El juicio al profesor de música Darío Céspedes, acusado de haber abusado sexualmente de un niño en las instalaciones del jardín de infantes y de la escuela primaria San Roque en 2018 y 2019, tuvo este viernes su jornada de alegatos de clausura. Tanto Fiscalía como querella solicitaron penas que van de los 16 a 20 años de prisión respectivamente, mientras que la defensa reclamó la absolución de Céspedes.
El debate oral y público se desarrolló en la sala 1 de los tribunales santafesinos ante los jueces Rosana Carrara, Gustavo Urdiales y Pablo Ruiz Staiger. La acusación fue representada por los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi y las abogadas querellantes Agustina Taboada y Carolina Walker Torres. En tanto el acusado contó con la defensa de los abogados Sebastián Oroño e Ignacio Alfonso Garrone.
Culpable y condena
Tanto la Fiscalía como la querella consideraron que la comisión de los abusos y la responsabilidad de Céspedes quedaron acreditados en el juicio. Broggi planteó el caso como un rompecabezas de tres piezas; la primera es el relato de la mamá del menor, “la única que supo escucharlo y acompañarlo”.
La segunda pieza son las marcas físicas del niño, que detectaron los profesionales que examinaron al menor; la tercera pieza del rompecabezas son las marcas psicológicas del niño: el impacto directo en su educación, en el desinterés por el juego, en la dificultad para socializar con sus pares.
Por su parte, la querella defendió la investigación y la intervención de los organismos estatales, a los que la defensa supo catalogar como “tortuosos” en los alegatos de apertura: “lejos de ser un acto “tortuoso” del sistema, se trató de un acompañamiento que necesariamente implicaba algunas prácticas como la realización de una Cámara Gesell. Tortuosos son los hechos por los que niños/as atraviesan para luego llegar allí”, sostuvo Taboada.
Ambas abogadas, que representan a la familia de la víctima del caso, insistieron en que el niño sí habló, sí relató los hechos, y sí sindicó a Céspedes como su agresor: ante el servicio de niñez de la municipalidad, a su mamá, a su psicóloga y a su hermano, sin bien después en la entrevista en Cámara Gesell se limitó a responder “no sé” porque no quería volver a hablar del tema.
La querella remarcó que todas las profesionales que hablaron con el niño “han intervenido en sus competencias y funciones, pero todas con un fin común: el bienestar del menor. Lejos es esto de ser tortuoso. Es el ejercicio de derechos”.
Finalmente, ambas abogadas expresaron que “es evidente, que los abusos sexuales denunciados por la familia han existido. No hay un solo elemento que se haya producido en este debate que nos haga pensar lo contrario”.
Tanto la querella como la Fiscalía solicitaron que Céspedes sea condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal calificado por ser encargado de la educación en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores. Los representantes del MPA solicitaron 16 años de prisión, mientras que las querellantes reclamaron una condena de 20 años.
El disco extraviado
En cuanto a la prueba extraviada, el disco externo que contenía las imágenes de cámaras de seguridad del establecimiento, para los fiscales “es irrelevante su contenido. "Lo que haya contenido no iba a servir para cuestionar que Céspedes ingresó a la escuela porque no lo hacía por la puerta, lo hacía por la capilla. Fue una estrategia de la defensa para generar duda, pero no impacta en el juicio”, expresó Broggi.
En la misma línea, la querellante explicó que el disco externo solo contenía imágenes de la puerta del jardín, del pasillo interno del mismo y del anexo, las cuales fueron grabadas previamente al 9 de agosto del 2019, mientras que los hechos denunciados en el jardín ocurrieron durante el 2018. “Entendemos que el disco mencionado nada aportaba a este debate, no tiene entidad suficiente para siquiera generar duda alguna sobre lo acontecido”, dijeron desde la querella.
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A su turno, los abogados defensores solicitaron la invalidez de la acusación de la querella y de la fiscalía por ilicitud. Esta petición se sustenta en la “sustracción de elementos probatorios”: según explicó Oroño, la acusación se valió de una conducta delictiva para perseguir al imputado.
