La revelación que hizo AIRE el 11 de junio pasado fue clave y la base principal, según esgrimieron a lo largo de las audiencias, para que este juez federal de Rosario empezara a ser investigado. Este medio publicó que el contador personal de Bailaque, Gabriel Mizzau, era el mismo que tenía el narco Esteban Alvarado, a quien le lavaba dinero a través de la conformación de empresas que estaban a nombre de Rosa Capuano, su expareja.
Con este paso en el Consejo de la Magistratura, Bailaque tiene las horas contadas como magistrado, después de ocupar ese cargo desde 2008, cuando lo designó el Senado de la Nación.
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Según detalló el senador Luis Juez, presidente de la comisión de acusación del Consejo de la Magistratura, el próximo 17 de junio Bailaque tendrá la última posibilidad de defenderse antes de que se convoque al plenario de ese cuerpo para su suspensión en el cargo.
El próximo paso es que se forme el tribunal de enjuiciamiento y finalmente lo destituya. Fuentes del Consejo de la Magistratura calculan que el apartamiento del juez se concretará antes de la feria de invierno del Poder Judicial. Cuando se haga efectiva esta medida, Bailaque será detenido y cumplirá sus días de arresto en su casa.
El diputado nacional y consejero Álvaro González fue el que elaboró el dictamen de acusación contra Bailaque en conjunto con el representante de los abogados Alberto Maques, que por un problema de salud no pudo estar presente en la audiencia.
En el documento que presentó González se detallan a través de 193 fojas los tres casos en los que Bailaque está imputado en la justicia federal. Se sumaron también a este informe los testimonios que dieron a lo largo de más de un año los testigos en la comisión, entre ellos, el fiscal Luis Schiappa Pietra, el oficial de la PSA Emilio Lencina, el titular de PROCUNAR Diego Iglesias y el fiscal Marcelo Di Giovani, entre otros.
Todos concluyeron que Bailaque no tenía justificación para rechazar los pedidos de escuchas telefónicas contra Alvarado, algo que aletargaron la investigación en su contra en 2016. Se sumaron además otros casos, como los que involucran también al financista Fernando Whpei y el exjefe de la AFIP Carlos Vaudagna, que –como se reveló en AIRE- extorsionaron al empresario Claudio Iglesias para perjudicarlo en su carrera en San Cristóbal Seguros y para sacarle dinero –unos 120.000 dólares-.
Se mencionó también en el dictamen la trama en la que Bailaque favoreció a su “amigo” Whpei en el manejo de los fondos millonarios –unos 10.000 millones de pesos- de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín, que en ese momento estaba intervenida, luego de que procesaran al extitular Herme Juárez.
Estos tres casos bastaron para que Bailaque fuera imputado, que le dictaran prisión preventiva –que por orden de la Cámara de Apelaciones- cumplirá en su casa, y ahora con serias chances de ser destituido como magistrado. Fuentes judiciales advirtieron que estas causas son sólo la punta de un Iceberg. El manejo oscuro del juzgado federal N°4 encierra decenas de otras historias en las que el magistrado había actuado en favores de algunos actores a cambio de dinero. Todavía se investiga si el patrimonio del juez creció de forma desmedida en los últimos años.
De qué se lo acusa a Marcelo Bailaque
Bailaque está acusado de favorecer a uno de los principales narcos de Rosario, como Esteban Alvarado, que a lo largo de su carrera criminal le sirvió el tiempo que le dio el juez para acumular mucho más dinero, fruto de sus actividades vinculadas al narcotráfico, y de matar a parte de sus enemigos.
La descripción que hizo el testigo Carlos Arguelles, después asesinado por orden de Alvarado, de las atrocidades que hacía este jefe narco muestran que necesitaba la connivencia del Estado, como plantearon Schiappa Pietra y Matías Edery en los alegatos del juicio que terminó con la condena a prisión perpetua de Alvarado.
La lentitud y la inacción muchas veces son parte esenciales de la corrupción en la justicia. La destitución de Bailaque marcará un quiebre y puede transformarse en una bisagra en la Justicia federal, donde muchos actores de peso miraron para otro lado durante el periodo más sangriento de la ciudad.
