Javier Milei baraja alternativas para un pacto que es una adhesión a su programa de gobierno, que ya no será el 25 de mayo en Córdoba, pero puede ser el 20 de junio en Santa Fe o el 9 de julio en Tucumán. La patria es la firma, lo demás no importa nada.
El ministro Guillermo Francos, dejó trascender que el Pacto de Mayo podría firmarse en Rosario el próximo 20 de junio.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El Pacto de Mayo, que es una simplificación ramplona del Consenso de Washington -la hoja de ruta de los gobiernos neoliberales latinoamericanos de los 90- es o fue (elijan ustedes, el presidente aún no lo decide) una ilusión libertaria, un experimento simbólico y refundacional proferido en el marco del discurso con que Javier Milei abrió las sesiones ordinarias del Congreso hace dos meses y medio.
La metáfora neonatológica pide pista, no es cierto que el Pacto nació muerto. No nace porque la criatura no ha madurado, porque no hay promesas ni contracciones suficientes y la cesárea programada para el 25 de mayo alumbrará otra cosa, un acto con funcionarios fingiendo estar donde querían estar y haciendo lo que vinieron a hacer, con gobernadores o con un puñado argentinos de bien cuidadosamente elegidos.
Milei estaba seguro de muchas cosas que no supo concretar por su desprecio a las construcciones políticas y su empeño por ajustar sin piedad (las transferencias discrecionales a las provincias se derrumbaron un 90% en el primer cuatrimestre) y aferrarse a una lógica violenta y excluyente que convierte en “zurdos despreciables” a todos los que no piensan como él, es decir unos 12 millones de argentinos.
Cualquiera se da cuenta que no hay semejante cantidad de socialistas, maoístas, guevaristas o trotskistas en la Argentina, de lo contrario Myrian Bregman hubiese entrado al balotaje. Estar a la izquierda de Milei es otra cosa y hoy es sencillo, casi inevitable (preguntadle sino a Emiliano Yacobitti, Beatriz Sarlo, Carlos Maslatón o Mirtha Legrand) porque entre el pensamiento y la gestión del libertario y la derecha absoluta, hay una pared.
Dato: los gobiernos provinciales pagaron el superávit fiscal del gobierno con la detracción de $186.923 millones, respecto de lo percibido el primer cuatrimestre de 2023, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso nacional. Todo cae: la asistencia financiera a las provincias y la recaudación de impuestos coparticipables.
Despejemos varias incógnitas para ansioses y perezoses, para quienes quieren novedades de impacto en los primeros 400 caracteres. No habrá dictamen para la media sanción sin correcciones de la nueva Ley de Bases, el frente de ultraderecha no tiene los votos y el propioculismo de los senadores radicales, el canje de minutas que impulsó Lousteau para proteger la militancia rentada en la UBA, no alcanzarán para regalarle al presidente su primera victoria parlamentaria, la que -según parece- era indispensable para concretar una foto con los gobernadores rendidos a la hegemonía política y cultural libertaria.
Nada salió como esperaba, pese a que hay gobernadores que se firman encima, que darían casi todo por darle las herramientas para reformatear el país y dejarlo en su configuración básica: república colonial de los comoditties y las oportunidades financieras.
Es así que se filtraron algunas alternativas que el mandatario nacional viene evaluando con su Jefa y estratega, Karina Milei: que la firma del documento de los 11 puntos (eran 10 y los gobernadores radicales colaron la defensa de la educación pública y gratuita) tuviera lugar en la ciudad de Rosario el 20 de junio, durante la conmemoración del Día de la Bandera o el 9 de julio en Tucumán en la celebración del 208 aniversario de la Declaración de la Independencia.
¿Quiénes gobiernan esos Estados? Dos mandatarios que Karina cuenta como aliados y siempre estuvieron en la lista abierta del Pacto, uno que se desmarca en los medios pero gestiona en la línea dura que proclama Milei y acaba de declarar que “vamos a firmar el Pacto porque creemos en el diálogo”: Maximiliano Pullaro; y otro que le aporta legisladores y declaraciones amistosas desde antes de la peor devaluación de la historia después de la de 1989, y ahora también: Osvaldo Jaldo.
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Pero también está en desarrollo el formato del acto, con las medallas compradas y los diplomas de honor aún en blanco podría tratarse de un cónclave sólo con funcionarios y gobernadores o sin gobernadores y con un selecto grupo de argentinos y argentinas de bien que agitarían banderas el 20 de junio y lucirían escarapelas el 9 de julio, listos para responder al unísono al grito conque Milei arenga a sus huestes de hastiados de la política: ¡Viva la libertad carajo!
Este es el derrotero desopilante de un presidente que deja la rosca en manos de su hermana (monotributista de categoría G, relacionista pública y artista, con más voluntad que talento para éstos menesteres) y de un manojo de neomenemistas que no dan la talla de los legendarios Corach, Kohan o Granillo Ocampo.
