El peronismo y el Frente Progresista juegan al filo de la tolerancia social con el coronavirus encima

Una advertencia al lector. Este artículo no dirá lo que generalmente se dice de los políticos y la política. Pretende ser un esfuerzo, quizás poco empático con el humor de los lectores por estos días, por comprender por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué hace tres meses que Justicialismo y Frente Progresista no pueden acordar una ley de emergencia o de necesidad pública? ¿Por qué siguen tensionando en una situación límite como la que atravesamos? Más fácil sería repetir que son todos unos irresponsables, hipócritas y una larga lista de adjetivos de la que prescindiremos en esta oportunidad.

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Desde el día que asumió, Omar Perotti intenta ver hasta dónde puede ir y hasta dónde lo dejan, cuál es su capacidad de maniobra, quienes serán aliados y quiénes no. En definitiva, explora los límites del poder real. Como la política es muy dinámica y la realidad más aún, esa foto puede tener variaciones a lo largo de todo su mandato, pero es la cartografía del poder con la que tiene que desenvolverse en su gobernación y sus circunstancias.

Los senadores del peronismo encabezados por Armando Traferri constituyen un segundo centro de poder en la política santafesina. Fueron los primeros que le marcaron la cancha al nuevo gobernador para hacer valer su cuota de poder. Le hicieron saber que la Legislatura es terreno de ellos y que debía darles el lugar de aliados y no tratarlos como subordinados. El gobernador probó traspasar esos límites y se lo hicieron sentir, no de la manera más amable, por lo tanto resolvió como sugiere el antiguo apotegma: “Si no puedes vencerlos, únete a ellos”.

Con el tratamiento de la ley de emergencia o necesidad pública la sociedad Lifschitz-Pullaro está probando sus propios límites para limitar.

El otro factor de poder político es el Frente Progresista. La diáspora frentista, que era un riesgo cierto y que el peronismo deseaba como parte del viento a favor en el arranque de la gestión, no ocurrió. Sólo dos senadores radicales se desmarcaron hasta el momento.

Y si esa diáspora no ocurrió en estos primeros cuatro meses que el Frente lleva afuera del gobierno es porque la diversidad de actores que lo componen permanece agarrada a una malla de contención que les permite mantener su identidad y a la vez les es funcional a sus intereses.

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De todos esos actores, el interbloque de Diputados, que es mayoría en la Cámara baja, es el instrumento de ejercicio de la oposición. Cumple un rol que no pueden cumplir los senadores porque son minoría, ni los intendentes porque no pueden darse el lujo de confrontar con el gobierno provincial.

Miguel Lifschitz es la figura determinante y desvelo del oficialismo. Conduce a 14 socialistas. Si principal aliado es Maximiliano Pullaro, jefe de un bloque de 10 radicales que combina representación política y territorial, además de buen nivel de articulación con los senadores de la UCR, por más que a la hora de votar no lo hagan en igual sentido.

Con el tratamiento de la ley de emergencia o necesidad pública la sociedad Lifschitz-Pullaro está probando sus propios límites para limitar. Pero también están validando su capacidad de representación de esa compleja constelación llamada Frente Progresista.

Lo novedoso de este escenario de disputa, bastante normal para el comienzo de una nueva era política como la que está inaugurando Perotti, es la irrupción de la pandemia del coronavirus.

En definitiva, la política conlleva lucha por espacios de poder, y así como Perotti arremetió de entrada para tratar de subordinar bajo su liderazgo todo lo que fuera peronista y hacerse de la mayor cantidad de recursos y herramientas de libre gobernabilidad; el Frente Progresista se aferra a su capacidad de interlocución con el gobierno, en proyectar a futuro una o más figuras y, quizás lo más urgente, asegurarle gobernabilidad a sus intendentes.

El Frente gobierna las dos grandes ciudades de la provincia y más de la mitad de las localidades de la provincia. Esto explica que se haya discutido tanto el tema de municipios y comunas en el marco de la ley de emergencia que nunca prosperó.

Así como Perotti quería crédito que le permitiera suficiente margen de maniobra como para tener caja y depender lo menos posibles de la Legislatura, el Frente Progresista pretendía, entre otros objetivos, asegurar lo propio para sus intendentes y presidentes comunales.

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Por eso durante las negociaciones a puertas cerradas aparecieron discusiones sobre qué parte del endeudamiento correspondería a los gobiernos locales, cómo se distribuiría, bajo qué condiciones y quién fijaba esas condiciones.

Expliquémoslo con un ejemplo. Para intendentes como Pablo Javkin de Rosario o Emilio Jatón de Santa Fe, no es lo mismo que esos parámetros estén fijados en una ley negociada por el Frente Progresista a que el Ministerio de Economía le exija un ajuste que comprometa la gestión en la principal ciudad de la provincia.

La ley de emergencia, en sus versiones de diciembre y actual, se pensaron cuando la pandemia no estaba en los planes de nadie.

Lo novedoso de este escenario de disputa, bastante normal para el comienzo de una nueva era política como la que está inaugurando Perotti, es la irrupción de la pandemia del coronavirus. La lucha política en ese contexto connota la idea de que están jugando al filo de la tolerancia social.

Y es ahí donde la dirigencia tiene que saber leer los márgenes de acción.

La ley de emergencia, en sus versiones de diciembre y actual, se pensaron cuando la pandemia no estaba en los planes de nadie. Entonces pretender que se apruebe por el hecho de que estamos en una situación crítica que apareció con posterioridad no tiene demasiado sustento.

Más realista es seguir de cerca el comportamiento que tenga la oposición con respecto al segundo pedido de endeudamiento que promovió el gobierno, con media sanción del Senado, que lo autoriza a tomar crédito público por 15.000 millones de pesos para enfrentar la pandemia de coronavirus. Ese es un proyecto más ajustado a la realidad de estos días y lo que viene. Ahí no hay excusa de gato encerrado, es lo que es, lo cual no quiere decir que el proyecto no deba ser sometido a una negociación razonable.