La sospecha era fuerte. Hay un grupo de líderes narcos que están presos en penales federales de Buenos Aires que conformaron una especie de “cooperativa” para juntar dinero para sobornar al Servicio Penitenciario Federal. El monto era de unos 200.000 dólares por mes que se recolectaban para lograr tener beneficios dentro de los lugares de detención. Esos beneficios incluyen, entre otros, poder usar teléfonos, recibir visitas fuera de los días previstos sin ningún control e ingresar estupefacientes dentro de las cárceles. La sospecha era que ese dinero se entregaba en el penal federal de Devoto, según reveló una alta fuente de la Justicia Federal. Entre los aportantes figuraban, de acuerdo a la investigación, varios presos rosarinos que están recluidos en penales federales.
Se sospecha que el dinero se entregaba en el penal de Devoto y luego se repartía en el Servicio Penitenciario Federal.
Esas sospechas se cristalizaron en una causa que empezó a investigar en setiembre pasado el juzgado Criminal y Correccional Nº1, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, pero la causa nunca pudo avanzar por los obstáculos que impuso el propio Servicio Penitenciario Federal, que era uno de los que estaba bajo la lupa y protagonizó una especie de boicot, al develar no sólo quiénes estaban siendo investigados, sino también al designar como uno de los instructores de la pesquisa a uno de los sospechados.
En esta trama queda expuesta una mezcla explosiva entre inoperancia y corrupción, que favorece a quienes hoy son los que siguen dando órdenes desde los penales federales para retroalimentar una violencia que, por ejemplo, en Rosario provocó un recrudecimiento de los homicidios en 2022.
Esta historia comienza el 6 de setiembre de 2021, cuando la jueza Servini de Cubría le pidió al jefe del departamento de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Federal que realizara “discretas tareas investigativas” durante 30 días para “corroborar si en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Unidad Nº2), más precisamente en el pabellón universitario, se estarían llevando maniobras de comercialización de estupefacientes”. La sospecha, según las fuentes de la Justicia Federal, era más profunda. Las versiones que contaban los investigadores judiciales era que allí se recolectaban los sobornos que pagaban los líderes narcos, que se habían unido para abonar sumas más importantes, que llegaron a 200.000 dólares.
Casi cuatro meses después, el 23 de diciembre de 2021, Asuntos Internos del SPF, según consta en la denuncia a la que accedió AIRE, informó que “la investigación solicitada no se había podido realizar”. El argumento para rechazar la pesquisa fue que “excedía la competencia de esa unidad”.
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Seis días después la magistrada le informó a la interventora del SPF María Laura Garrigós lo que había respondido Asuntos Internos, que se había negado a investigar lo que ocurría en el pabellón universitario de Devoto, y le pidió que “llevara a cabo las tareas solicitadas a través de la división correspondiente”.
El 21 de febrero de este año la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal contestó que “no contaban con un departamento u organismo autorizado en el marco de las reglamentaciones vigentes para realizar las tareas encomendadas” en Devoto.
Garrigós explicó a la jueza que el “departamento de Inteligencia Penitenciaria” –conocido como Unidad 50– fue “disuelto” tras la intervención del Servicio Penitenciario Federal el 10 de junio de 2020, por orden del Ministerio de Justicia. Agregó que hasta ahora “no se creó una división que suplantara o contara con facultades legales” para hacer esa investigación dentro de un penal.
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El área de “Inteligencia” se disolvió después de que estallara el escándalo por el llamado “operativo Puf” en el penal de Ezeiza. Durante la gestión de Mauricio Macri, la justicia determinó, que la Unidad 50 realizaba tareas de inteligencia a los detenidos por supuestos casos de corrupción que estaban relacionados a la gestión de Cristina Kirchner, como por ejemplo Lázaro Baez, el sindicalista del SUPA Omar “Caballo” Suárez, el ex titular del Ejército César Milani, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, el ex ministro Julio de Vido, entre otros. Entre la documentación que se secuestró en los allanamientos figuran no sólo escuchas de los teléfonos “públicos” del penal de Ezeiza sino también documentación sobre quiénes visitaban a los detenidos.
Esta causa de supuesta inteligencia y contrainteligencia en el plano político terminó por hacer desaparecer un área clave del Servicio Penitenciario Federal y ahora no hay una unidad interna en las cárceles federales para investigar, en momentos en que los penales están repletos de líderes narcos, que siguen dando órdenes desde dentro de las unidades penitenciarias, como Ezeiza y Marcos Paz.