Hoy, a seis días de lo que puede no ocurrir y en medio de una desprolijidad e improvisación que ni Adorni puede disimular, el presidente lleva gastados más de $206 millones de pesos (falta computar la inexplicable gira por los suburbios de España) viajando por el mundo para fundar la Internacional Libertaria. Pero hay un pacto dentro del pacto, del que Santa Fe no tiene muy buenos recuerdos.
Modificar la coparticipación federal sólo puede hacerse por ley y para aprobarla exige la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de las dos cámaras legislativas nacionales, esto presupone el acuerdo del gobierno central con todas las provincias y el estado libre asociado de CABA.
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Pese a las infundadas acusaciones al kirchnerismo de alterar ítems y valores que no se mueven desde 1988 o de algo que todos los gobiernos hicieron desde 1983 a la fecha (disciplinar abriendo o cerrando la billetera de los fondos discrecionales), la ley 23.548 y los parches con que fue retocada siguen dando letra para una línea de debate que da votos e imagen en las provincias: la del centralismo porteño que esquilma a las economías y los estados provinciales.
La posibilidad de construir una estructura fiscal que garantice ingresos óptimos e incentive conductas fiscales responsables no supone una simple correlación entre fortalezas y debilidades provinciales y criterios solidarios de cobro y reparto, no tiene una solución técnica (aunque hay que hacer los números que nadie hace) sino política. Y ninguna de las hegemonías políticas anteriores pudo imponer más que soluciones de coyuntura, los famosos pactos fiscales de los que dependen el margen de maniobra y supervivencia política, tanto del estado nacional como de los gobernadores.
Hoy Milei tiene a un grupo de constitucionalistas, tributaristas y operadores políticos abocados a imagina cómo diseñar un pacto que reformule la estructura de coparticipación de impuestos, sin el respaldo unánime de los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño, es decir sorteando el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional.
“La idea es que el Estado Federal, las provincias y municipios gasten sólo lo que puedan recaudar y que no exista posibilidad de intercambios o asistencias cruzadas entre éstas jurisdicciones”, aseguran fuentes del Ministerio de Hacienda.
Según los expertos “no se necesita el respaldo de todos los gobernadores para avanzar”. Ante la pregunta sobre cuál sería la solución normativa para violar la CN, aparece la jugada: “descartamos decretarlo, no es por ahí. El presidente lleva un borrador a la firma del Pacto con los gobernadores, sabemos que hay que trabajarlo con mucha rosca y hasta ahora no supimos resolver ninguna iniciativa, pero todos tienen que entender que solucionar esto es la clave para organizar el país para superar décadas de discusiones absurdas y atraso”.
Hay un antecedente fresco y amargo, la modificación por Decreto del reparto de fondos por coparticipación que Mauricio Macri les propuso a los gobernadores en noviembre de 2017y que Miguel Lifschitz firmó esperanzado y “apostando al diálogo político”, que también es mantra del actual gobernador, que fuera sus ministros y se emociona al recordarlo.
En ese Pacto, Santa Fe votó la eliminación del Fondo Federal Solidario (Fondo Soja) que aportaba recursos para el estado provincial, municipios y comunas y Macri se comprometió a devolver los recursos de coparticipación federal recortados entre 2006 y 2015.
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El mismísimo Lifschitz aseguró un año después que “en política no se recomienda ser ingenuos pero creímos que el presidente iba a cumplir”. La oferta de cancelación era como la que Macri le propuso al Estado para saldar sus deudas por los cánones adeudados por el Correo Argentino: vergonzosa.
El que sí cumplió fue el gobierno peronista posterior, que firmó en octubre de 2022 un acuerdo con Omar Perotti para pagar casi $152.000 millones con títulos de la deuda histórica de Santa Fe.
“El presidente cree que desde Alfonsín a Alberto Fernández la rosca por la coparticipación fue un fracaso y que él puede hacer historia imponiendo un modelo nuevo que tiene sus dificultades, hay provincias que pueden recaudar más como las del litoral y la Patagonia y otras menos” asumen los fiscalistas libertarios, que increíblemente están discutiendo alternativas para lo que Milei consideró en campaña como “un robo a manos de una organización criminal”.
Resolver semejante complejidad tiene una “ventaja” añadida por el Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse: “se acaba el discurso trucho de porteños versus provincianos y cada cual vive con lo que pueda generar”.
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La sorpresa apenas encubierta de la adhesión de los gobernadores es una nueva coparticipación federal que luce imposible. No porque Milei se detenga ante frenos legales o correlaciones de fuerzas desfavorables (ese era un problema del populismo de modales), sino por el amateurismo con que sus cuadros principales hacen lo que no les gusta pero resuelve problemas complejos: política para consolidar una nueva mayoría, que por ahora es meramente electoral.
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