sábado 21 de mayo de 2022
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Espionaje ilegal en Santa Fe: el Estado provincial será querellante en la causa judicial

Mediante la firma del Decreto N° 0022, firmado por el gobernador Omar Perotti, y la ministra de Gobierno, Celia Arena, la provincia de Santa Fe se constituirá como querellante en la causa en la que se investigan presuntos hechos de espionaje ilegal realizados desde el Ministerio de Seguridad, bajo la gestión de Marcelo Sain.

El Estado santafesino se constituirá como querellante en la causa judicial en la que se investigan presuntos hechos de espionaje ilegal realizados desde el Ministerio de Seguridad, durante la gestión de Marcelo Sain. La decisión la tomó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien a través del Decreto N° 0022 –que también lleva la firma de la ministra de Gobierno provincia, Celia Arena– instruyó al fiscal de Estado, Rubén Weder a intervenir en la causa como parte querellante. La investigación tiene por objetivo precisar, en la faz administrativa, el legal funcionamiento interno de la cartera de Seguridad y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder.

La medida, establecida el 18 de enero, destaca entre los considerandos que apenas se tomó conocimiento de la investigación judicial encarada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y efectivizadas en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la provincia, el Ejecutivo había dispuesto a través del Decreto N° 26511/21 instruir al fiscal de Estado, para que, a través de la Dirección de Auditorías y Sumarios dependiente de esa jurisdicción- inicie los procedimientos administrativos que legalmente correspondan.

En ese contexto, el gobierno advierte que, en relación con la Investigación Penal Preparatoria, ha trascendido mediante diferentes publicaciones efectuadas por distintos medios de comunicación, la producción de nuevas medidas procesales dispuestas por el MPA en el marco de la investigación.

Por tal motivo, el gobernador Perotti instruyó nuevamente al fiscal de Estado a que se presente en nombre y representación de la Provincia como querellante en la Investigación Penal Preparatoria.

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Por decisión del gobernador Perotti, el Estado santafesino se constituirá como querellante en la causa judicial en la que se investigan presuntos hechos de espionaje ilegal.

Por decisión del gobernador Perotti, el Estado santafesino se constituirá como querellante en la causa judicial en la que se investigan presuntos hechos de espionaje ilegal.

Según se precisa en el Decreto, la decisión tiene su fundamento en que "se estarían investigando hechos que, de ser ciertos de acuerdo a una legal comprobación, afectarían el regular funcionamiento de la administración pública, por cuanto el Poder Ejecutivo encuadra su accionar en el marco del principio de legalidad y así propende su respecto como de los otros poderes estatales, que a la luz de los trascendidos estaría siendo cuestionado".

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Para el gobierno de Perotti “es necesario resguardar el accionar no solo de los poderes estatales involucrados en la causa, sino además el resto de las personas que puedan -eventualmente- estar involucradas en la misma”.

“Es condición fundamental para una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres e instituciones que la paz y la seguridad jurídica coadyuven a la confianza legítima de la comunidad en sus organizaciones públicas”, destaca la medida.

Por último, se explica que el Poder Ejecutivo se encuentra facultado para emitir el Decreto por el artículo 72 de la Constitución Provincial.

¿Espionaje ilegal en Santa Fe?

El 26 de noviembre del 2021 y por orden de dos fiscales de la ciudad de Santa Fe, se realizaron allanamientos en las sedes de Santa Fe y de Rosario del Ministerio de Seguridad de la provincia. Signados por un total hermetismo, los operativos se dieron en el marco de dos causas que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández del Ministerio Público de la Acusación (MPA): la compra de armas y espionaje ilegal. En el operativo –ejecutado por el Organismo de Investigaciones– se secuestraron teléfonos celulares de funcionarios.

