Diputados piden suspender todo tipo de apoyo estatal a la organización Grávida

En este contexto, los diputados provinciales Claudio Fabián Palo Oliver (UCR-FPCyS), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Agustina Donnet (Igualdad) y Rubén Giustiniani (Igualdad), elevaron una nota al gobernador Omar Perotti, en la que realizan una serie de cuestionamientos a la labor del Gobierno de Santa Fe en este caso y piden que se suspenda cualquier tipo de apoyo oficial a Grávida, a la Casa Hermanas de Betania (lugar en donde se alojó a la niña víctima), y a todo tipo de institución vinculada con la organización Grávida.

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Cuatro diputados santafesinos enviaron una nota al gobernador Omar Perotti.

"Resulta evidente que el acompañamiento y el monitoreo del caso a la víctima y su madre por parte de las autoridades estatales en cumplimiento de deberes legales, fracasaron rotundamente. La captación de la niña y de su madre por la organización Grávida, luego de haber radicado la denuncia de abuso y manifestar clara e indubitablemente su voluntad de acceder al derecho a la interrupción legal del embarazo -en el momento previsto-, privó a la niña a acceder a ese derecho al mismo tiempo que obstaculizó la actuación del Estado provincial", plantearon los legisladores.

"La sorprendente facilidad con la cual la institución Grávida sustrajo a la niña y a su madre de la actuación de Estado son demostrativas de claras y serias falencias con relación al servicio de resguardo de víctimas y las condiciones de cuidado que el Estado debe proveer ante estas delicadas situaciones", añadieron.

El Gobierno de Santa Fe pidió este lunes que se investigue el desempeño que tuvo Grávida durante su intervención en el caso de la nena de 12 años. El pedido fue presentado ante la Fiscalía de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de Santa Fe que encabeza Alejandra Del Río Ayala, la fiscal a cargo de la causa.

Lo cierto es que los diputados Palo Oliver, Del Frade, Donnet y Giustiniani pusieron su mirada en un comunicado emitido por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, por el Ministerio de Salud y el de Igualdad, Género y Diversidad, en el que se explicó que "los tiempos previstos (...) para acceder a la interrupción legal del embarazo (...) se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado".

En este sentido, los legisladores advirtieron que "el texto cita una figura jurídica inexistente", como la " objeción de conciencia de una asociación no gubernamental", como es Grávida.

¿Qué le piden los legisladores a Perotti a partir del caso de la niña de Garibaldi?

Frente a estas circunstancias, los legisladores pidieron al gobernador Perotti lo siguiente:

• La garantía de cumplimiento estricto de los procedimientos legales, en especial, el ejercicio del derecho de la niña a ser oída, y las demás instancias que se generen en el proceso de Interrupción legal del embarazo.

• La inmediata revisión de los procedimientos y los actos desarrollados por los organismos interviniente e individualmente de los funcionarios a cargo de los mismos, a los efectos de determinar eventuales responsabilidades por incumplimientos normativos.

• Que el Estado provincial aporte todos los antecedentes necesarios para acreditar si la ilegal intervención de Grávida en el caso fue avalada y/o facilitada a partir de acciones y/u omisiones de funcionarios con responsabilidad directa sobre la situación de vulneración de la víctima y su grupo familiar.

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Patricia Chialvo es la secretaria de Niñez de Santa Fe.

• Un informe sustanciado de los fundamentos y la oportunidad en la que se dictó la medida de protección excepcional transitoria por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del grupo familiar de la víctima.

• La inmediata investigación por parte de los organismos estatales por el incurrimiento de Grávida en la violación de la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

• La inmediata suspensión y no renovación de cualquier tipo de convenio/subvención entre el Estado Provincial y Grávida, la Casa Hermanas de Betania (lugar en donde se alojó a la niña víctima), y de todo tipo de institución vinculada a la organización Grávida.

• La remisión al Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de todos los antecedentes administrativos relacionados con el caso y la colaboración necesaria y suficiente a los efectos de la investigación de los hechos perpetrados por miembros de Grávida.

• La urgente implementación de la Ley Nacional 26.150 que establece el derecho de todas las personas que estudian “a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.

"Resulta imperioso que la respuesta que reciba la sociedad sea contundente y palmaria de la vocación de las autoridades por el cumplimiento de las leyes y el acompañamiento de las mujeres y niñas víctimas de violencia de cualquier tipo", remarcaron en la nota.