La exdirectora provincial de crédito público de Santa Fe, María Laura Miassi, quien recientemente fue procesada por realizar operaciones cambiaras sin control estatal y lavado de activos, solicitó la inhibición de la Justicia federal en la causa que tiene bajo sospecha y por la que también se encuentran imputados otros cuatro hombres. Entre ellos su pareja, Yamil “Turco” Benavidez, actualmente detenido con prisión preventiva.
El expediente se tramita en sede del Juzgado Federal N°2 de la ciudad de Santa Fe.
Aire DigitalLa solicitud fue presentada por la abogada Clara Vázquez en la Oficina de Gestión Judicial de Primera Instancia de Tribunales bajo el fundamente de que las actuaciones deben pasar a la Justicia provincial, ya que en la causa no existe un interés de carácter nacional o federal de los hechos.
“Los sujetos, hechos, territorio e intereses se circunscriben al ámbito de competencia de la ciudad y provincia de Santa Fe, debiendo disponerse la competencia ordinaria”, consideró la abogada penalista en el escrito al que tuvo acceso AIRE.
“La doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de Santa Fe para los delitos económicos, sumado a la posibilidad de que las entidades provinciales realicen operaciones de intermediación financiera, torna viable la posibilidad de analizar en el caso concreto la afectación del interés nacional o provincial”, consideró la abogada en otro tramo del escrito.
El planteo de inhibición de la Justicia federal deberá ser asignado al juez penal en turno de primera instancia y este tendrá que analizar si acepta o rechaza el planteo para que se ordene la inhibición del Juzgado Federal N°2 que es donde se encuentra actualmente radicada la causa judicial contra Miassi, su pareja, Yamil “Turco” Benavidez, el socio comercial de este, Carlos Quartucci y los sindicados colaboradores, Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo.
En dicha sede judicial, recientemente fue ratificada la competencia federal luego de que el abogado de Benavidez, Ignacio Alfonso Garrone, presentó el 25 de septiembre pasado un pedido para que la causa pase también a tramitarse a la Justicia de Santa Fe.
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Al respecto, este jueves, el juez federal Aurelio Cuello Murúa rechazó el planteo al considerar que tanto el delito de lavado de activos como el delito de intermediación financiera no autorizada comprometen al orden económico y financiero nacional, ya que defraudan las rentas nacionales o afectan la hacienda pública en sentido dinámico.
“La naturaleza federal de la hipótesis delictiva bajo estudio se explica a partir del bien jurídico que el tipo penal procura tutelar, que no es otro que el orden financiero de la Nación, en cuyo ámbito existe un directo interés que posee el Estado relativo a la protección del ahorro público”, sentenció el juez.
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