La Convención del 25 incorporará a la redacción de la nueva Constitución santafesina un artículo en el que se reconocerá la existencia de desigualdades estructurales y se comprometerá a adoptar "medidas de acción positiva" para reducir sus efectos.
Según el Indec, hay alrededor de 5,5 millones de chicos menores de 14 años están la pobreza y 1,3 millones son afectados por la indigencia.
La nueva redacción de la Constitución de la provincia de Santa Fe –cuyo proceso se lleva adelante en la Convención del 25- tendrá cambios profundos en su articulado en materia política, como por ejemplo, la habilitación de la reelección del gobernador y vice, el cambio de fecha de inicio y de cierre del período de sesiones ordinarias de la Legislatura y la declaración de la autonomía municipal, entre otros.
Sin embargo, además de esas modificaciones, en la reforma constitucional habrá inclusiones de artículos novedosos. Entre las principales innovaciones aparece el reconocimiento por parte del Estrado provincial de desigualdades sociales y el compromiso de tomar medidas para reducir esa situación. Expresiones similares figuran en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y en la reforma de la Constitución de La Rioja, realizada en 2024.
Este miércoles, en la Comisión de Derechos y Garantías, se firmó un dictamen de mayoría referido al tema. Fue impulsado por el interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe y acompañado por Más para Santa Fe y Activemos. Además, el espacio Somos Vida presentó su propio proyecto.
El dictamen de mayoría ingresado este miércoles establece que “la Provincia reconoce la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas. Se compromete a adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos y garantizar condiciones de igualdad”. La encargada de presentar este artículo fue la convencional de Unidos y ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda.
Además, en la comisión también se firmó un dictamen de mayoría en el que establece que la Constitución santafesina reformada reconocerá nuevos derechos, como el derecho digital, derecho a la ciencia e innovación, a la protección del ambiente, al agua y derechos de consumidores y usuarios.
Respecto a los derechos digitales, la redacción del nuevo artículo establecerá que “todos los derechos previstos en esta Constitución son aplicables en entornos digitales. La Provincia impulsa el desarrollo y uso ético de las tecnologías de manera segura y orientadas al bien común, preservando la centralidad y la dignidad de la persona humana”.
En el mismo sentido, se destaca que toda persona tiene derecho al acceso universal, equitativo, asequible, sin discriminación, continuo y de calidad a la tecnología, a la conectividad y a la infraestructura tecnológica y determina que “el Estado adoptará medidas para lograr progresivamente la efectividad de este derecho, reconociéndose como condición para ejercer una ciudadanía plena e igualitaria y procurando la eliminación de las brechas digitales”.
Luego, se resalta que “la Provincia promueve la construcción de una ciudadanía digital inclusiva, garantizando la alfabetización digital crítica, el respeto a la privacidad, la autonomía mental y la no manipulación de pensamientos, emociones o decisiones mediante el uso de tecnologías, asegurando siempre el consentimiento libre, expreso, informado y revocable”. En esa línea, manda a adoptar políticas integrales de ciberseguridad y procurar un espacio digital libre de violencia, con especial protección de niños, niñas y adolescentes.
Otro artículo sobre derechos digitales advierte que toda persona “tiene derecho a la protección de sus datos personales que se encuentren en entornos digitales ejerciendo sobre ellos el control en el uso, gestión, circulación y conservación de su información personal, con especial protección sobre datos sensibles”.
Luego, en otro párrafo, se determina que toda persona tiene derecho a conocer de forma clara, accesible y comprensible los criterios, parámetros y lógicas utilizadas en los sistemas automatizados o algorítmicos de toma de decisiones y a que intervenga una persona humana cuando esa decisión pueda afectar sus derechos, especialmente en los que se implemente inteligencia artificial u otras tecnologías emergentes.
Otro artículo novedoso tiene que ver con el reconocimiento a la ciencia y a la innovación y lo enmarca como “un bien común de la sociedad, un derecho de las personas y una herramienta estratégica para el desarrollo socio productivo, sustentable e inclusivo”. En tal sentido, se impulsa el fortalecimiento de un sistema de innovación, con el desarrollo de una institucionalidad, políticas públicas y recursos que aseguren el acceso equitativo a sus beneficios, el impulso a la investigación original, la transferencia tecnológica y la difusión del conocimiento, propiciando la articulación entre actores públicos y privados vinculados a la generación de conocimiento.
La comisión de Derechos y Garantías también firmó un dictamen en el que se incluye el derecho de toda persona a gozar “de un ambiente sano, equilibrado, sostenible y apto para el desarrollo humano, así como el deber de cuidarlo y protegerlo con enfoque intergeneracional y de colaborar con la acción climática”.
Coloca al ambiente como “bien colectivo” y destaca que la Provincia establecerá políticas públicas y mecanismos especiales de protección con base en los principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional, progresividad y no regresividad, responsabilidad, solidaridad y en los derechos de acceso a la información pública ambiental, participación ciudadana, acceso a la justicia y educación ambiental. Además, se deberán establecer sistemas de protección de la naturaleza, de las especies nativas y de los ecosistemas y adoptar medidas en defensa de los animales para asegurar su bienestar y protección, conforme lo establezca la ley.
Según el dictamen de mayoría firmado este miércoles, el agua es un “bien colectivo de uso común e indivisible, esencial para la vida humana, de los ecosistemas y para el desarrollo productivo. Tiene una función social y ambiental y goza de especial protección desde una perspectiva sistémica” y destaca que “toda persona tiene derecho de acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento”. Asimismo, ordena que el Estado estructurará la política pública de gestión integrada, sostenible y planificada de los recursos hídricos con base en la seguridad hídrica, la equidad intergeneracional, el ordenamiento territorial, el establecimiento de cuencas hidrográficas, la preservación del ciclo hidrológico y de los humedales, la interpretación más favorable a la protección de los recursos de agua y ecosistemas conexos, la información pública y la participación ciudadana.
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Por último, señala que la Provincia protege los derechos de consumidores y usuarios y gozan en sus relaciones de consumo de los siguientes derechos: a la dignidad; a la educación; al acceso al consumo sustentable, seguro y de calidad; a la salud; a la protección de su privacidad; a la indemnidad personal y patrimonial, conforme los principios de prevención, precaución y de reparación integral; a la información; al acceso gratuito a la justicia y tutela judicial efectiva; a asociarse para la defensa de estos derechos.
En la redacción del artículo, se indica que la Provincia garantiza la protección de estos derechos mediante un sistema administrativo de defensa del consumidor, su normativa de implementación, y las acciones judiciales individuales y colectivas. Adopta medidas, en coordinación con los municipios, de promoción del consumo sustentable, de prevención de conflictos y de riesgos, tanto en el entorno físico como digital, en particular: la protección de los consumidores y usuarios hipervulnerables; la educación para el consumo; el asociativismo consumeril; y la protección contra los riesgos, la publicidad, el marketing, el sobreendeudamiento de las personas consumidoras, las cláusulas contractuales abusivas y las prácticas abusivas.
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