jueves 20 de enero de 2022
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Licitación de armas y espionaje ilegal: allanaron el Ministerio de Seguridad en Santa Fe y en Rosario

En el marco de las causas en las que se investiga presunta irregularidades en la licitación para la compra de armas, por un lado, y hechos de espionaje ilegal, por otro, el MPA ordenó allanamientos en las sedes de Santa Fe y Rosario de la cartera de Seguridad. Los fiscales intervinientes son Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández.

Por orden de dos fiscales de la ciudad de Santa Fe se realizaron este viernes por la tarde allanamientos en las sedes de Santa Fe y de Rosario del Ministerio de Seguridad de la provincia. Signados por un total hermetismo, los operativos se dieron en el marco de dos causas que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández del Ministerio Público de la Acusación (MPA): la compra de armas y espionaje ilegal. En el operativo –ejecutado por el Organismo de Investigaciones– se secuestraron teléfonos celulares de funcionarios.

En las sedes de la cartera de seguridad, las oficinas allanadas fueron la del secretario de Seguridad, Germán Montenegro, del secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Maximiliano Novas y del subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez.

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La medida ordenada por los fiscales está relacionada con una denuncia en el marco de una licitación para la compra de armas por parte del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, y con los supuestos hechos de inteligencia paralela que se habrían concretado en la órbita del ministerio durante la gestión de Marcelo Sain.

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En la sede de la cartera de seguridad de la capital provincial, las oficinas allanadas son la del secretario de Seguridad, Germán Montenegro, del secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Maximiliano Novas y del subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez.

En la sede de la cartera de seguridad de la capital provincial, las oficinas allanadas son la del secretario de Seguridad, Germán Montenegro, del secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Maximiliano Novas y del subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez.

En cuanto a la licitación para la adquisición de armas por parte del Ministerio de Seguridad, el conflicto se originó por un planteo que realizó la firma Bersa S.A. que produce pistolas semiautomáticas a nivel nacional y la cual ya participó en otros procesos licitatorios abiertos por el Estado provincial.

Un fallo de Cámara en lo Contencioso Administrativo N°1 de los Tribunales había frenado la licitación N°11/2021 que buscaba adquirir "Armamento con destino a la Policía de la Provincia de Santa Fe” mediante una convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del 14 de enero pasado.

En dicha convocatoria se buscaba que una sola empresa pueda aportar 12.000 pistolas semiautomáticas, 130 subametralladoras, 130 fusiles de asalto, un total de seis fusiles semiautomáticos para francotirador y otros seis fusiles para francotirador de cerrojo manual.

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La licitación tenía como objetivo además recepcionar hasta el 2 de febrero pasado todas las propuestas de las empresas, mientras que la apertura se realizaría el 5 de febrero a las 10 de la mañana.

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Los allanamientos estarían relacionados con dos causas que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández del Ministerio Público de la Acusación: compra de armas y espionaje ilegal.

Los allanamientos estarían relacionados con dos causas que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández del Ministerio Público de la Acusación: compra de armas y espionaje ilegal.

Sin embargo, todo ello se vio frenado luego de que la firma Bersa S.A. interpuso un amparo tras argumentar que la licitación provincial “vulnera el derecho de poder participar” tras sostener que “no solo restringe en forma irregular y arbitraria la participación de posibles oferentes en el procedimiento vulnerando los principios de igualdad, concurrencia, competencia y transparencia, sino que también permite anticipar que la licitación será adjudicada a la única oferente que puede aportar los productos que cumplen en forma precisa las especificaciones técnicas”.

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También argumenta que “la licitación del pliego es manifiestamente ilegítimo por resultar viciado en el objeto; por ser irrazonable; y por carecer de motivación”. No obstante, sostiene en otra parte que la postura del Estado santafesino no permite generar una mayor competencia.

Por otro lado, sobre la causa de espionaje, vale señalar que en el mes de agosto la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura recibió a la auditoria general de gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, quien reveló el contenido de un informe que reflejaba actos de espionaje ilegal y escuchas telefónicas no autorizadas realizadas por el Organismo de Investigaciones del MPA mientras Marcelo Sain era ministro de Seguridad.

El informe consta de la transcripción de escuchas telefónicas irregulares a empresarios y jueces, realizadas por el Organismo de Investigaciones y reportadas directamente al entonces ministro Sain.

Una vez finalizados los procedimientos, desde el MPA se informó que “los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández (de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1) realizaron diligencias en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, tanto en la sede de la capital provincial como en la de Rosario”.

En cuanto a las tareas ejecutadas en la cartera de Seguridad, se precisó que se solicitó documental de interés para investigaciones que están llevando a cabo referidas a procesos licitatorios y maniobras ilegales en la recopilación de información.

“En las diligencias llevadas a cabo hoy, los fiscales contaron con la colaboración de personal del Organismo de Investigaciones del MPA”, resaltaron desde el Ministerio Público de la Acusación. En la misma dirección, sostuvieron que “el titular de la cartera provincial brindó la colaboración debida con la medida judicial”.