La firma del Pacto de Mayo fue en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde hace 208 años los congresales de todas las provincias argentinas rubricaron la Declaración de la Independencia: un gesto refundacional del presidente que, ahora, habrá que observar cómo se traduce en políticas concretas y, sobre todo, si esas políticas logran el consenso que requieren para poder prosperar.
Los diez puntos del Pacto de Mayo son conocidos y fueron formulados por primera vez durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, el pasado 1° de marzo. La intención inicial del Gobierno era firmar el acuerdo con los gobernadores el 25 de mayo en Córdoba, pero las demoras en la sanción de la Ley Bases demoraron la formalidad, que se terminó concretando en vísperas del 9 de julio en la capital tucumana.
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En líneas generales, las diez ideas-fuerza del Pacto de Mayo suponen la capitulación de cualquier tipo de iniciativa nacional, proteccionista o de autodeterminación y ponen a la Argentina –sobre todo, a sus recursos naturales– al servicio del capital trasnacional.
Es cierto, como señalaron especialistas en derecho constitucional, que se trata –en el mejor de los casos– de una declaración de deseo, un acuerdo no vinculante entre las provincias y la Nación y que la mera firma del Pacto, sin otros instrumentos legales, es solamente una manifestación política y simbólica de los nuevos vientos que soplan en la región.
El Pacto de Mayo tiene cláusulas económicas (respeto por la propiedad privada, equilibrio fiscal “inamovible”, reducción del gasto público, reforma tributaria y rediscusión de la coparticipación federal) y sociales (educación “ágil y moderna”, explotación de los recursos naturales, reforma laboral y previsional) que suponen un cambio de raíz respecto al diseño institucional que rigió al país desde la recuperación de la democracia.
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En la Casa Histórica de Tucumán, 19 de los 24 gobernadores firmaron el Pacto de Mayo con el presidente Javier Milei.
Para el presidente Milei, el acuerdo que firmaron 19 de los 24 gobernadores es el punto de partida para –en línea con los preceptos de su amigo Donald Trump– hacer a la Argentina grande de nuevo. “El puntapié del nuevo orden para nuestro país”, tal como definió en su primer discurso posterior a la firma del Pacto de Mayo.
En ese discurso, Milei no dejó de lado los constantes ataques contra sus adversarios políticos: la “casta” que, sin embargo, le dio la Ley Bases, ahora, el Pacto de Mayo.
Refundar la Argentina en clave libertaria supone eliminar muchas de las funciones que hasta ahora cumplió el Estado y liberar los resortes de la economía a los arbitrios del libre mercado. Es más fácil escribirlo en un papel que ponerlo en marcha con medidas concretas.
Para ello, el presidente deberá negociar verdaderos acuerdos –de corto y de largo plazo– con las fuerzas políticas que hoy tienen representación mayoritaria en el Congreso Nacional y en los gobiernos provinciales. Es el único camino que tiene Milei para poner en marcha el ambicioso programa económico que prometió en campaña.
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Rebajar jubilaciones, modificar la coparticipación, eliminar impuestos, achicar el gasto público y flexibilizar las leyes laborales para atraer nuevas inversiones son medidas que solo se pueden concretar con un acuerdo amplio entre la política, los empresarios, los trabajadores y las organizaciones sociales.
El desafío de Milei, ahora que tiene la Ley Bases y el Pacto de Mayo firmados y vigentes, es construir esos consensos y al mismo tiempo atemperar las consecuencias que tendrá, en el tejido social, la liberalización de la economía, cuyo primer impacto será el aumento de la desigualdad.
Con la mitad de la población bajo la línea de pobreza y una economía en caída libre que genera cada vez menos empleo de calidad, el “nuevo orden” del que habla el presidente es una aspiración legítima, sobre todo para una fuerza política que recién está dando sus primeros pasos.
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Al finalizar su discurso, Milei les envió un mensaje a gobernadores, legisladores nacionales, empresarios y, aunque no los haya mencionado en forma directa, también a los sindicatos. Fue cuando anunció la creación del Consejo de Mayo para definir las reformas normativas que se enviarán al Congreso.
En ese marco, volvió a pedir el acompañamiento de la política y de los actores económicos: “No vinimos a construir un relato, vinimos a construir una Nación. Esperamos contar con el aval de todos los actores económicos para materializar, en reformas legislativas, los principios aquí esbozados”, en referencia al decálogo incluido en el Pacto de Mayo.
Para esos actores la responsabilidad es mayor que nunca: están ante la disyuntiva de definir reformas que ayuden a modernizar el país y mejorar la economía –con los argentinos incluidos– o ceder, una vez más, ante las presiones de un mundo que descarnadamente disputa los recursos económicos y naturales sin medir su impacto.