Policías del OI allanaron la sede del Ministerio de Seguridad en Rosario en noviembre pasado.
La jueza penal de Santa Fe, Rosana Carrara, deberá definir este martes si la causa que investiga al exministro de Seguridad, Marcelo Sain, y varios de sus exmiembros de la cartera, por presunto espionaje ilegal a políticos y empresarios, continúa bajo reserva de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, del área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación.
La futura resolución será después de una audiencia que fue fijada por la Oficina de Gestión Judicial de Primera Instancia a las 8 y en la cual los fiscales pedirán “duplicar los plazos legales” de la investigación para mantener la “reserva de las evidencias” recolectadas desde el inicio de la pesquisa.
Tal pedido se encuentra amparado en el artículo 346 del Código Procesal Penal que sostiene que cuando en una causa la tramitación es compleja por la “pluralidad de hechos, imputados o víctimas” se podrá mantener bajo llave, ante las defensas de las personas investigadas, las actuaciones que figuren en un legajo judicial (expediente) hasta que se concrete la audiencia de imputación de cargos.
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El pedido de los fiscales será ante las respectivas defensas de las personas investigadas: Hernán Augusto Martínez, que asiste a Sain; Juan Lewis que representa Nadia Schujman (exdirectora de la Agencia de Control Policial), Débora Cotichini (jefa de Inteligencia Criminal de la Zona Sur del Organismo de Investigaciones), Pablo Álvarez (Exsubsecretario de Investigación Criminal), Diego Rodríguez (Exsubsecretario de Control) y Milagros Bernard; y el defensor público, Nicolás Mosconi, por Sebastián Sánchez.
Dichas defensas, por lo menos desde diciembre, presentaron distintas solicitudes ante la Fiscalía para poder tener acceso a la totalidad del legajo de investigación y así poder realizar el control de recolección de evidencia que realizó la Fiscalía de Delitos Complejos, que como medida más resonante llevó a cabo un procedimiento y secuestro de documental y teléfonos en la sede del Ministerio de Seguridad el pasado 26 de noviembre.
En total, existen dos causas judiciales contra los exmiembros del gabinete que encabezó Sain durante su paso en el ejecutivo provincial. Una que apunta a una “tentativa de defraudación” por la licitación de compra de armas al Estado de Israel para la Policía de Santa Fe, operación que nunca se concretó y que terminó además en un trámite en el ámbito de la Justicia en lo Contencioso Administrativo. Mientras que la otra, la cual tuvo mayor trascendencia en la opinión pública, puso la lupa en la “violación a la ley nacional de inteligencia” (N° 25.520). Todo dentro de una asociación ilícita.
Por esta última causa, desde Fiscalía creen que fueron creados cientos de perfiles de políticos, empresarios, sindicalistas, policías, fiscales, abogados y hasta entidades públicas, entre el 1° de enero del 2020 y por lo menos el 26 de noviembre de 2021, fecha en la que agentes del Organismo de Investigaciones (OI) realizaron una inspección a la sede del Ministerio de Seguridad en Rosario.
Esos perfiles en total serían 661 en donde figuran personas y empresas presuntamente seguidas por integrantes de la cartera y que según entienden desde Fiscalía la recopilación de la información se llevó a cabo sin ninguna orden judicial de por medio.
De los nombres que trascendieron figuran el exgobernador Antonio Bofatti y los diputados provinciales Julio “Paco” Garibaldi, Julián Galdeano y Maximiliano Pullaro. También, el extitular de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, y quienes lo suplantaron durante la actual gestión actual: Héctor “Pirucho” Acuña; y el posterior reemplazo, Jorge Bortolozzi, quien en la actualidad se desempeña como Secretario de Seguridad Pública.
En la lista filtrada en enero de este año a la prensa, aparece también el diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, muy cercano al gobernador Omar Perotti; la vice gobernadora Alejandra Rodenas, el actual ministro de Seguridad, Jorge Lagna y hasta Osvaldo Aymo (de Seguridad Víal) y Lautaro Sappietro (del área de Armas del gobierno provincial).
Del ámbito judicial, también figuran los fiscales Matías Edery, Adrián Spelta y Luis Schiappa Pietra, de la jurisdicción de Rosario; Aquiles Balbi de San Lorenzo; Gabriela Lema de Rafaela y Aldo Gerosa, de la ciudad de Reconquista. Mientras que de la Justicia federal aparece el juez federal Marcelo Bailaque, quien en la actualidad tiene a cargo los juzgados federales N°4 de Rosario y 2 de Santa Fe.
En lo que respecta a firmas comerciales, surgieron de los "perfiles" secuestrados por la Justicia cientos de firmas comerciales y entidades públicas de la provincia de Santa Fe como así también de otras jurisdicciones en el país. Como, por ejemplo, los nombres de las Municipalidades de Rosario o San Lorenzo, en la provincia, y de la ciudad de José C. Paz, en provincia de Buenos Aires, entre otras localidades.
Por la causa iniciada en la Fiscalía de Delitos Complejos, la provincia de Santa Fe presentó el último viernes un escrito en sede judicial en donde solicitó, por medio del fiscal de Estado, Rubén Weder, constituirse como querellante en la investigación que encabezan los fiscales Hernández y Jiménez.
Tal pedido fue luego de que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, emitió un decreto -el N°0022- en donde solicitó poder tener participación activa de la investigación, ya que a su entender, los hechos que investiga la Justicia podrían haber afectado el funcionamiento de la administración pública.
“Es necesario resguardar el accionar no solo de los poderes estatales involucrados en la causa, sino además el resto de las personas que puedan -eventualmente- estar involucradas en la misma”, destacó el gobernador.
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