El exjuez Marcelo Bailaque acusó a su contador arrepentido de aportar información falsa para beneficiarse
La defensa de Marcelo Bailaque culpa al profesional de haber proporcionado maliciosamente datos inexactos en el marco de un acuerdo de colaboración.
La acusación contra Marcelo Bailaque se centra en una operación inmobiliaria cuya fecha real, documentada en escrituras públicas, contradice el relato del contador arrepentido.
El 26 de mayo de 2026, Gabriel Mizzau se sentó frente a los fiscales de la PROCUNAR y firmó un acuerdo de colaboración. El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz lo homologó ese mismo día. Esa jornada fue presentada por los representantes del Ministerio Público Fiscal como un avance decisivo en la causa contra el exjuez federal Marcelo Bailaque.
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Sin embargo, el propio exmagistrado tiene otra lectura. Cinco días después, el 1° de junio, su abogado Claudio Puccinelli ingresó en la Unidad Fiscal de Rosario un escrito de 13 páginas en el que acusa a Mizzau de haber mentido para obtener su beneficio procesal.
La denuncia, que se encuadra en los artículos 236 y 240 del Código Procesal Penal Federal, no cuestiona en abstracto la credibilidad del contador. La señala puntualmente: Mizzau indicó que el departamento ubicado en la calle 3 de febrero 1927, piso 6, de Rosario, fue adquirido el 20 de noviembre de 2014.
Según el escrito de Bailaque, esa fecha es falsa. La documentación acompañada —un boleto de compraventa y una escritura pública— acredita que el inmueble fue adquirido a la empresa Brender SRL el 23 de enero de 2007, cuando el edificio aún estaba en construcción. La transferencia formal de dominio se instrumentó el 19 de noviembre de 2014, ante el escribano Santiago Borsani, e inscripta en el Registro General de Rosario el 30 de diciembre de ese año. La confusión entre la fecha del boleto —2007— y la de la escritura —2014— es, según la defensa, el punto de partida de un relato deliberadamente armado.
El núcleo del testimonio de Mizzau consistió en afirmar que detectó una inconsistencia patrimonial: el matrimonio Bailaque-Martínez Maulión habría comprado dos departamentos en un lapso de nueve meses —uno en 3 de febrero 1927 y otro en Italia al 2000, piso 13—, sin capacidad económica documentada para afrontar ambas operaciones, según la investigación. Esa supuesta inconsistencia fue presentada ante los fiscales Juan Argibay Molina y Diego Velasco, de la PROCELAC, como un indicio de enriquecimiento ilícito.
La declaración de Mizzau, tal como surge de las transcripciones incluidas en la denuncia, fue precisa: indicó que el departamento de calle 3 de febrero era "de unos 40 y algo metros cuadrados", que había sido adquirido el 20 de noviembre de 2014, y que ese movimiento le había llamado la atención porque precedía en nueve meses a la compra del departamento de calle Italia. En ese relato, Bailaque ya no tenía capacidad adquisitiva para ese segundo inmueble, porque sus ingresos como juez federal —y los de su esposa como funcionaria de la justicia provincial— no alcanzaban para sostener dos adquisiciones en tan poco tiempo.
La defensa desmonta ese argumento con la cronología –según señalan- real: el boleto del departamento de 3 de febrero data de 2007, no de 2014. El de la calle Italia fue firmado el 30 de octubre de 2013 y escriturado el 31 de julio de 2015. Entre ambas compras no hubo nueve meses, sino seis años. La inconsistencia que construyó Mizzau, según el escrito, nace de una premisa que la documentación pública refuta, de acuerdo a la defensa.
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La denuncia de Bailaque articula dos ángulos penales. El primero es la violación del secreto profesional. Mizzau fue contador del matrimonio Bailaque-Martínez Maulión desde 2009. Esa relación les dio acceso a las claves fiscales de sus clientes, a los bienes registrables y a la composición patrimonial de la familia. Conforme surge de los propios dichos de Mizzau ante los fiscales, él mismo accedió a la página de ARCA con las credenciales que le proporcionaron, y tomó conocimiento de las operaciones inmobiliarias en ese contexto.