De manera inmediata y con la finalidad de esclarecer los hechos, el gobernador Perotti instruyó al fiscal de Estado, Rubén Weder, para que inicie "de manera inmediata" los procedimientos administrativos necesarios en el Ministerio de Seguridad de la provincia, a través de la Dirección de Auditoría y Sumarios, en el marco de la investigación por presunto espionaje que involucra al exministro Marcelo Sain, entre otros funcionarios.

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Así lo establece el decreto 2.651 que la provincia difundió este martes por la mañana, el que hace referencia a "los hechos de dominio público ocurridos en las diligencias judiciales practicadas en dependencias del Ministerio de Seguridad de la provincia".

Las famosas "carpetas" de Sain

La causa que investiga al exministro de Seguridad Marcelo Sain y varios de sus funcionarios, por presunto espionaje ilegal mediante el empleo de recursos del Estado, arrancó el año en el centro de la escena. Es que a pocos días de comenzar el 2022 se filtraron los primeros nombres de las personas que pudieron estar bajo la lupa de un organismo estatal que habría tenido como objetivo recopilar información de personas, por medio de “perfiles” o carpetas, y cuya utilidad tiene las sospechas más sombrías que puede tener la política, justicia, el mundo empresarial y hasta las propias instituciones. En otras palabras, la propia democracia.

Por la causa, la cual se ha mantenido en total sigilo por parte de la Fiscalía, fueron relevadas hasta el momento 661 carpetas con los nombres políticos, fiscales, abogados, policías, empresarios y sus firmas y hasta algunos periodistas. Dichas carpetas, fueron caratuladas como “perfiles” que eran creados sobre la base del cotejo de redes sociales y de bases de datos de organismos nacionales o provinciales.

Según trascendió, los “perfiles” encontrados pudieron haber sido creados entre enero del 2020 hasta por lo menos el 26 de noviembre, fecha en la que se concretó el allanamiento del OI bajo un clima de masivas renuncias en la cartera, ya que en ese entonces renunciaron doce funcionarios que eran parte del equipo de Sain.

Preocupación

Desde el sector empresarial y productivo santafesino expresaron su preocupación y reclamaron al poder político y judicial medidas tendientes a esclarecer el hecho. Mediante un comunicado, el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe sostuvo que “ante denuncias que han tomado estado público sobre posibles investigaciones y/o recopilaciones de información efectuadas de manera ilícita en el ámbito de la provincia de Santa Fe, sobre empresarios, profesionales, organizaciones y entidades productivas, comerciales y de servicios, las instituciones expresan su preocupación e instan a las autoridades competentes a que agoten los medios para investigar los hechos denunciados”. “La confirmación de estos eventos implicaría un hecho de singular gravedad institucional, que perturba la seguridad de las personas humanas y jurídicas, como así también a los valores y principios básicos de la vida en democracia”, remarcaron.

Juego político

Marcelo Sain, el exministro y director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, actualmente investigado por presunto espionaje ilegal a empresarios, funcionarios judiciales y políticos, se refirió a la filtración de personas y empresas que habrían sido espiadas durante su gestión al frente de la cartera de Seguridad por lo que acusó a los fiscales del caso, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, de hacer “juego político”.

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“Los fiscales tienen que hablar en las audiencias imputativas y dentro del marco del expediente judicial, pero evidentemente chivean a la prensa porque lo que hacen es preparar el terreno en materia de opinión pública. Eso es lo que técnicamente se llama lawfare”, dijo a AIRE Digital el asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según Sain, la reciente filtración fue una estrategia de la Fiscalía para luego condicionar a los jueces penales a los que en un futuro les toque intervenir por la causa que hasta el momento no tiene ninguna imputación formal. “Como tienen poco desde el punto de vista penal o nada conforme a la acusación que han hecho, van preparando el terreno de la opinión pública entallada por los medios, la mayoría de los cuales está con ellos, con el bloque histórico de poder, a los efectos de poder condicionar mañana a los jueces que tengan que expedirse cuando nosotros seamos imputados porque me imagino que en algún momento nos imputarán”, dijo.