los fiscales. Apenas pasaron cuatro días desde la creación de esta comisión y ya quedaba en claro que ningún fiscal iba a someterse a los requerimientos de los senadores.
La decisión de crear esta comisión desde el Senado no se produjo en cualquier contexto. El 18 de diciembre del año pasado y con el voto de la mayoría de sus integrantes, el Senado de Santa Fe impidió que dos fiscales investigaran al senador peronista Armando Traferri, sospechado de integrar una banda dedicada al juego clandestino en toda la provincia.
Aquella medida generó un fuerte cimbronazo político. No sólo porque dejó de manifiesto las crudas divisiones dentro del peronismo provincial, sino porque senadores radicales del Frente Progresista, Cívico y Social avalaron con su voto la imposibilidad de que Traferri fuera investigado.
Pero había más. Los mismos que tomaron aquella decisión el 18 de diciembre subieron la apuesta: el jueves de la semana pasada, aprobaron la creación de una comisión cuya misión iba a ser la de controlar a los mismos fiscales que intentan investigar a integrantes del Senado.
Además, los senadores que votaron a favor de esta comisión dejaron claramente planteado que iban a tener la posibilidad de "conocer el estado de las causas judiciales relacionadas con los hechos investigados y requerir al Ministerio Público de la Acusación o al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal copia certificada de las mismas" y "solicitar informes, antecedentes y todo otro tipo de elemento que estime útil sobre los hechos que sean objeto de investigación a cualquier organismo público o privado".
Solo a modo de ejemplo, esta comisión iba a tener la potestad de pedir a los fiscales que intentan investigar a Traferri que revelen todo tipo de datos sobre esa investigación. Con un detalle clave: Traferri aparecía entre los integrantes de esta comisión. El investigado investigaría a los investigadores.
Toda esta movida que se realizó en período de sesiones extraordinarias -cuando sólo pueden tratarse temas de urgencia enviados por el Poder Ejecutivo- y lo aprobado no fue un proyecto de ley, sino una resolución. Esto significa que no iba a haber revisión por parte de la Cámara de Diputados, ni posibilidad de veto del gobernador Omar Perotti.
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