El encuentro será en sede del Poder Ejecutivo, sin la presencia de medios de comunicación, confirmaron a este medio fuentes de Casa Gris. La reunión había sido pedida por las legisladoras días después que el caso tomara estado público y tiene como objetivo conocer de primera mano cómo intervino el Estado. La reunión llega horas después que la Provincia denunció a Grávida, ONG que intervino en el caso pudiendo haber obstaculizado el aborto que pidió la familia, y luego del pedido de un grupo de diputados que pidió que se le quite todo tipo de apoyo estatal a la organización próvida.
"La semana pasada enviamos una nota al Poder Ejecutivo pidiendo información sobre la actuación del Estado y qué pensaba hacer respecto a lo que hizo la ONG Grávida y coordinamos este encuentro", detalló Lucila De Ponti, presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, en diálogo con AIRE. "Queremos sacarnos dudas y conocer en detalle cómo se había actuado durante este tiempo y que, de alguna manera, permitió que la ONG pueda intervenir", agregó.
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Lucila De Ponti, diputada justicialista y Presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados de Santa Fe.
Para la diputada justicialista es importante que los interrogantes que surgieron a partir del caso, los tiempos y protocolos implementados puedan ser explicitados y detallados en este encuentro formal de intercambio entre integrantes de los dos poderes. Por otro lado, De Ponti valoró como "muy positiva" la denuncia que Santa Fe realizó a Grávida "para que sea la Justicia la que determine los delitos cometidos y que establezca las sanciones correspondientes".
En la denuncia, que realizó el Ejecutivo sostuvo que la ONG Grávida obstaculizó el acompañamiento del Estado a la menor al momento de asistirla en el aborto. "A través de distintas acciones obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña".
Por su parte, la diputada del GEN, Mónica Peralta, integrante de la Comisión, precisó que está impulsando el inicio de las acciones judiciales contra la ONG. "Más allá de que cada organización representa algún tipo de pensamiento ideológico no se puede concebir lo que hicieron con la niña y la madre, desde la manipulación en un momento de absoluta vulnerabilidad hasta lo que puede llegar a ser en otros casos". Y agregó: "El Estado no puede sostener ni la personería jurídica como tampoco ningún tipo de apoyo a una entidad que vulnera derecho de las personas"
Por otro parte, la diputada Peralta remarcó que también es importante que "el Estado provincial intensifique las campañas de información respecto a qué hacer en caso de querer iniciar una interrupción legal del embarazo, dónde ir, cómo canalizar de forma más efectiva los protocolos a través de los centros de salud y hospitales como también con las entidades privadas", finalizó.
Qué información pidieron desde la Comisión de Género al Gobierno de Santa Fe
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Detalle del protocolo de actuación implementado por los agentes estatales intervinientes al recibir el caso, cuáles fueron las áreas involucradas de los distintos Ministerios así como la intervención detallada de cada área y los tiempos establecidos para llevar a cabo el procedimiento.
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Si fue previsto un dispositivo de acompañamiento permanente para la niña y su madre desde el momento en que fue abordada la situación hasta la fecha prevista para la realización del procedimiento. Si la fecha establecida para la realización del mismo se debió a la disponibilidad de personal capacitado y dispuesto para llevarlo a cabo.
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Si pudo identificarse la responsabilidad respecto de la violación a la intimidad de la niña y su familia que implica la difusión de la información respecto de su decisión de realizar el procedimiento de interrupción del embarazo.
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De confirmarse las denuncias acerca de las acciones realizadas por la ONG Grávida, las cuales resultan violatorias de las leyes vigentes en materia de protección de NNyA, si se iniciaran las acciones correspondientes ante la Justicia.
Cómo es la causa de violación y embarazo de un padre a su hija de 12 años
La causa que investiga el abuso y violación de una nena de doce años oriunda de Garibaldi (Departamento Castellanos) tiene como imputado y en condición de detenido al padre, un hombre de 42 años.
La imputación se dio en una audiencia que tuvo lugar en tribunales el 4 de enero, estuvo encabezada por el juez penal Martín Torres y en donde el padre de la nena fue acusado de “abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda, convivencia, y el vínculo en concurso ideal promoción a la corrupción de menores”. La fiscal Del Río Ayala reveló además que los abusos ocurrieron durante el 2022 y que culminaron en el mes junio.
Al culminar la audiencia, Del Río Ayala habló con la prensa y aclaró que el imputado había sido denunciado por la mamá de la niña a mediados del 2022 a raíz de un hecho de violencia de género. "Eso está radicado en la Fiscalía de San Jorge", aclaró la funcionaria judicial.
El caso se conoció a partir de que la menor fue llevada por su madre al Samco de Garibaldi en donde tras una revisión los médicos detectaron que cursaba un embarazo. La niña confesó que había sufrido reiterados abusos sexuales de parte de su padre, por lo que pidió abortar, tal como lo prevé la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
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El caso salió a la luz en la pequeña comuna ubicada a 120 kilómetros de Santa Fe.
Acompañada por su madre, firmó el consentimiento para que se le realice la interrupción a su hija y se acordó que el lunes 2 de enero la niña tenía que asistir al hospital Nuevo Iturraspe de Santa Fe. Sin embargo, cuando llegó el día, la menor no se presentó. Horas después, el Samco de Garibaldi informó que tanto la niña como su madre habrían sido buscadas por una persona que sería parte de una organización que se dedica a persuadir a mujeres embarazadas para que no realicen abortos.
El martes finalmente, la menor fue localizada en un hogar religioso ubicado en 9 de Julio al 2600 de la ciudad de Santa Fe, luego de un procedimiento ejecutado por policías de la Agencia de Investigación de Trata de Personas, que además inspeccionó el domicilio.
