Caso Vaudagna: procesaron a un funcionario de la ex Afip de Santa Fe por una millonaria defraudación
Se trata de Diego Raúl Cignetti, vinculado al extitular del organismo Carlos Vaudagna. El costo fiscal por saltar irregularmente el cepo fue de 341 mil dólares.
Diego Raúl Cignetti se desempeña como secretario de Cobranza Judicial en la Dirección General Impositiva de ARCA en Santa Fe.
El Juzgado Federal N°1 de Santa Fe dictó el procesamiento de Diego Raúl Cignetti, funcionario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex Afip), por una compleja maniobra de defraudación al Estado que le habría permitido acceder ilegalmente a dólares al tipo de cambio oficial durante el período del "cepo cambiario", entre agosto de 2020 y noviembre de 2021. El perjuicio fiscal estimado asciende a aproximadamente 341 mil dólares.
Cignetti, de 54 años, que se desempeña como secretario de Cobranza Judicial en la Dirección General Impositiva de ARCA, fue procesado como presunto autor de cuatro delitos: defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de instrumentos privados. Los delitos concurren de manera real y heterogénea, según estableció el juez.
Cignetti no operaba solo. Su caso forma parte de la trama de corrupción más amplia conocida como "Caso Vaudagna", que sacude a la Justicia federal santafesina. Carlos Vaudagna, quien fue director regional de la ex AFIP en Rosario y Santa Fe entre 2014 y 2020, era el superior jerárquico de Cignetti en la estructura del organismo recaudador. La relación entre ambos funcionarios, que ahora investiga la justicia federal, va mucho más allá del vínculo laboral formal y se adentra en presuntas maniobras de corrupción que habrían durado años.
Las evidencias recolectadas por los fiscales federales, particularmente a partir del análisis de los chats de WhatsApp secuestrados en los teléfonos de Vaudagna, revelan una conexión directa entre ambos funcionarios en hechos ilícitos. Según surge de las conversaciones investigadas, Cignetti habría entregado sobres con dinero a Vaudagna entre junio de 2014 y mayo de 2017, en lo que configuraría un esquema de pagos irregulares.
Además, ambos están siendo investigados por su participación en licitaciones sospechosas relacionadas con el traslado de las oficinas de AFIP en Santa Fe, específicamente cuando en 2010 se decidió mudar la sede desde San Luis 3100 hasta el edificio de calle Salta 2700, una operación que habría involucrado irregularidades y posibles direccionamientos del proceso licitatorio.
La declaración de Vaudagna como arrepentido en marzo de 2025, donde admitió haber cometido múltiples delitos durante su gestión al frente de AFIP, abre ahora la posibilidad de que se esclarezcan las conexiones con Cignetti. Los investigadores no descartan que al menos parte del dinero que Cignetti utilizó para comprar los aproximadamente 350.000 dólares a través de sus fundaciones educativas ficticias haya provenido de las maniobras de corrupción vinculadas al Caso Vaudagna.
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Carlos Vaudagna fue titular de ARCA (exAfip) en Rosario y en Santa Fe.
El procesamiento de Cignetti, dictado en noviembre de 2025, representa apenas una pieza de un entramado de corrupción institucional mucho más amplio que involucra a jueces federales, empresarios y sindicalistas, y que Vaudagna, en su nuevo rol colaborador con la justicia, está ayudando a desentrañar.
Esta investigación comenzó tras una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y se sustenta en exhaustivos informes de fiscalización de ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF). Según la acusación, Cignetti habría montado una red de fundaciones y empresas tanto en Argentina como en el exterior, específicamente en Uruguay y Estados Unidos, para simular la compra y venta de cursos de capacitación que en realidad nunca se dictaron.
El esquema fraudulento funcionaba de la siguiente manera: Cignetti, junto con Gonzalo Silvio Lenta, quien también fue procesado, creó fundaciones educativas como FUDE (Fundación para el Desarrollo Educativo) y FULE (Fundación Latinoamericana de Educación). Estas entidades emitían facturas falsas por supuestos servicios educativos hacia empresas argentinas y posteriormente realizaban transferencias internacionales a sociedades radicadas en Uruguay (CursosHoy Latam SRL) y Estados Unidos (NET COLLEGE LLC), donde ambos imputados tenían participación directa.
Lo que tornaba especialmente grave la maniobra era su timing: durante el periodo investigado, Argentina mantenía estrictas restricciones cambiarias conocidas como "cepo cambiario", que limitaban el acceso a divisas extranjeras para frenar la fuga de capitales. Sin embargo, existían excepciones para ciertos servicios, entre ellos los educativos. Aprovechando esta fisura legal, las fundaciones controladas por los imputados justificaban las transferencias al exterior bajo el concepto de "pago de cursos online", eludiendo así el pago del Impuesto PAÍS (30%) y la percepción del 35% establecida por la AFIP.
