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Política Anses | opinión | Deuda de Nación con Santa Fe

Cómo desfinanciar la Anses en nombre del federalismo

El reclamo de la provincia de Santa Fe por la devolución de los descuentos sobre la coparticipación es una "cruzada" política que disimula un federalismo superficial desentendido de la seguridad social.

De Jorge Obeid a Omar Perotti, pasando por Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, el reclamo por la devolución de fondos de la masa pre-coparticipable destinada a la Anses es una “cruzada federal” que esconde la razón original del acuerdo: los pactos socialistas con el macrismo y un federalismo superficial desentendido de la seguridad social.

La historia del reclamo de la provincia de Santa Fe, por la devolución de los fondos retenidos a todas las provincias del país (todas, no sólo las que lo judicializaron), tiene unos 15 años si nos remontamos al reclamo administrativo original de Jorge Obeid, 13 si nos remitimos al juicio iniciado por Hermes Binner, pero se estampa sin relieve en los titulares de esta última semana.

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Había dos modos de encarar una nota que se desmarque del triunfalismo de coyuntura del tipo “Estanislao López vence al ejército porteño del general Juan José Viamonte”, desde los antecedentes históricos hasta la tapa de los diarios actuales o al revés, sin abrumar lectores, aportando otras cifras además de los $151.800 millones que se cobrarían en Bonos CER. Cifras que impactan sobre la sustentabilidad de un organismo maltratado por la prensa y las operaciones políticas, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) o “la caja del populismo”, que administra “la plata de los jubilados” (un disparate grabado a fuego en el sinsentido común dominante argentino), o ese “oscuro lugar de corrupción e ineficacia” apetecible para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las derechas neoliberales, dado que jubilaciones y pensiones representan el 35% del gasto público nacional.

Elegimos honrar el famosísimo esquema de la pirámide invertida, ideal para proteger el contenido esencial las limitaciones de espacio del viejo periodismo gráfico y de les lectores que sólo consumen títulos y copetes (que, a esta altura, ya no están entre nosotros). Empecemos con algunas conclusiones esenciales para desarrollarlas brevemente al final.

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Es notable el extravío ideológico que hace que dos gobernadores peronistas y tres socialistas (más el radicalismo que aporta una confusión doctrinal que acumula décadas) festejen un fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el sistema nacional solidario y de reparto de jubilaciones y pensiones, como un golazo al ángulo del porteñocentrismo. Haciendo tabula rasa de la razón esencial por la que se instauró la detracción del 15% de la masa coparticipable para financiar la seguridad social después de la desastrosa experiencia de la mal llamada Ley de Solidaridad Previsional de Raúl Alfonsín y el sistema de capitalización privado promovido por el menemismo en 1994 y que descapitalizó al sistema de seguridad social en particular y al Estado en general (llegó a representar casi la mitad del déficit del sector público). Ese déficit se afrontó con tomando deuda externa y realizando dolorosos ajustes fiscales.

Justo es decir que hay una delgada línea o posicionamiento ideológico que une a los mandatarios mencionados y se agita por detrás del declamado federalismo fiscal: un recelo elevado a la estatura de fractura interna (en el caso de Obeid y el Peronismo Federal), un gorilismo particularmente enfocado en Néstor y Cristina (en el caso Binner, Bonfatti y Lifschitz) y un personalismo notable de Omar Perotti (a prudente distancia de los gobiernos de Néstor y Cristina), quien de todos modos recibe un fallo que la Corte que –48 horas después del triunfo de Cambiemos en el balotaje de 2015– ejecuta a favor de las provincias que judicializaron lo que aquí denominaremos “un aporte solidario a escala nacional para sostener el financiamiento del sistema de seguridad social”, golpeado por las privatizaciones menemistas, la destrucción del empleo formal y el ajuste impiadoso de la primera Alianza (y segundo gobierno radical) y, más recientemente, el industricidio y saqueo de la Anses operado por el macrismo.

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Decir, como dijeron los tres gobernadores socialistas (en curioso unísono con Obeid y Reutemann), que “dado que el Estado se apoderó de los fondos de las AFJP, debería devolverles a las provincias el 15% comprometido por la leyes 24.241 y 26.087” es desconocer la composición y funcionamiento del sistema, las posibilidades reales del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (proponiendo el disparate de liquidar tenencias en acciones y bonos para afrontar jubilaciones y pensiones) y desentenderse de la lógica solidaria de un sistema que ha logrado la mejor tasa de cobertura de América Latina (95,1% en la actualidad); todo esto pese a la desfavorable relación entre beneficiarios y aportantes y las sucesivas y fallidas medidas tendientes a desfinanciarlo permanentemente.

¿Qué medidas? Pues los ajustes recesivos con impacto en la caída del empleo en blanco, bajas de aportes patronales, reducción de posiciones arancelarias a los sectores exportadores, la suba del mínimo no imponible de ganancias que representa más del 50% de los fondos coparticipables que van a la Anses, entre otras. Son medidas históricamente reclamadas por los coloquios de IDEA y los empresarios que prometen “generar empleo de calidad” contra la baja de aportes y contribuciones, relación inversamente proporcional que nunca se verificó en la historia económica argentina, pero que produce concesiones permanentes de casi todos los gobiernos democráticos post dictadura (incluido el Frente de Todos).

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La afectación de la recaudación tributaria afectada a la Anses (componente esencial de la fórmula con que se definen dos aumentos semestrales para jubilados) y la devolución de la masa de recursos descontados desde 2006 hasta fines de 2015 (no sólo la que reclaman las tres provincias que recurrieron a la Corte, es de esperar que otres “caudillos federales” sigan el mismo camino), implican un golpe indudable a la sustentabilidad de un sistema que justificadamente representa el 67,6% de la inversión social –“gasto” para fiscalistas y liberales puros y duros– y que se destina casi en su totalidad al pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH.