En esas cárceles fueron trasladados varios referentes de organizaciones criminales de Rosario, como Ariel Cantero, Esteban Alvarado, Emanuel Chamorro, el peruano Julio Rodríguez Granthon, Alan Funes, René Ungaro y Lorena Verdún, entre otros. Al líder de Los Monos le secuestraron dos teléfonos “fijos” dentro de su calabozo en Marcos Paz, luego de que la justicia santafesina ordenara allanar la celda.
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Entre la maraña de respuestas y rechazos para investigar si en el penal de Devoto existía una organización que vendía estupefacientes surgió otro hecho llamativo, que la jueza Servini de Cubría pretende que se investigue. El 7 de marzo pasado, la jueza notificó al ministro de Justicia Martín Soria sobre lo que había ocurrido con la investigación que no avanzaba porque nadie podía hacerse cargo dentro del SPF. La magistrada federal le pidió a Soria que designara a alguien dentro del Servicio Penitenciario Federal que pudiera realizar esas tareas de investigación, ya que ninguna fuerza federal puede operar dentro de las cárceles.
El 21 de marzo en el juzgado de Servini de Cubría se enteraron que el ayudante 2º Federico Marimón se lo había designado mediante el expediente Nº 2022/22671857 “como instructor de la investigación”. El penitenciario había pedido una serie de cosas para poder hacer el trabajo, como “un auto no identificable, computadoras personales, impresoras con insumos y un lugar físico con acceso a internet”. Esos requisitos no representaban nada extraño. Pero en el juzgado se enteraron que el que había designado a Marimón era el jefe del complejo penitenciario de Devoto, que en teoría iba a ser uno de los investigados. Pero la sorpresa fue mayor cuando detectaron que Marimón también figuraba entre los sospechosos en el sumario “EX202038184478”. La justicia revocó su nombramiento y en su lugar lo reemplazó por un prefecto.
El problema era que los sospechosos ya sabían que alguien los investigaba. Es decir, dentro del Servicio Penitenciario Federal se buscó detonar la causa. Luego de que ocurriera esta maniobra el juzgado federal recibió un mail anónimo que describía que “las autoridades del penal como del SPF eran cómplices y tenían conocimiento de lo que ocurría en Devoto”.
Como ya publicó AIRE el 23 de junio de 2020, en la denuncia anónima, escrita por un agente del SPF, se advertía que la cantina del penal de Ezeiza era manejada por los narcos, algo que sabían las autoridades del complejo penitenciario.
En el escrito, Servini de Cubría señala que “con vergüenza, a casi un año del inicio de las actuaciones y por la inacción de las autoridades, la presente investigación se encuentra en el mismo estado que al comienzo”. La magistrada advirtió que “existió una clara obstrucción que deberá ser investigada, que se reflejó tanto en la falta de celeridad para actuar como en la publicidad (dentro del Servicio Penitenciario Federal) que tomó la investigación, que debió ser de carácter reservada”.
Las anomalías dentro del Servicio Penitenciario Federal fueron advertidas en un duro documento que elaboró el año pasado la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que señaló que dentro de las unidades penitenciarias las altas jerarquías de las organizaciones narco continúan, a través del uso de celulares compartidos y los teléfonos públicos, con el tráfico de estupefacientes y también ordenando crímenes.
Uno de los focos del informe está puesto en los grupos narco santafesinos, como Los Monos, Funes y Ungaro, pero también de otras organizaciones que tienen base territorial en otras provincias, como Corrientes, Salta y el conurbano bonaerense.
El informe de Procunar pone en evidencia este problema y abre líneas de trabajo para que los fiscales se ocupen de investigar este nuevo escenario que asoma en el país. Cuando el problema había asomado en Santa Fe, desde hace casi una década, nadie le dio relevancia desde Buenos Aires. Ahora, que los presos santafesinos están en Marcos Paz las autoridades reaccionan sobre este fenómeno criminal.
“A partir de la intervención de la Procunar en los casos relevados, se detectó la existencia de personas en niveles jerárquicos de organizaciones o bandas narcocriminales de gran complejidad e influencia en sus territorios interviniendo en estas maniobras desde los establecimientos penitenciarios en los que se encontraban detenidas”, advirtió el documento al que tuvo acceso AIRE. Indica además que “se advirtió la presencia de personas en el exterior de las cárceles, que fueron parte o contribuyeron las actividades ilícitas, al cumplir con las directivas impartidas por los eslabones superiores de la organización, que se encontraban privados de la libertad”.
“Las estructuras superiores de las organizaciones ejercen la planificación, coordinación y control de las actividades delictivas tanto de manera individual a través de medios de comunicación, o también organizadas con otras personas, dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios, exponiendo en muchos casos los entramados o redes de contactos en el exterior, que actúan para continuar llevando a cabo las operaciones de la organización”, apuntó Diego Iglesias, titular del Procunar.
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