A un año de la reforma constitucional de Santa Fe: los acuerdos, las disputas y el nuevo mapa del poder
Un año después de su aprobación, la nueva Constitución exhibe los consensos que hicieron posible la reforma y también las disputas que marcaron su construcción.
De 1962 a 2025: un año de la nueva Constitución que cambió las reglas políticas de Santa Fe.
Hace un año, Santa Fe cerraba uno de los capítulos institucionales más extensos de su historia. Después de 63 años, la provincia volvía a tener una Constitución nueva. El texto aprobado por la Convención del 25 puso punto final a una discusión que atravesó generaciones de dirigentes y abrió otra: la de transformar las nuevas normas en políticas, derechos y reglas que efectivamente modifiquen la vida institucional santafesina.
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La escena de aquel cierre condensó buena parte de lo que había ocurrido durante los meses anteriores. Tras semanas de sesiones, negociaciones, diferencias y acuerdos, los convencionales aprobaron el nuevo texto constitucional. Días después, el gobernador Maximiliano Pullaro y todas las autoridades provinciales juraron la Carta Magna reformada y Santa Fe comenzó formalmente una etapa distinta.
El proceso había comenzado con una particularidad histórica. La Constitución de 1962 había sobrevivido durante más de seis décadas, incluso a períodos de interrupción democrática, cambios de gobierno y sucesivos intentos de reforma. Santa Fe había quedado, junto con Mendoza, entre las provincias que no habían actualizado su Constitución después de la reforma de la Carta Magna nacional de 1994.
Un año después de aquella sanción, una incógnita es insoslayable: ¿cuánto de lo incorporado y reformado en el nuevo texto ya se convirtió en parte de la nueva arquitectura institucional de Santa Fe?
Sesenta y tres años después, Santa Fe volvió a reformar su Constitución
La distancia temporal entre ambas reformas permite dimensionar el proceso. En 1962, Santa Fe atravesaba otro momento de inestabilidad política. El gobernador Carlos Sylvestre Begnis, médico de profesión, había impulsado la reforma de una Constitución que había sido revisada en 1900, después de que las versiones de 1921 y 1949 fueran dejadas sin efecto por gobiernos militares.
La Convención sesionó entre enero y abril de aquel año. Estuvo integrada por 60 convencionales: 58 varones y apenas dos mujeres. El 65% provenía de Rosario o de la ciudad de Santa Fe. El trabajo se organizó en cuatro comisiones y siete subcomisiones que abordaron desde las declaraciones, derechos y garantías hasta el régimen económico y social.
El contexto político volvió a quedar marcado por la inestabilidad. Arturo Frondizi había sido derrocado mientras la Convención avanzaba con su trabajo y permanecía detenido. Poco después de la jura de la nueva Constitución, el gobierno de facto intervino varias provincias, entre ellas Santa Fe, y destituyó a Sylvestre Begnis.
La Constitución de 1962, sin embargo, permaneció.
Durante las décadas siguientes hubo nuevos intentos de modificarla. Carlos Reutemann, Jorge Obeid, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz fueron algunos de los gobernadores que retomaron el debate. Ninguno consiguió reunir los consensos necesarios.
El último intento frustrado había sido el de Lifschitz. En 2019, el entonces gobernador había defendido públicamente la necesidad de actualizar una Carta Magna que consideraba atrasada respecto de la Constitución Nacional.
“Desde 1994, Santa Fe está en mora constitucional”, había advertido.
El proyecto no prosperó.
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Recién con Maximiliano Pullaro el proceso logró avanzar definitivamente. El gobernador consiguió abrir una discusión que durante décadas había quedado atrapada entre la falta de acuerdos, las diferencias partidarias y un tema que condicionó buena parte de los intentos anteriores: la reelección del gobernador.
Una Convención atravesada por acuerdos y diferencias
La Convención Reformadora de 2025 no fue un trámite automático. Durante las semanas de debate hubo jornadas extensas, negociaciones entre bloques, votaciones ajustadas y acuerdos que se construyeron sobre la marcha.
El oficialismo tuvo un peso determinante en la conformación política de la Convención, pero el texto final incorporó planteos provenientes de distintos sectores.
El peronismo, el radicalismo, el socialismo, el PRO y los sectores liberales participaron de una discusión que, pese a las diferencias políticas, logró algunos acuerdos amplios en cuestiones centrales.
Uno de los ejemplos más claros apareció en torno a la Causa Malvinas.
Malvinas, el consenso que atravesó a toda la Convención
La Constitución de 1962 había sido sancionada dos décadas antes de la guerra de Malvinas. Por eso, el nuevo texto incorporó una referencia que hasta entonces no existía en la Carta Magna santafesina: el reconocimiento de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, la Antártida y los espacios marítimos circundantes.
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El artículo fue aprobado por unanimidad.
La presencia de veteranos de guerra en el recinto y el aplauso de los convencionales transformaron aquella votación en uno de los momentos más simbólicos de todo el proceso.
