A lo largo de las próximas semanas, AIRE buscará dilucidar cuáles causas quedaron paralizadas y en qué contexto para poder dimensionar ese sistema oscuro que funcionaba en el juzgado federal N°4. El primer caso que se va a revelar es sobre el robo de fusiles del Batallón 601 de Fray Luis Beltrán, que se inició en 2011 y recién la semana pasada, catorce años después, terminó en el procesamiento de un grupo de militares.
Esta situación amenaza a transformarse en un modus operandi, pero fue posible empezar a desmantelar, porque Bailaque tiene los días contados como juez federal de Rosario, después de que el Consejo de la Magistratura diera un paso clave para avanzar en su destitución. Se formalizó la acusación contra un juez que asumió en su cargo en 2008 y a lo largo de los últimos años sumó serios cuestionamientos. El 30 de abril pasado lo imputaron de tres causas judiciales concretas, y ese escenario complicado en su contra avivó la investigación en el Consejo de la Magistratura. La comisión de acusación de ese organismo estuvo paralizada cuatro meses, desde diciembre.
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El próximo 17 de junio Bailaque tendrá la última posibilidad de defenderse antes de que se convoque al plenario de ese cuerpo para su suspensión en el cargo.
Bailaque está acusado de extorsionar a un empresario junto con el financista Fernando Whpei, con prisión domiciliaria, y el exjefe de ARCA Carlos Vaudagna. También está imputado de favorecer al jefe narco Alvarado, con quien compartía su contador, como reveló AIRE el 11 de junio pasado, y de darle el manejo de fondos millonarios de una cooperativa intervenida a Whpei, quien el propio jefe de ARCA dijo en su declaración que manejaba el organismo recaudador y la Aduana, que debe controlar el complejo portuario del Gran Rosario, donde se cuela el narcotráfico a través de la hidrovía.
Por eso, varias fuentes judiciales insisten en que “esto es sólo la punta del iceberg”, aunque hay dudas de que la caída de Bailaque actúe como un techo. El dilema futuro es qué pasará cuando un juez ocupe el juzgado federal N°4. La sospecha es que la matriz de corrupción, que quedó al descubierto con esta investigación judicial y su correlato en el Consejo de la Magistratura, contaminó todo y era parte de un sistema de funcionamiento ilegal.
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El financista Fernando Whpei quedó preso por realizar extorsiones junto con el juez Bailaque y el extitular de ARCA, Carlos Vaudagna.
Estas investigaciones mostraron otros puntos oscuros que exceden el mal desempeño de un magistrado. Bailaque, junto con el financista Whpei, titular del Grupo Unión, y el extitular de ARCA armaron una estrategia con todo el aparato del Estado –el ente recaudador y la justicia- para perjudicar al empresario Claudio Iglesias. Inventaron una causa, según admitió Vaudagna en su declaración como arrepentido, y pusieron en marcha a todo el engranaje judicial, con allanamientos y peritajes, con directivas a Prefectura para buscar documentación, con el objetivo de fondo de sacarle 200.000 dólares de soborno a este empresario. Parte del dinero, unos 120.000 dólares los pagó Iglesias en el Museo de la Democracia, un extraña ONG que conducía Whpei en el ex Palacio Fuentes, un edificio emblemático de Rosario.
Bailaque encendía la maquinaría judicial y también la apagaba, como hizo con el narco Alvarado, a quien tardó por lo menos tres años en investigar seriamente. En ese lapso, entre 2016 y 2019, Alvarado engrosó su fortuna, con los cargamentos de cocaína que traía desde Paraguay a Rosario en su flota de avionetas, y ordenó matar a decenas de personas. En su declaración como testigo, su examigo y mecánico Carlos Arguelles describió una serie de atrocidades que llevaba adelante Alvarado con sus víctimas, algunas de las cuales diluyeron en ácido y otras enterraron vivas. Arguelles fue asesinado en setiembre de 2021, después de declarar en contra de su exjefe.
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Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario y Santa Fe, se presentó como “arrepentido” en la causa que lo involucra a él y al juez federal Marcelo Bailaque.
Como reveló AIRE, también el 11 de junio pasado, Bailaque tenía el mismo contador Gabriel Mizzau, que el narco al que debía investigar. El hijo de este hombre, que era también su amigo, entró a trabajar en 2017 al juzgado federal N°4, que llevaba adelante las pesquisas por lavado de dinero contra el jefe narco. Los balances de las empresas que estaban a nombre de la expareja de Alvarado tenían la firma de Mizzau. “No tenía idea que Mizzau era contador de Alvarado”, respondió ante una consulta de este diario. Su excompañero de la secundaria en el Colegio Maristas era quien había construido un andamiaje legal para blanquear el dinero narco, con la conformación de empresas legales, como Logística Santino y Sagrado Corazón.
Las versiones sobre la oscuridad que reinaba en el juzgado a cargo de Bailaque provienen desde hace años. Eso se cristalizaba en las investigaciones, que mostraban una particularidad en medio de una guerra narco sangrienta que sufría la ciudad: la justicia federal condenaba a los grupos narcos después de que lo hiciera el fuero provincial, donde los delitos que se juzgaban no eran tráfico de drogas, sino asociación ilícita y homicidios, en su mayoría. Por ejemplo, la causa de lavado de dinero contra Los Monos, que se tramitó en su juzgado no sumó casi ningún elemento nuevo al expediente que terminó antes en la justicia provincial, que terminó con las primeras condenas contra este grupo criminal en 2018.
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Gabriel Mizzau (izq) y Marcelo Bailaque (der) fueron compañeros de la secundaria en el colegio Dante Alighieri y comparten una amistad de años.
Bailaque asumió como juez federal en Rosario en 2008, luego de empezar su carrera judicial en Santa Cruz, donde fue protagonista de la precuela del kirchnerismo, y entabló una buena relación Carlos Chino Zannini, cuando era ministro de la Corte Suprema provincial y aceitó las conexiones con una clase política que en 2003 llegó al poder con Néstor Kirchner. Pero no sólo fue este sector político el que lo sostuvo y protegió, sino también, como insisten en la justicia federal de Rosario, funcionarios de peso del Poder Judicial, que custodiaban una de las jurisdicciones más relevantes del país.