Los informes técnicos del organismo recaudador fueron contundentes: las fiscalizaciones concluyeron que las operaciones carecían de veracidad económica, que las fundaciones no poseían capacidad operativa real para brindar servicios educativos y que no contaban con plataformas web habilitadas, empleados, profesores ni contenidos educativos verificables. Más aún, empresas que supuestamente habían contratado estos cursos negaron haber tenido relación comercial con las fundaciones, aunque sí admitieron haber pagado directamente a la empresa uruguaya CursosHoy Latam SRL, sin recibir tampoco los servicios completos.
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Vaudagna y Cignetti están siendo investigados por su participación en licitaciones sospechosas relacionadas con el traslado de las oficinas de AFIP en Santa Fe, cuando en 2010 se decidió mudar la sede desde San Luis 3100 hasta el actual edificio de calle Salta 2700.
Un elemento particularmente delicado del caso es que Cignetti, en su calidad de funcionario de ARCA, omitió deliberadamente declarar su condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP) ante la Inspección General de Personas Jurídicas y ante entidades bancarias. Esta omisión le permitió evadir los controles reforzados que la normativa de prevención de lavado de dinero impone a las operaciones realizadas por funcionarios públicos, facilitando que las transferencias bancarias se efectuaran sin las alertas automáticas que deberían haberse activado.
Además, Cignetti habría utilizado su conocimiento especializado en materia impositiva para dotar de apariencia de legalidad a las operaciones fraudulentas. La causa registra que emitió una "Opinión Asesor de FUDE sobre Regímenes de Retención", invocando su experiencia de "más de 30 años como empleado de la Administración Federal de Ingresos Públicos", con el fin de justificar la no gravabilidad de los servicios prestados por empresas del exterior.
El sumario administrativo N° 2949/22 llevado adelante por ARCA contra Cignetti concluyó que el agente debió "haber conservado una actitud ética acorde con su calidad de servidor público" y que existe "una prohibición absoluta de prestar cualquier clase de asesoramiento y/o servicio en materias sobre las cuales tiene competencia este Organismo". A la fundación FULE se le revocó la exención impositiva mediante Resolución N° 92/23 y fue incorporada en la base EAPOC por considerarla "usina sin capacidad operativa, económica y/o financiera".
Durante el período investigado, las fundaciones controladas por los imputados realizaron transferencias internacionales por un total aproximado de 525.670 dólares. De ese monto, unos 450.990 dólares fueron canalizados desde las fundaciones argentinas FUDE y FULE hacia CursosHoy Latam SRL y NET COLLEGE LLC, mientras que el resto corresponde a transferencias de terceros. Todas estas operaciones se realizaron a tipo de cambio oficial, sin abonar los tributos correspondientes, lo que generó el perjuicio fiscal estimado en 341 mil dólares.
La defensa de Cignetti intentó argumentar que sus actividades privadas fueron de carácter meramente académico y que no existió aprovechamiento de información institucional ni conflicto de intereses. Sin embargo, el juez consideró que esta versión se contradice con los comprobantes de facturación donde figura su nombre como integrante del Consejo de Administración de FULE, además de su participación en la constitución y administración de las empresas extranjeras receptoras de los fondos.
El juez también rechazó la tesis defensiva de que se trató de un error contable o incumplimiento administrativo, señalando que el conocimiento técnico y experiencia profesional de Cignetti, sumado al hecho de que los fondos beneficiaron directamente a empresas controladas por los imputados, demuestran "una búsqueda deliberada de ventaja económica en perjuicio de la administración".
El procesamiento incluye un embargo sobre los bienes de Cignetti por 700 mil dólares, monto que se fundamenta en la gravedad institucional de los hechos, el perjuicio económico causado y la previsión de eventuales multas, costas procesales y penas accesorias de contenido patrimonial. El mismo embargo fue dispuesto para Gonzalo Silvio Lenta, quien fue procesado únicamente por el delito de defraudación a la administración pública.
El caso pone de manifiesto la utilización de estructuras jurídicas aparentemente legítimas para cometer fraude al Estado, aprovechando vacíos legales en el régimen cambiario y la posición privilegiada de un funcionario público con acceso a información sensible. La investigación continúa su curso y podría ampliarse a otros implicados, dado que un tercer sospechoso, Ismael Carlos Cortese, también figura en los informes preliminares aunque aún no ha sido procesado.
