“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente”, explicó Francos, y agregó que pretende analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso.
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El debate por el financiamiento de la ley de emergencia en discapacidad
El funcionario remarcó que la dificultad principal es el costo que implicaría la aplicación de la ley. En esa línea, dvirtió: “Vamos a promulgar la ley como corresponde. Pero el Congreso, cuando sanciona una norma, debe establecer de dónde salen los recursos"
Y reclamó: "No me pueden endilgar a mí, que soy el jefe de Gabinete, reacomodar las partidas; eso no es solución, es una mentira. ¿A quién le sacamos, a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”.
Guillermo Francos
El funcionario remarcó que la dificultad principal es el costo que implicaría la aplicación de la ley.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de la iniciativa podría significar entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios, con un costo fiscal adicional de entre $1,8 y $3,6 billones, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.
Además, el informe proyectó que la compensación de emergencia a prestadores demandaría $278.323 millones, mientras que la asignación para talleres de producción ascendería a $7.160 millones.
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Una ley impulsada en medio de la crisis
La norma fue aprobada tras una amplia movilización de organizaciones de la sociedad civil que denunciaban un fuerte ajuste en el sistema de atención a personas con discapacidad. El reclamo se originó por el congelamiento de recursos y la reducción de beneficiarios luego de una auditoría cuestionada en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis).
La crisis derivó en la salida de Diego Spagnuolo de la conducción de la Andis, tras la difusión de audios en los que se mencionaba un presunto circuito de coimas entre funcionarios y droguerías.
El Congreso sancionó la ley con apoyo mayoritario de la oposición e incluso de sectores que habían sido aliados del oficialismo, superando los dos tercios en Diputados y en el Senado.
