Marcelo Bailaque, el juez que dejó pasar el tiempo a favor de los narcos
La Cámara Federal decidió que el exjuez Marcelo Bailaque sea juzgado en un único debate oral por extorsión, lavado y por haber frenado la causa contra Esteban Alvarado en los años más violentos de Rosario. Una década después, la investigación sobre el hijo del narco muestra lo que aquel expediente pudo haber sido.
El exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque.
Hay un nombre que atraviesa esta historia de punta a punta: Santino. Así se llamaba la empresa de transporte que Esteban Lindor Alvarado usaba para lavar dinero, Logística Santino SRL, cuyos balances firmaba el contador personal del juez federal que debía investigarlo. Y así se llama el hijo del narco, que tenía unos diez años cuando aquel expediente quedó quieto en un despacho de los tribunales federales de Rosario. El jueves 12 de noviembre, a los 21, lo detuvieron en Funes, acusado de organizar la estructura que su padre sigue dirigiendo desde la cárcel de Ezeiza.
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Ese mismo día, los camaristas Elida Vidal y Aníbal Pineda firmaron la resolución que lleva a juicio oral a aquel juez. Marcelo Bailaque será juzgado en un solo debate por las tres acusaciones que pesan sobre él, junto a su esposa, Graciela Martínez Maulión, y al escribano Santiago Busaniche. Los camaristas entendieron que los hechos tienen un denominador común —todos habrían sido cometidos desde su sillón de magistrado— y que juzgarlos por separado podía demorar el proceso y producir sentencias contradictorias. También prorrogaron por seis meses, o hasta que empiece el juicio, el arresto domiciliario con tobillera electrónica que cumple desde que el gobierno le aceptó la renuncia, en julio de 2025, cuando el Consejo de la Magistratura estaba por destituirlo.
La decisión llega después de meses de idas y vueltas. El propio Pineda había suspendido la causa principal hasta que la Corte Suprema definiera qué código procesal debía aplicarse. En octubre, la Cámara Federal de Casación anuló esa suspensión y ordenó seguir. Ahora solo falta sortear a los tres jueces del tribunal.
No es la primera vez que un juez federal se sienta en el banquillo en la Argentina. El exjuez de Orán Raúl Reynoso fue condenado en 2019 a 13 años de prisión por cobrarles a narcotraficantes a cambio de resoluciones favorables, y en febrero pasado el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza condenó a 18 años a Walter Bento como jefe de una red que vendía decisiones judiciales. Pero en Rosario, la ciudad que se convirtió en el símbolo de la violencia narco en el país, la Justicia federal nunca había tenido que juzgar a uno de los suyos.
Las acusaciones contra Marcelo Bailaque: extorsiones, dádivas y lavado de activos
Los fiscales que lo acusan —Diego Velasco, de la Procelac; Diego Iglesias, de la Procunar; Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari, Matías Scilabra y Sergio Rodríguez— estimaron un pedido de diez años de prisión. Lo que describen es un juzgado convertido en una herramienta de negocios.
Según la acusación, entre 2019 y 2024 Bailaque se coordinó con Carlos Vaudagna, entonces jefe regional de la AFIP, con el financista Fernando Whpei y con Busaniche para impulsar causas contra empresarios. A uno le exigieron 200.000 dólares; pagó 160.000. Durante seis años, siempre de acuerdo con los fiscales, el juez cobró de Whpei pagos mensuales que sumaron más de 5,7 millones de pesos, disfrazados como el alquiler de un inmueble en Caleta Olivia y canalizados a través de la mutual Siempre Joven. Mientras tanto, sin revelar esa relación, intervino en la causa de la Cooperativa de Trabajo Portuario de Puerto General San Martín: desbloqueó sus plazos fijos, liberó primero 150 millones y después 1000 millones de pesos para operaciones con empresas ligadas a Whpei y le negó a los asociados la posibilidad de presentarse como querellantes. En 2020, con su esposa, habría blanqueado fondos con la compra de un lote en un barrio cerrado de Funes. Por todo eso se le imputan extorsión, concusión, recepción de dádivas y lavado de activos agravado.
Pero hay otra acusación, más antigua, que es la que le da a este juicio un peso que excede los tribunales. Por su actuación en el expediente contra Alvarado se le atribuyen prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica. Vaudagna, Whpei y el contador Gabriel Mizzau declararon como arrepentidos. Bailaque sostiene que es inocente.
Quienes cubrimos Rosario en aquellos años aprendimos a medir el tiempo en homicidios. En 2013 fueron 271, el récord hasta entonces. En 2014, 254. En 2015, 234. La tasa de asesinatos triplicaba la del país. La ciudad se desangraba y, cada mañana, la pregunta en las redacciones era la misma: quién estaba investigando a los que manejaban el negocio.