El escrito de Bailaque sostiene que, al revelar esa información ante el MPF, sin haber sido relevado del secreto profesional, Mizzau incurrió en los delitos previstos en los artículos 156 y 157 bis inciso 2 del Código Penal.
El segundo ángulo es el que da nombre a la presentación: el artículo 276 bis del Código Penal, incorporado por la ley 27.304 que reguló la delación premiada. El texto establece: "Será reprimido con prisión de cuatro a diez años y con la pérdida del beneficio concedido el que, acogiéndose al beneficio del artículo 41, proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos".
Según la defensa, no se trata de un error de memoria sino de una falsedad construida a partir de datos que Mizzau tenía en sus propias anotaciones. El propio video de la declaración mostraría, según el escrito, que el contador consultaba apuntes que quedaban fuera del encuadre de la cámara.
La intencionalidad es, para Bailaque, el elemento que agrava el cuadro: Mizzau no podía ignorar la falsedad de sus dichos porque los construyó a partir de información que él mismo procesó como profesional. Hacerlo en el marco de un acuerdo de colaboración, con el objetivo de obtener una reducción de pena, configura la malicia exigida por el tipo penal.
El escrito de Bailaque llega en un momento de acumulación crítica para la causa. Mizzau no fue el primer imputado en quebrarse. Carlos Vaudagna, ex titular de ARCA en Rosario, se plegó a la figura del colaborador en marzo de 2025 y admitió que en el quincho de Bailaque se planificó una causa falsa contra el empresario Claudio Iglesias con fines extorsivos: Iglesias terminó pagando 140.000 de los 200.000 dólares exigidos, en reuniones con el financista Fernando Whpei en las oficinas del Museo de la Democracia. Whpei, por su parte, también suscribió un acuerdo de colaboración y comprometió a Bailaque en el manejo irregular de fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín.
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Con la incorporación de Mizzau, los tres arrepentidos son ahora contemporáneos del juicio oral que los fiscales proyectan para el primer semestre de 2026. Bailaque es el único imputado de la causa que no firmó ningún acuerdo y que aguarda la definición de la fecha del debate en detención domiciliaria, donde permanece desde el 1° de julio de 2025, cuando el Ejecutivo nacional aceptó su renuncia.
La causa FRO 9010/2024 arrancó como una investigación sobre el vínculo entre un juez y el narco al que debía investigar. Mizzau era el contador de ambos: de Bailaque desde 2009 y del jefe criminal Esteban Alvarado, cuya red de empresas de fachada —Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia, Edra— firmaba el mismo profesional que ordenaba los bienes personales del magistrado. La causa lo acusa, entre otros delitos, de lavado de activos por haber prestado asesoramiento al entramado societario del narco sin reportar operaciones sospechosas.
La presentación del 1° de junio agrega una nueva dimensión procesal al caso. Bailaque no sólo espera el juicio oral: ahora también denuncia a uno de los principales testigos que declarará en su contra. El escrito pide que la investigación sea asignada a un fiscal distinto de los que intervinieron en los acuerdos de colaboración, invocando el artículo 95 del CPPF: el titular de PROCUNAR, Diego Iglesias, los fiscales Matías Scilabra y los de PROCELAC, Juan Argibay Molina y Diego Velasco, participaron de la negociación y formalización de los acuerdos. Esa circunstancia, sostiene la defensa, compromete su objetividad para investigar un posible delito cometido en el marco de esos mismos acuerdos.
El argumento tiene lógica procesal. Si Mizzau mintió para obtener su beneficio, quienes negociaron ese beneficio tienen un interés —aunque sea institucional— en que el relato del arrepentido se sostenga. Que sean los mismos fiscales quienes investiguen la veracidad de esas declaraciones plantea una tensión que la defensa busca resolver con una excusación. Pero también se inscribe en una estrategia de la defensa de Bailaque por posponer el juicio. El exmagistrado está con detención domiciliaria y si es condenado puede ir a un penal.