Caso Vaudagna: el juez Alurralde procesó a 11 personas por una red de sobornos y documentos falsos
En una investigación periodística, Luis Mino informó que el juez federal Aldo Alurralde dictó el procesamiento de exfuncionarios de la AFIP, empresarios, un abogado y un escribano. Se los acusa de pactar ajustes impositivos beneficiosos a cambio de una coima de 7.000 dólares y de montar una maniobra con contratos antedatados para engañar al organismo recaudador.
Carlos Vaudagna, ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe.
El Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe, a cargo de Aldo Alurralde, resolvió el procesamiento de once personas involucradas en una compleja trama de corrupción que operó en el año 2017.
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La investigación, que se nutrió de la confesión del ex director regional Carlos Andrés Vaudagna bajo la figura de imputado colaborador, dejó al descubierto cómo funcionarios de la entonces AFIP (hoy ARCA) habrían manipulado fiscalizaciones para beneficiar a la firma Ricardo Mallozzi S.A.
Así lo informó Luis Mino en el programa Una Tarde a la Vez por AIRE, donde dio detalles de todo el proceso judicial.
El pacto de la "solución técnica"
Según la resolución judicial, el abogado Pedro Roberto Gómez actuó como intermediario entre la empresa y los funcionarios Vaudagna y Marcelo Germán Bulacio (supervisor de Fiscalización), con el objetivo de realizar un ajuste fiscal inferior al que correspondía por deudas de los períodos 2013 a 2015.
A cambio de este beneficio, se habría pagado una suma aproximada de 7.000 dólares, la cual fue reconocida por Vaudagna en su declaración como arrepentido.
La prueba fundamental del caso surgió de los mensajes de WhatsApp extraídos del celular de Vaudagna. En los chats, los funcionarios discutían cómo ofrecer "alternativas técnicas" para reducir la carga impositiva y negociaban el reparto del dinero, llegando incluso a quejarse cuando consideraban que el monto del soborno era escaso.
Un contrato falso para justificar millones
Para darle un marco de legalidad a los fondos de la empresa que estaban bajo la lupa, los procesados habrían presentado un "Contrato de Compraventa y Cesión de Derechos". El documento figuraba como firmado en enero de 2013, pero la justicia determinó que fue confeccionado en 2017 de manera antedatada.
En esta maniobra participaron no solo el presidente de la firma, Ricardo Humberto Mallozzi, sino también sus hermanos y esposas, quienes suscribieron el documento. También fue procesado Federico Raúl Ingaramo, quien figuraba como comprador del inmueble a pesar de no contar con la capacidad económica para realizar una operación de tal magnitud en 2013.
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Por su parte, el escribano Javier Ignacio Trucco recibió el procesamiento por certificar las firmas de forma irregular, detectándose inconsistencias en la correlatividad de su libro de registros y la falta de firmas esenciales en las actas.
Calificaciones legales y embargos
En su carácter de Juez Federal subrogante de los Juzgados Nro. 1 y 2 de Santa Fe, el Dr. Aldo Alurralde procesó a los involucrados bajo diversas figuras penales según su rol:
- Los exfuncionarios de la AFIP, Carlos Vaudagna y Marcelo Bulacio: administración fraudulenta, cohecho pasivo y abuso de autoridad (sumando prevaricato para Bulacio).
- El abogado intermediario Pedro Gómez y el presidente de la firma, Ricardo Mallozzi: cohecho activo (Mallozzi suma además falsedad ideológica).
- Socios, cónyuges, comprador (Susana B. Palacin, Antonio A. Mallozzi, María M. Ahumada, Ramón C. Mallozzi, Desireé E. Di Giorgio y Federico R. Ingaramo) y el escribano Javier Ignacio Trucco: falsedad ideológica.
Aunque los procesados permanecerán en libertad, el juez dictó un embargo preventivo de veinte millones de pesos ($20.000.000) para cada uno, argumentando la gravedad institucional de los hechos y el perjuicio causado al fisco nacional.