El expediente sobre Esteban Alvarado que, según los fiscales, quedó paralizado
En el juzgado federal N° 4 había una respuesta posible. La causa 5433/2013 se había abierto a partir de una denuncia que apuntaba a la estructura de Alvarado. Según los fiscales, entre 2014 y 2015 Bailaque dictó resoluciones contrarias a la prueba y a los pedidos de la fiscalía que paralizaron la pesquisa. El exfiscal Marcelo Di Giovanni, que trabajaba en ese expediente, declaró ante el Consejo de la Magistratura que las negativas del juez la perjudicaron. La diputada Lionella Cattalini, que lo denunció, sostuvo que entre 2016 y 2019 la causa estuvo prácticamente detenida, sin escuchas ni informes.
La explicación que ofrece la acusación tiene nombre y apellido. En junio de 2024 La Nación publicó que Gabriel Mizzau, amigo de Bailaque desde la escuela y su contador personal, era también quien firmaba los balances de Logística Santino y de Sagrado Corazón de María, las dos empresas que la Justicia atribuyó a Alvarado y que figuraban a nombre de su expareja, Rosa Capuano. Mizzau mantuvo contacto con Capuano al menos hasta septiembre de 2014. En 2017, su hijo Sebastián entró sin concurso a trabajar en el juzgado que instruía la causa. Bailaque nunca se apartó del expediente. Ante el Consejo dijo que no sabía nada de la relación de su contador con el clan y recordó que fue él quien, años después, procesó a Alvarado. En mayo pasado, Mizzau se convirtió en imputado colaborador y aportó datos sobre el patrimonio del exjuez.
Los consejeros que lo acusaron lo resumieron en una frase seca: las omisiones, dilaciones y rechazos "impidieron conocer la estructura criminal de la organización".
Afuera del juzgado, el tiempo no se detuvo. Alvarado armó una red de sociedades para blanquear dinero, compró la protección de una veintena de policías y se convirtió en el principal rival de Los Monos. No lo detuvo el expediente federal. Lo detuvieron dos fiscales provinciales, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que tiraron del hilo de un crimen: el secuestro y asesinato del prestamista Lucio Maldonado, en noviembre de 2018. Alvarado cayó en febrero de 2019. En junio de 2022 lo condenaron a prisión perpetua como jefe de una asociación ilícita, instigador de homicidios y responsable de lavado, amenazas y balaceras contra edificios judiciales. Seis días después, la Justicia federal lo condenó por narcotráfico.
La estructura que los fiscales provinciales expusieron en 2019 era, en buena medida, la misma que un juzgado federal tenía bajo la lupa desde 2013. Es imposible saber con exactitud qué habría pasado si esa causa hubiera avanzado. Pero cuesta no hacerse la pregunta. Cada año de demora fue un año en que Alvarado acumuló dinero, armas y hombres. Y en que la violencia que ejercía no encontró freno en la Justicia que tenía la obligación de investigarlo.
Santino Alvarado, las comunicaciones y la estructura narco que seguía operando desde la cárcel
La causa que llevó a la cárcel a Santino Alvarado funciona como un espejo de aquella. La impulsaron la Procunar y la Procelac ante el juez federal Carlos Vera Barros. Nació de la fuga frustrada de su padre en un helicóptero, en marzo de 2023, y siguió el rastro de los contactos y del dinero que ese plan dejó al descubierto.
Los investigadores reconstruyeron 82 comunicaciones trianguladas a través de las cuales el jefe preso daba órdenes. Vincularon al hijo con la logística de dos cargamentos de cocaína boliviana que salían en avioneta desde Paraguay: uno de 433 kilos, interceptado en marzo de 2024 en una Cessna 206, y otro de 300 kilos que habría aterrizado un mes después en una pista clandestina cerca de Rosario. Identificaron una flota de doce vehículos a nombre de testaferros y escucharon ofrecimientos de armas, municiones y explosivos. Hubo 38 allanamientos y doce detenidos, entre ellos Claudio Tavella, el abogado histórico del clan. Esteban Alvarado volvió a ser indagado.
Nada de eso requirió herramientas que no existieran hace diez años. Escuchas, cruces patrimoniales, seguimiento de vehículos y de sociedades: son las mismas medidas que, según la acusación, el juzgado de Bailaque negó o dejó de lado. Y varios de los fiscales que firmaron la imputación contra Santino —Iglesias, Velasco, Argibay Molina, Scilabra— son los mismos que ahora acusan al exjuez.
Santino está imputado, no condenado, y su situación se definirá en el proceso. Pero la profundidad de esa investigación permite medir lo que se perdió cuando otra, sobre la misma familia, se apagó en un despacho federal.
El juicio deberá establecer si Bailaque cometió los delitos que se le atribuyen. No juzgará aquellos años ni podrá devolver lo que costaron. Esa cuenta no la hará ningún tribunal. Lo que sí permitirá, por primera vez y con pruebas, es saber qué pasó adentro de ese juzgado mientras afuera Rosario contaba sus muertos.