También hubo coincidencias alrededor de la defensa de la democracia y del federalismo de concertación, otra de las incorporaciones que atravesó el debate sin las divisiones que aparecieron en otros capítulos.
En medio de un escenario político nacional marcado por fuertes enfrentamientos, la Convención santafesina encontró en esos temas un terreno común.
Derechos, igualdad y el reconocimiento de sectores históricamente postergados
Otro de los cambios sustanciales apareció en el capítulo de derechos.
La nueva Constitución incorporó las medidas de acción positiva y reconoció la existencia de desigualdades estructurales que afectan el ejercicio pleno de los derechos.
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- El nuevo artículo 13 establece que la provincia debe adoptar medidas concretas para reducir los efectos de esas desigualdades.
- El texto contempla, entre otros aspectos, la protección integral de niñas, niños y adolescentes, la paridad de género, los derechos de las personas con discapacidad, el reconocimiento de los pueblos originarios, el respeto por las diversidades y la equidad territorial.
- La discusión no quedó encerrada en el recinto. La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías fue uno de los espacios que recibió mayor cantidad de exposiciones externas. Organizaciones sociales, comunidades indígenas, colectivos feministas y asociaciones vinculadas a personas con discapacidad participaron del debate.
Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando representantes de comunidades originarias expusieron ante la Convención en sus propias lenguas nativas.
El cambio que durante décadas condicionó cualquier reforma: la reelección
Durante 62 años, la posibilidad de modificar la Constitución estuvo condicionada por un debate recurrente: la reelección del gobernador. El texto de 1962 permitía la continuidad de diputados, senadores, intendentes y concejales, pero impedía que el gobernador y la vicegobernadora fueran reelegidos inmediatamente.
La nueva Constitución modificó esa regla.
- Casi ocho de cada diez convencionales votaron a favor de habilitar una reelección consecutiva para gobernador y vicegobernador.
- La discusión, sin embargo, tuvo una particularidad: la cláusula transitoria que permite aplicar esa posibilidad al actual gobernador tuvo un respaldo menor.
- La Convención también estableció límites para otras autoridades electivas. A partir de 2036, legisladores provinciales y demás autoridades elegidas por el voto popular tendrán una sola posibilidad de reelección.
Así, uno de los principales obstáculos que había acompañado los intentos de reforma durante décadas terminó convertido en una nueva regla constitucional.
Una Constitución que cambió las reglas institucionales
El nuevo texto no se limitó a modificar derechos o incorporar principios.
La reforma alteró distintas reglas de funcionamiento del Estado provincial y actualizó instituciones que habían quedado diseñadas bajo una realidad política y social muy diferente a la actual.
- La nueva Carta Magna incorporó 46 artículos, modificó otros 42 y estableció 27 disposiciones transitorias.
- Entre los cambios aparece también una nueva concepción de la relación entre la provincia, sus municipios y comunas, además de modificaciones vinculadas con el funcionamiento de los poderes públicos y distintos mecanismos de participación y control.
El desafío, un año después, ya no está dentro de la Convención.
Está en la Legislatura.
El segundo capítulo: las leyes que deben hacer funcionar la nueva Constitución
La aprobación del texto no terminó el proceso reformador.
Por el contrario, abrió una segunda etapa: la adecuación de las leyes provinciales a las nuevas disposiciones constitucionales.
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La propia Constitución establece plazos para esa tarea. En determinados casos, la nueva normativa necesita una legislación específica para poder aplicarse de manera efectiva.
Allí aparece uno de los principales desafíos del primer aniversario. De momento, en el ámbito parlamentario ya se aprobaron nuevas normativas en torno a la vida de los Municipios, reglas electorales, entre otros.
Un año después, la reforma todavía está en construcción
El aniversario de la nueva Constitución permite mirar el proceso con cierta distancia.
En 2025, Santa Fe consiguió hacer algo que durante más de seis décadas había parecido imposible: sentar a distintas fuerzas políticas alrededor de una nueva Carta Magna.
El resultado fue un texto que incorporó derechos y principios ausentes en 1962, actualizó las reglas de acceso y permanencia en el poder, reconoció nuevas realidades sociales y modificó parte de la arquitectura institucional de la provincia.
Pero la historia de la reforma no terminó con aquella votación.
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Un año después, comienza a medirse en otro terreno: el de la aplicación.
Las próximas leyes, las decisiones de los poderes públicos y la capacidad de convertir los nuevos mandatos constitucionales en políticas concretas determinarán cuánto de aquella reforma se transforma en una nueva realidad institucional.
La Constitución de 1962 necesitó sobrevivir a décadas de cambios políticos para convertirse en la estructura sobre la que funcionó Santa Fe durante 63 años.
La de 2025 enfrenta ahora un desafío diferente: demostrar, durante los próximos años, que puede dejar de ser solamente el texto que reemplazó a aquella Carta Magna y convertirse en las nuevas reglas bajo las cuales la provincia organiza su vida democrática.
