Mediante un fallo de cuatro páginas, la jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Elida Isabel Vidal, rechazó que el caso pase a la órbita de la Justicia provincial, tal como lo requirió la defensa de Benavídez, a cargo del penalista Ignacio Alfonso Garrone.
Aquella solicitud ya había sido rechazada en su momento por el juez de instrucción Aurelio Cuello Murúa, que la desestimó y también ratificó la competencia a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez, que imputó a Benavídez por los delitos de lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y defraudación.
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Tales cargos surgieron tras ser detenido Benavídez en un departamento que alquiló en uno de los edificios del Puerto de Santa Fe, donde montó una cuenta financiera por la que circulaban millones de pesos y miles de dólares, euros y reales.
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El imputado Yamil Benavídez se cubrió el rostro tras salir de la indagatoria en el Juzgado federal.
Su detención se dio el 12 de septiembre, cuando detectives de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC) allanaron el departamento de la torre II del complejo Amarras Center, en el marco de una causa provincial que se inició a partir de un conflicto inmobiliario en el cual un inquilino anterior del inmueble denunció que la dueña le retuvo sus bienes.
Al entrar al edificio, los investigadores de la AIC descubrieron la mesa de dinero que tenía Benavídez y además hallaron 39 tarjetas de débito que estaban a nombre de terceros.
Datos robados
Por el caso, el cambista fue procesado por intermediación financiera no autorizada, defraudaciones, falsificación y lavado de activos.
Según el juez federal Aurelio Cuello Murúa, Benavídez, bajo el nombre “Juan García”, realizó intermediación financiera sin la autorización del Banco Central (mediante la venta y compra de dólares, euros y otras monedas extranjeras) junto a Adrián Manonellas, el cual usaba el alias “Raúl Santoto” en la aplicación de WhatsApp, y Juan Emilio Gastaldo, que operaba con la identidad de “Juan Emilio” en dicha aplicación.
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Dichas maniobras, se llevaron a cabo no solo en el departamento del Complejo Amarras de la zona del Puerto de Santa Fe, sino también en un departamento de Primera Junta 2507 (en el microcentro santafesino) y eventualmente en otro inmueble de 25 de Mayo al 3300.
Para la Justicia, Benavidez de manera personal y siendo empleado del Concejo Municipal, blanqueó de manera habitual dinero proveniente de actividades delictivas, ingresándolos al sistema bancario –mediante depósitos en efectivo o transferencias– en las cuentas fantasmas que creó mediante los datos robados a 39 personas oriundas de distintos barrios de Santa Fe y Santo Tomé.
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Las tarjetas sorprendieron a los investigadores y fueron secuestradas en el marco de la causa que se tramita en la Fiscalía Federal N°2.
De hecho, según estableció la causa, el cambista ingresó el dinero para luego efectuar su conversión en bonos, liquidarlos y extraer dólares billetes, en gran parte, para la compra de Dólar MEP.
Junto al cambista, también fue procesada su entonces pareja, María Laura Miassi, la contadora que al momento de salir el caso a la luz se desempeñaba como Directora Provincial de Crédito Público de la gestión de Walter Agosto en el Ministerio de Economía de Santa Fe.
La misma fue acusada de ser la “socia” de las actividades clandestinas que la Justicia le descubrió a Benavidez. Según la imputación, Miassi fue quien realizó distintas tareas: registración de cada operación, control de stock de billetes, cálculo de la ganancia final.