Para los defensores, el extraviado disco externo que contenía las imágenes de las cámaras de seguridad es “sumamente necesario y pertinente” para el juicio. “La prueba se ha perdido y es un delito, doloso o culposo, y está tipificado en el código penal, insistió Oroño y aclaró que la pérdida de esta prueba viola las garantías constitucionales del legítimo derecho de defensa en juicio. "Es fundamental para demostrar que no fue el autor de los abusos”, indicó.
Invalidez y absolución
En sus alegatos, los defensores realizaron un pedido de invalidez por la violación del principio de congruencia, como ya lo habían hecho en los alegatos de apertura. Céspedes fue imputado como autor de abusos agravado por ser encargado de la educación, y la acusación fue presentada como abuso agravado por ser encargado de la guarda.
En cuanto al análisis de la prueba producida en el debate, para los defensores no se pudo comprobar que Céspedes sea responsable de los delitos atribuidos, ni que el niño haya sido abusado.
Según los penalistas santafesinos, la causa se construyó sobre el relato de la mamá del niño, quien creyó que su hijo fue víctima de abusos aunque nada avale esa hipótesis, y que el niño absorbió lo que escuchaba contar a su mamá a los profesionales que lo asistían.
"El menor expresó un relato sugestionado y contaminado”, sostuvo la defensa. Los letrados agregaron que los hechos como fueron atribuidos no responden al sentido común: “todos fuimos al jardín y vimos las dimensiones; es inimaginable que Céspedes pueda deambular con un niño sin ser visto. ¿Nadie lo va a reconocer? Es inconcebible, hay que poner la lógica sobre la mesa”, insistió Oroño.
Los defensores solicitaron que se declare la invalidez de la acusación de fiscalía y querella y las anule por encontrarse afectadas de ilegitimidad, por ser violatorias de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, y por ser violatorias del principio de congruencia, y que se absuelva al acusado. En caso de no hacer lugar a los planteos de invalidez, solicitaron que absuelva de culpa y cargo a Céspedes por el principio del beneficio de la duda.
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“Fui el primero en pedir ayuda a la justicia”
En el tramo final de la audiencia, el acusado pidió hacer uso de la palabra y aseguró que sus defensores dijeron prácticamente todo. "Ustedes han visto el jardín. No entiendo bien cuál es la hipótesis porque no se habló nada del jardín, es un espacio a la vista de todos. En 2018 cuando me anotician de los mensajes en el grupo de whatsapp busco un abogado y me pongo a disposición de la justicia", arrancó docente.
"La Fiscalía sabía desde 2018 y no pasó nada hasta 2019 porque nadie había hecho nada. El único que hizo algo fui yo, y el jardín informó al Ministerio, que también sabía”, destacó en su declaración en medio de una sala copada por periodistas y público en general.
En cuanto a los hechos endilgados acaecidos en 2019, cuando el niño cursaba primer grado, el acusado aclaró que no tuvo acceso a la escuela porque no trabajaba allí. "Según la hipótesis es en el recreo (el presunto abusos) cuando los docentes están en el patio, cuidando a los alumnos; todos ellos deberían haberme visto en algún momento dentro de la escuela. El ingreso mío a la escuela primaria es disparatado que nadie me vea”, destacó.
Por último, y en cuanto al disco extraviado, Céspedes recordó que en 2019 solicitó al MPA que requieran las cámaras de vigilancia y que el niño declare en Cámara Gesell. “Considero a las cámaras como una prueba fundamental para demostrar que nunca entré a la escuela”, acotó.
“Es imposible que nadie me haya visto; nadie me vio porque nunca hice nada. Yo fui el primero en ir a la Justicia a pedir ayuda para que esto se esclarezca, en noviembre de 2018", se defendió.
"A ningún niño le sirve que un inocente vaya a prisión, y no le va a mejorar la vida (al niño) que un inocente vaya a prisión. Eso es todo”, sentenció el maestro de música que lleva detenido, con prisión preventiva, más de dos años.
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