Para ponerlo en cifras de impacto local, los $151.800 millones que –discusión aparte– serán cancelados en cuotas y bonos CER ajustables por inflación, representan un semestre de sueldos para la administración pública provincial, o un tercio del gasto total del Estado santafesino, estimado en $436.781 millones para el ejercicio 2022.

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Más allá del peso real en las cuentas públicas santafesinas del acuerdo celebrado entre el gobernador, el presidente Alberto Fernández y el ex ministro Martín Guzmán, el hecho tiene un peso simbólico mayor para un federalismo singular, que se desentiende de la suerte general del sistema, mientras fustiga para los medios a los “unitarios que se quedan con lo que es nuestro” que “nos impiden realizar una gestión más inclusiva y que amplíe derechos”. Lo que cualquiera de las provincias afectadas de todos modos podrían hacer si tuvieran la decisión política (e ideológica, por supuesto) de aumentar sus recaudaciones realizando reformas tributarias progresivas, que sinceren la valuación fiscal de los bienes pertenecientes a sectores con capacidad contributiva ociosa y afecte rentas ordinarias o extraordinarias, afrontando el desafío político que eso supone. El camino elegido es casi siempre otro: no confrontar con el establishment local y apuntar el megáfono hacia los gobiernos nacionales, que efectivamente ejercen un federalismo más declamatorio que concreto, pero que no incluye la devolución de fondos para financiar la Anses, que no administra solamente “la plata de los jubilados”, sino que es una formidable herramienta de intervención en los mercados de crédito público, la producción, la industria y el consumo.

El social-radicalismo que deplora los bonos peronistas pero resignaba recursos con Macri

A los reclamos airados de Maximiliano Pullaro y Clara García por el perjuicio derivado de cobrar la deuda en bonos, que los defaulteadores seriales de Juntos por el Cambio aseguran van a ser defaulteados por el Frente de Todos, habría que recordarles que Hermes Binner avaló de la detracción cuando era diputado nacional y la judicializó como gobernador objetando la constitucionalidad de una ley que él mismo había votado y que fue sancionada por amplias mayorías (153 votos a favor contra 28 que aunó al PRO, con el radicalismo y el ARI, es decir Cambiemos o Juntos por el Cambio).

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Ricardo Gil Lavedra, actual patrocinante de Vicentín SAIC para defender la estafa perpetrada contra el Estado y contra más de mil productores, fue contratado sin concurso ni licitación por Hermes Binner para reclamar la devolución de un aporte que él mismo votó como legislador.

Ricardo Gil Lavedra, actual patrocinante de Vicentín SAIC para defender la estafa perpetrada contra el Estado y contra más de mil productores, fue contratado sin concurso ni licitación por Hermes Binner para reclamar la devolución de un aporte que él mismo votó como legislador.

Que el destino de los fondos ya está previsto en el presupuesto provincial que votaron en marzo de éste año, más precisamente el artículo 55 de la ley 14.075, que establece que esos fondos sólo pueden ser utilizados para costear obra pública y cancelar préstamos tomados para los mismos fines. Y que los municipios y comunas beneficiados con ésos recursos, también deben emplearlos para los mismos fines, son de afectación conocida y específica, fin del debate.

Y un dato no menor, sin el cual no se entiende que el argumento central, encubierto tras las objeciones por la modalidad de pago, el tráfico institucional de un acuerdo que aún debe ser homologado por la Corte (donde mora el titular de uno de los estudios contratados por Santa Fe para litigar contra la Nación, Carlos Rosenkratz) o el destino de los recursos; no es la falta de transparencia del gobierno provincial o éste federalismo de fibrofácil esmaltado y con balcón al frente, sino un recelo radicalizado contra cualquier gobierno peronista, particularmente kirchnerista. Una estrategia confrontativa que no tuvieron con el macrismo, al que le votaron un Pacto Fiscal a cambio del pago de esta misma deuda y que incluyó la destrucción del Fondo Federal Solidario (que coparticipaba parte de las retenciones a la soja), es decir que eligieron creerle a Mauricio Macri y resignar recursos fiscales en pos de una suerte de gobernabilidad responsable. El Frente Progresista se opuso a las retenciones, cobró y gastó el Fondo Sojero y mientras tanto se quejó sistemáticamente de que “la provincia recibía poco en relación al aporte que realizaba como productor agropecuario”. Otra vez, el fondo era federal y solidario, como el sistema de seguridad social, distribuyendo la renta extraordinaria sojera para compensar las desigualdades entre provincias agropetroleras y gasíferas, con abundantes recursos naturales y otras que no pueden ser viables ni deben ser abandonadas a sus posibilidades y suerte.

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Nada será dicho de la contratación directa –sin concurso ni licitación– de los estudios de Rosenkratz (un experto de asegurar derechos donde hay una necesidad) y Ricardo Gil Lavedra (hoy patrocinante de Vicentín SAIC, estafadores probados contra el Estado Nacional y más de 1.000 productores y cooperativas), para garantizar una sentencia que “no podía ser alcanzada” con los oficios los abogados disponibles en el servicio de justicia del Estado provincial.

Pero sí de una estrategia de articulación política y de confrontación sin cuartel contra cualquier expresión peronista, que aleja a socialistas y radicales de cualquier progresismo concreto (declamarlo es mucho más sencillo) y los encuentra mancomunados con la derecha neoliberal en un Frente No Peronista, en el caso del socialismo, como socios muy menores, lejos del sueño de trascendencia nacional de sus fundadores locales.

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