La causa que investiga el caso de la nena de 12 años de Garibaldi, violada y embarazada por su padre, tendrá un punto clave en los próximos días cuando la víctima pueda declarar en Cámara Gesell ante los especialistas. La realización de la prueba judicial fue dispuesta luego de la audiencia en donde se dictó la prisión preventiva para G.A., el progenitor de la menor, el cual transitará la investigación detenido hasta que llegue el juicio.
Las entrevistas en Cámara Gesell se toman en una sala ubicada en la planta baja de los tribunales de Santa Fe.
En dicha audiencia, el juez penal Martín Torres además habilitó la feria judicial para que una psicóloga pueda entrevistar a la menor y así cuente cómo fueron los abusos que le tocó padecer por parte de su padre de 42 años, quien residió con la nena y su madre hasta junio del 2022, cuando fue denunciado por violencia de género.
La medida judicial, cuya fecha aún no fue establecida, podría también establecer (a base de la declaración) si la niña sufrió o no algún tipo de presión para evitar el aborto que había pedido realizar, tras detectarse su embarazo, en el Samco local de Garibaldi, a donde fue llevada por su madre.
Vale recordar, que la menor tenía que realizarse la interrupción del embarazo el pasado lunes 2 de enero en el Nuevo Hospital Iturraspe. Sin embargo, cuando llegó el día, la menor y su madre no se presentaron en el efector local por lo que la Subsecretaria de la Niñez inició una búsqueda que implicó además sumar al personal de la Agencia de Investigación de Trata de Personas para localizarla.
La niña fue encontrada un día después en un hogar de calle 9 de Julio, vinculado a la ONG católica Grávida y quedó a disposición del Estado provincial. No obstante, por disposición del Tribunal Colegiado de Familia N°2, se dispuso la suspensión parental provisoria de la madre con la menor.
Desde entonces, surgieron fuertes reclamos y cuestionamientos al rol de Grávida en el caso, ya que se sospecha que la organización pudo haberla persuadido para que deponga su intención de provocar el aborto del embarazo de 24 semanas de gestación, tal como hicieron en 2015 cuando frenaron el aborto de otra niña abusada.
En aquella oportunidad, la intervención de la ONG fue mediante una psicóloga, María Belén Catalano, quien se infiltró en el hospital Iturraspe y fue hasta una habitación en donde se encontraba la menor que había quedado embarazada luego de sufrir un abuso sexual. La profesional de la salud persuadió a la joven y con el correr de los días desistió de abortar.
La situación fue luego denunciada ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de Santa Fe 1° Circunscripción que, tras analizar la demanda, resolvió suspender su matrícula por seis meses.
La resolución fue apelada por la defensa de la psicóloga en donde obtuvo el aval de los jueces camaristas,Roberto Ernesto Prieu Mántaras, Bruno Netri y Fernando Gentile Bersano. Sin embargo, el fallo fue apelado y terminó siendo la Corte Suprema, el máximo tribunal provincial, quien anuló la sentencia de los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y ordenó una sanción a la psicóloga.
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