El segundo capítulo de la causa de juego clandestino: imputan a prestanombres y gestores de la corrupción
Los fiscales desplegaron las acusaciones contra el ex diputado Darío Scataglini, los abogados José Francisco Fernández Chemes, Fernando Moschini, Aníbal Porri y Alberto Tortajada, y el empresario y ex piloto de Fórmula 1 Oscar "Popi" Larrauri.
En una provincia donde las investigaciones judiciales que tengan como protagonista a la política y al Estado están ausentes, la causa de juego clandestino es una rareza. Los fiscales Marisol Fabbro y José Luis Caterina imputaron formalmente a seis personas ante el juez Alejandro Negroni por integrar la misma asociación ilícita que lideró, según la investigación, el senador Armando Traferri.
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Los acusados son el ex diputado Darío Scataglini, los abogados José Francisco Fernández Chemes, Fernando Moschini, Aníbal Porri y Alberto Tortajada, y el empresario y ex piloto de Fórmula 1 Oscar "Popi" Larrauri. Todos son imputados como miembros de una organización criminal destinada a proteger el juego clandestino en la provincia de Santa Fe y a ocultar sus ganancias. El delito que les atribuyen es asociación ilícita, en los términos del artículo 210 segundo párrafo del Código Penal. A Porri le suman cohecho activo. A Moschini, peculado de caudales públicos.
La causa tiene historia. Leonardo Peiti es el empresario que construyó la red de casas de juego ilegal. Gustavo Ponce Asahad, ex fiscal adjunto de Rosario, ya fue condenado por recibir sobornos para protegerla. Patricio Serjal, ex jefe de los fiscales de Rosario, fue condenado a nueve años de prisión, fallo que aún transita la instancia de apelación. Nelson Ugolini, otro ex fiscal, recibió cinco años. Traferri fue imputado como jefe de la asociación ilícita en octubre de 2024. Lo que acaba de ocurrir es el siguiente escalón: la Fiscalía pone nombre y cargo a la segunda fila de la organización.
La acusación describe una estructura con división de tareas. Peiti gestionaba los negocios de juego y la recaudación. Traferri articulaba la cobertura política. El secretario legislativo Ricardo Paulichenco, fallecido en 2019, recaudaba en el Senado. Moschini facilitaba la comunicación entre Peiti y el senador, además de intentar interferir en las estrategias defensivas de la investigación. Scataglini era el canal entre Traferri y Peiti al interior de la Cámara. Fernández Chemes y Larrauri prestaban sus nombres para cubrir la titularidad real de las empresas. Porri y Tortajada operaban en la llamada "pata judicial": llevaban dinero a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, alertaban a los propios integrantes de la organización sobre riesgos que se avecinaban y participaban en los esquemas societarios de Peiti.
El período abarcado por la imputación va desde abril de 2017 hasta, al menos, septiembre de 2021. El punto de partida que fija la Fiscalía es preciso: el 5 de abril de 2017 se aprobó el pliego de Serjal como fiscal regional. Ese mismo día, Serjal llamó a Traferri por teléfono. Diecinueve días después, el senador se presentó personalmente en la sede de la Fiscalía Regional de Rosario, en calle Montevideo, y se reunió con Serjal. Al salir, llamó a Ponce Asahad. La historia de la asociación ilícita, según la acusación, empieza ahí.
El rol de Scataglini dentro de la estructura fue el del operador político de Traferri. Asesor del diputado Ricardo Olivera cuando comenzaron los primeros contactos, su gravitación dentro de la organización fue creciendo. La Fiscalía consigna que, a partir de la muerte de Paulichenco, parte de sus funciones podrían haber pasado a Scataglini. Hay una llamada que concentra buena parte de la evidencia en su contra: el 10 de julio de 2020, Scataglini marcó el número de Leonardo Peiti. Atendió una mujer. Scataglini dijo: "Darío Scataglini, necesitaría hablar con Leo". La mujer respondió que Peiti no estaba. Scataglini aclaró: "Llamo de parte del senador Traferri". La transcripción está en el expediente.
Fernández Chemes y Larrauri son presentados como los prestanombres de Peiti en la trama societaria. En septiembre de 2020, con la figura del empresario ya expuesta por causas penales, las empresas Southgame SRL y Wildar Gaming —vinculadas a la explotación de juegos de azar— aparecen cedidas a Fernández Chemes y Larrauri en operaciones que la Fiscalía califica de apócrifas. Los traspasos, que en papeles hablaban de doscientos mil dólares, habrían sido ordenados por Traferri para que Peiti dejara de figurar como titular y así poder gestionar la concesión de terminales de video-lotería en la Legislatura sin levantar sospechas.
Moschini es un caso particular. Abogado y amigo personal de Peiti, no actuó como su defensor técnico —ese rol lo cumplía la familia Rossini—, sino como intermediario entre Peiti y Traferri. La imputación describe cómo, en agosto de 2021, Moschini contactó por WhatsApp a la secretaria del senador para obtener su número privado. También se le atribuye haber intentado frustrar la colaboración de posibles imputados cooperadores, lo que la Fiscalía encuadra en peculado. Moschini se defendió a sí mismo en la audiencia.
La causa tiene una dimensión política que excede la crónica judicial. Traferri fue durante años uno de los senadores más influyentes del peronismo santafesino. Serjal dirigía el Ministerio Público de la Acusación en Rosario. Ponce Asahad, su segundo, recibía el dinero. Porri era un abogado con llegada al sindicalismo y a la Guardia Urbana Municipal. Tortajada aparece en las tramas societarias de empresas vinculadas a Peiti, incluyendo una radicada en Paraguay. Lo que la Fiscalía describe no es una banda marginal. Es una red que se valió, por casi cinco años, una porción del sistema institucional de la provincia.
La causa empezó como una investigación sobre el juego clandestino. Derivó en el juzgamiento de ex fiscales. Ahora suma a la segunda fila: abogados, operadores políticos, empresarios. Cada imputación nueva confirma que la organización no podría haber funcionado sin ellos. Eso es lo que la acusación quiere demostrar.