Policías y violencia institucional: qué propone el proyecto que el Gobierno de Santa Fe envió a la Legislatura
El Gobierno busca modificar la Defensa Pública, sumar ocho defensores y crear una estructura especial para policías acusados de violencia institucional.
La reforma propuesta por el Gobierno contempla unidades especiales para casos complejos y la defensa de policías acusados de violencia institucional.
El Gobierno de Santa Fe ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que busca ampliar las herramientas de organización del Ministerio Público de la Defensa (MPD) y habilitar la creación de Programas o Unidades Especiales de la Defensa Pública para atender, entre otros casos, situaciones que involucren a policías.
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La iniciativa, firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro, incorpora entre los posibles objetivos de estas unidades la defensa de miembros de las fuerzas de seguridad en causas en las que se alegue violencia institucional. El proyecto también contempla otros tipos de procesos que por su complejidad requieran una intervención especializada.
Qué propone el proyecto que ingresó el Gobierno de Santa Fe
La iniciativa modifica la Ley 13.014 para incorporar el artículo 21 bis. Allí se establece que la Defensoría General podrá crear Programas o Unidades Especiales de la Defensa Pública cuando considere necesario garantizar una prestación "eficiente, especializada, uniforme y estratégica" del servicio.
Estas estructuras podrán tener carácter permanente o transitorio y abarcar una jurisdicción provincial, regional o interregional, según lo determine la resolución que disponga su creación.
El proyecto no establece una única unidad destinada exclusivamente a policías, aunque sí fija distintos supuestos en los que podrían crearse estas estructuras, dejando abierta la posibilidad de que la Defensoría General determine otros casos en los que resulte necesaria una organización especializada.
Los casos en los que podrán intervenir
Entre los supuestos incluidos en el proyecto aparecen:
- Casos que requieran formación especializada.
- Litigios complejos, de trascendencia institucional o con significativa repercusión pública.
- Procesos que necesiten una estrategia institucional unificada.
- Situaciones en las que exista o pueda existir conflicto de intereses entre personas asistidas por distintas Defensorías Públicas.
- La defensa de miembros de fuerzas de seguridad en casos en los que se alegue violencia institucional.
- Causas vinculadas con la actuación de unidades fiscales especializadas del Ministerio Público de la Acusación que requieran una respuesta institucional equivalente.
- Refuerzos transitorios para las Defensorías Regionales ante sobrecarga de trabajo, complejidad de las causas o necesidades del servicio.
- Cualquier otro supuesto que la Defensoría General considere fundadamente necesario.
Ocho nuevos cargos de Defensor Público
El proyecto también contempla una medida concreta para poner en funcionamiento estas estructuras: la creación de ocho cargos de Defensor Público dentro del ámbito de la Defensoría General del Ministerio Público de la Defensa.
Los nuevos cargos tendrán dependencia directa de la Defensoría General y estarán destinados prioritariamente a integrar las Unidades Especiales. La iniciativa autoriza además al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la creación de estos cargos.
Según el texto enviado a la Legislatura, la Defensoría General podrá conformar las Unidades Especiales mediante el traslado funcional de defensores públicos, funcionarios o empleados del Ministerio Público de la Defensa, independientemente de la circunscripción judicial en la que actualmente trabajen.
También podrá solicitar que determinados cargos sean cubiertos mediante concursos específicos, cuando las necesidades institucionales así lo requieran. El proyecto establece que estas modificaciones deberán preservar el sistema de carrera y las reglas de acceso a la magistratura previstas en la legislación vigente.
El argumento del Gobierno provincial
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que la experiencia acumulada desde la implementación del sistema procesal penal mostró que existen investigaciones y procesos que requieren formas de organización diferentes a las previstas para el funcionamiento habitual de las Defensorías Regionales.
El Gobierno plantea que "la mayor especialización de la persecución penal, la existencia de unidades fiscales especializadas y el crecimiento de investigaciones complejas requieren que el Ministerio Público de la Defensa también pueda contar con estructuras especializadas".
En ese marco, el proyecto señala particularmente que existen procesos en los que intervienen "integrantes de fuerzas de seguridad o funcionarios públicos y que, por sus características, pueden comprometer la percepción de independencia o generar conflictos funcionales dentro de una circunscripción".
Según los fundamentos, en esos casos resulta conveniente que la defensa sea asumida por estructuras que dependan directamente de la Defensoría General, con el objetivo de garantizar la objetividad, independencia e imparcialidad del servicio público de defensa.
